“Perdonazo” a Enjoy en medio de investigación por colusión: decreto de Hacienda le ahorró $167.300 millones por renuncia a licencias en Viña, Pucón y Coquimbo

Los accionistas de la empresa de casinos de juego Enjoy sacan cuentas felices después de mucho tiempo en números rojos. En poco más de un año, el Gobierno de Gabriel Boric publicó dos decretos supremos que cambiaron las reglas del juego para los casinos y en el rubro la mayoría coincide en que el mayor beneficiado por estos cambios será Enjoy, sociedad que hoy vive su segunda reorganización judicial para evitar la quiebra. 

A fines de 2023 el Ministerio de Hacienda publicó un decreto que le permite a las operadoras pagar en 12 cuotas el dinero que deben transferir anualmente al fisco por la explotación de los casinos, en lugar de hacerlo en un solo pago anual como dictaba la norma antes. 29 días después de que ese decreto entrara en vigor, Enjoy comenzó su segunda reorganización judicial, luego de que la primera —concluida a días de que comenzara la cuarentena por el Covid19— no les alcanzara para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Pero la ayuda continuó. En enero de este año, Hacienda publicó un segundo decreto supremo que determinó que los operadores que renuncien a sus licencias mantendrán la explotación del casino por tres años y no tendrán que pagar la cuantiosa garantía que se exigía hasta antes de que el decreto se publicara. 

El cambio de estas reglas en el juego salvará a Enjoy de los dos escenarios que lo atormentaban: verse obligados a explotar tres casinos por 15 años con grandes costos asociados o renunciar a esos casinos, pero debiendo pagar, de una vez, las boletas de garantía asociadas en Coquimbo, Viña y Pucón. El desembolso que se evitaron es mayúsculo: más de $167.300 millones que deberían haber ingresado al fisco tras las renuncias.

Enjoy fue fundado hace casi 50 años por la familia Martínez, la que se mantuvo en el control hasta que en 2018 lo cedió al fondo norteamericano Advent International. Actualmente los controladores de Enjoy son empresas de seguros y corredoras, como Euroamérica, Banchile y Penta, según información alojada en la Comisión Para el Mercado Financiero.

En medio de la tramitación del segundo decreto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una acusación por colusión en contra de los casinos Enjoy, Dreams y Marina del Sol. En base a la confesión de los ejecutivos de Marina del Sol, que se acogieron a la delación compensada, la fiscalía expuso que la colusión se habría orquestado entre ejecutivos de los tres casinos, quienes se coordinaron para renovar las licencias que ya tenían, sin competencia, y presentando ofertas económicas más bajas que las que habrían elaborado en caso de tener competencia. En su requerimiento, la fiscalía solicitó las multas más altas de las que se tenga registro en este tipo de casos, las que en total superan los US$151,9 millones —unos $141.267 millones—.

A pesar de la acusación, el Gobierno continuó con la tramitación del último decreto y ante la prensa ha justificado las medidas como una “actualización” de la ley de casinos que ya tiene más de 20 años, explicando que es un cambio que beneficiará a todos los operadores de casinos por igual, con el objetivo de hacer el sistema más “eficiente”, además de poder mantener los empleos que genera esa actividad. En una respuesta por escrito, la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner señaló que los cambios incluidos en el primer decreto fueron planteados por la superintendencia “con el propósito de incentivar la competencia en futuros proceso de asignación de permisos”, ya que ofertas de mayor cuantía —como las de Enjoy— tendrían acceso al pago por cuotas, mientras que el segundo decreto tuvo como objetivo impedir que la renuncia a una licencia implicara el cierre inmediato del casino. 

Sin embargo, en el rubro todos coinciden en que los cambios fueron hechos a la medida de Enjoy. Solo 3 meses después de que se publicara el último decreto, Enjoy presentó su renuncia a las licencias de los casinos de Coquimbo, Viña del Mar y Pucón.

The Clinic recopiló los registros de reuniones por Ley de Lobby entre las autoridades y los representantes de Enjoy y el resultado es decidor: desde 2022, las figuras de Enjoy se han reunido repetidas veces con distintas autoridades, incluyendo a funcionarios clave de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y del Ministerio de Hacienda. En la mayoría de las reuniones los temas principales fueron la mala situación financiera de la empresa y los cambios en la regulación. En 2022, las intenciones de Enjoy quedaron explicitadas en la materia a tratar con la superintendenta del rubro, Vivien Villagrán: ”La factibilidad de realizar modificaciones a la normativa vigente”, según se lee en los registros de la Ley de Lobby.

En la otra vereda están los principales perjudicados por estos cambios: los municipios de las tres comunas donde operan los casinos a los que renunció Enjoy, Coquimbo, Viña y Pucón. Desde el municipio viñamarino han manifestado públicamente su rechazo a los cambios efectuados por el Gobierno, y no es de extrañar. Son los municipios los que reciben las transferencias que el casino le hace al fisco: el pago anual por la oferta económica además de un porcentaje de los ingresos obtenidos por la explotación del mismo.  

Consultados por The Clinic, los tres municipios manifestaron su preocupación frente a las medidas incluidas en los decretos. En la práctica, dicen, el terremoto financiero que vive Enjoy se traspasará a las arcas municipales, pues los ingresos que aportan esos casinos al menos en Pucón y Viña del Mar representan más del 20% del presupuesto municipal por año. 

Pero el conflicto no termina ahí. Desde los municipios afectados advierten que Enjoy buscará participar en la licitación que hará la superintendencia para encontrar a su propio reemplazante. ¿El objetivo? Presentar una oferta económica más baja para seguir explotando los casinos, pero a través de una nueva sociedad, ya que las empresas que renuncian a la licencia tienen prohibición de participar en la nueva licitación que se genera.

Sin embargo, desde la superintendencia aclaran que la prohibición recaerá sobre Enjoy y sus filiales, aunque creen nuevas sociedades o cambien sus nombres.

La crisis de Enjoy

Hoy Enjoy está en medio del segundo proceso de reorganización judicial para evitar la quiebra. El primero ocurrió en 2020 e inició a días de que se anunciara la cuarentena por el Covid19. Pero a pesar de que la empresa cerró ese primer proceso con éxito, las restricciones impuestas durante la pandemia junto a otros factores hicieron que la crisis financiera volviera a tocar a la puerta.  

En 2022 la empresa cerró el año con pérdidas por US$65,5 millones (unos $57.444 millones), mientras que en 2023 esas pérdidas aumentaron a US$102 millones (casi $89.790 millones). Después de eso, el 29 de enero de 2024, Enjoy comenzó su segundo proceso de reorganización judicial para evitar nuevamente una quiebra.

Para explicar esos saldos negativos la empresa ha sostenido, entre otros factores, que las ofertas económicas que hizo en 2018 para quedarse con los casinos de Viña, Pucón y Coquimbo fueron demasiado altas, en comparación a los reales ingresos que ha proporcionado el negocio. 

En 2018, Enjoy ofertó 831.123 UF para quedarse con la licitación del casino de Viña del Mar, la más alta de las tres empresas que participaron. La situación se replicó en el caso de Pucón, donde Enjoy ofertó 121.000 UF, y en Coquimbo, donde calificó con 481.501 UF. 

Las cifras son determinantes, pues las licencias duran 15 años y una de las obligaciones asociadas es pagar al fisco, anualmente, el equivalente a la oferta económica, además de cierto porcentaje de los ingresos por la explotación del casino, monto que también es parte de lo que se zanja en la licitación. Cuando en Enjoy vieron que lo que entraba a sus arcas no alcanzaba para sostener las cifras que ofertaron, se encendieron las alertas. 

Parte de la estrategia para enfrentar el problema fue acercarse al Gobierno. Según los registros por Ley de Lobby, el 29 de noviembre de 2022 se realizó una reunión entre representantes de Enjoy y la superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, donde los ejecutivos de la empresa consultaron “la factibilidad de realizar modificaciones a la normativa vigente”, pero sin proporcionar más detalles. 

Luego, en enero de 2023, la reunión entre ambas partes se repitió. En esa ocasión, el problema para pagar las ofertas económicas pactadas en 2018 fue explícito, ya que el registro de lobby indica que los representantes de Enjoy “informaron respecto de las opciones de financiamiento de la banca para el pago de la ofertas económicas”, además de un recordatorio importante por parte de la autoridad: “La Superintendenta recordó que el pago de las ofertas económicas para los casinos de Coquimbo, Viña del Mar y Pucón debe realizarse durante este mes de enero” (vea ese registro).

Los decretos de Hacienda

El primer cambio normativo que movió la balanza a favor de Enjoy llegó a fines de 2023. El 9 de noviembre de ese año se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo N° 1.130, que modificó el reglamento para la tramitación y otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego. 

En ese decreto, Hacienda definió que las ofertas económicas de ciertos casinos —las de “mayor cuantía”, como las de Enjoy— ya no debían pagarse de una vez cada enero, sino que dividió el pago en 12 cuotas, por cada mes del año. Además, hizo lo mismo respecto a las boletas de garantía, equivalentes a tres años de oferta económica, ordenando que se paguen de manera parcelada en 36 meses. 

El mismo documento lo justifica así: “Con el objeto de que el pago de la oferta económica se asocie a los flujos operacionales de la explotación comercial de los casinos de juego y a la programación de gasto de los municipios en el transcurso de cada año, se estima pertinente que el pago de la oferta económica de mayor cuantía, así como la garantía de toda oferta económica, sea pagada mediante pagos parciales”.

La nueva regulación le permitiría a Enjoy cumplir con los pagos obligatorios en el plazo de un año, dándole tiempo para conseguir más ingresos. Y en caso de que se activara la garantía, también podría pagarla en cómodas cuotas.

The Clinic consultó a Hacienda por las razones para introducir estos cambios. En una respuesta por escrito, la subsecretaria Heidi Berner indicó que “esta modificación al Decreto Supremo N°1722 de 2015 del Ministerio de Hacienda fue planteada por la Superintendencia de Casinos de Juego, en su calidad de organismo técnico, con el propósito de incentivar la competencia en futuros proceso de asignación de permisos, estableciendo la posibilidad de que los casinos de juego, cuyas ofertas económicas sean iguales o superiores al 15% de los ingresos brutos al juego, puedan pagar su oferta económica en doce cuotas”.

De acuerdo al mismo escrito, este cambio serviría como un incentivo para que en futuros procesos de otorgamiento se presenten ofertas económicas más altas que la de los últimos procesos realizados, para poder calificar al pago por cuotas. 

La nueva normativa entró en vigencia el 1 de enero de 2024. A fines de ese mes, Enjoy inició su segunda reorganización judicial, y a los pocos días, el 1 de febrero de 2024, la superintendenta Vivien Villagrán se reunió de manera telemática con Esteban Rigo-Righi Baillie, quien por entonces asumía como nuevo gerente general de Enjoy. 

No hay mayor detalle de qué fue lo que conversaron durante la hora que duró la reunión, además de presentar al nuevo gerente e informarle a Villagrán sobre el proceso de reorganización judicial, según se indica en el registro de lobby. 

Lo que sí quedó claro después es que los cambios normativos aplicados hasta ese momento no fueron suficientes para contener la crisis dentro de la empresa. Durante los meses posteriores a la publicación del primer decreto, distintos representantes de Enjoy se reunieron con autoridades de la Superintendencia de Casinos de Juego y de Hacienda para mantenerlos al tanto del proceso de reorganización y proponer nuevas formas de mantener a flote la operación.

Una de las reuniones clave ocurrió el 6 de mayo de 2024. Ese día la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, se reunió con el gerente general y otros representantes de Enjoy que solicitaron una audiencia para actualizarla sobre la reorganización judicial y “plantear opciones que visualiza la empresa para mantener la operación”, según se lee en el registro. En la reunión también estuvieron presentes la superintendenta del rubro Vivien Villagrán y Manuel Zárate, fiscal de la superintendencia. 

Entre marzo y julio de 2024, el gerente general de Enjoy Esteban Rigo-righi, junto a diferentes personas vinculadas a la empresa, se reunió al menos seis veces con la superintendenta Villagrán para conversar sobre la reorganización judicial de Enjoy, aunque no se entregan mayores detalles de lo que se discutió específicamente en esas reuniones. 

De acuerdo a los registros, la segunda y última reunión de ese año entre los representantes de Enjoy y la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner ocurrió el 22 de julio de 2024. A esa altura, según lo publicado por El Mercurio, el segundo decreto que incluía cambios en la normativa a favor de Enjoy ya había sido enviado a Contraloría, para la toma de razón.

Las reuniones con los ejecutivos de Enjoy en la superintendencia continuaron durante ese segundo semestre de 2024. De manera paralela, el Gobierno retiró el decreto de Contraloría en agosto y lo volvió a ingresar al mes siguiente. Fue justo ahí, en medio de las tratativas, que la Fiscalía Nacional Económica remeció el tablero del juego, acusando a Enjoy y otros dos casinos de colusión.

A pesar de la colusión

Durante los primeros días de octubre de 2024 se hizo pública la acusación por colusión, por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en contra de los casinos Enjoy, Dreams y Marina del Sol. En su requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la fiscalía acusó que ejecutivos de estas tres compañías “acordaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento eran de su titularidad, sin enfrentar competencia de los demás partícipes del ilícito”, algo que habría ocurrido entre 2021 y 2022, tras las licitaciones organizadas por la superintendencia. 

En la práctica, según acusa la FNE, esta colusión les habría permitido participar para renovar las licencias que ya tenían, sin competencia, y presentando ofertas económicas más bajas que las que habrían preparado en un escenario competitivo. En su requerimiento, la fiscalía también apuntó con nombre y apellido a cinco ejecutivos pertenecientes a los casinos involucrados y solicitó las multas más altas de las que se tenga registro en este tipo de casos. 

La acusación presentada por la FNE se construyó en base a la delación compensada a la que se acogió el casino Marina del Sol, la única empresa que se estaría salvando de las altas multas por haber informado sobre la colusión a la autoridad. Entre las pruebas, la fiscalía incluyó también los registros de Whatsapp que muestran cómo los ejecutivos se coordinaron para orquestar el ilícito. Pero el escándalo, que sigue en curso, no frenó las negociaciones de Enjoy con el Gobierno. 

El 22 de octubre los ejecutivos de la empresa volvieron a citarse en la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), esta vez para reunirse con Carlos Arriagada, en compañía de otra empresa del rubro, Casino De Juegos Del Pacífico. En la cita, según el registro de la audiencia, preguntaron específicamente por el estado de tramitación del decreto, el que aún estaba siendo tramitado por la Contraloría. 

Finalmente, el 3 de enero de 2025 el decreto vio la luz bajo el N° 803 y Enjoy tuvo razones para celebrar. La nueva normativa cambió una regla muy relevante para Enjoy: las consecuencias que debía asumir un casino que renunciaba a una licencia que ya estuviera en operación.

Originalmente, cuando eso sucedía, la empresa operadora estaba obligada a detener la explotación del casino en cuestión y debía pagar la boleta de garantía vinculada a la licencia, equivalente al triple de la oferta económica. La cifra resultaba un gran problema para Enjoy, que buscaba renunciar a las tres licencias que se había adjudicado en 2018, cuando presentó onerosas ofertas para administrar los casinos de Pucón, Viña y Coquimbo. 

El nuevo escenario introducido por el decreto N°803 era mucho más conveniente: en lugar de dejar de operar, ahora debían mantener en ejercicio el casino por tres años desde la solicitud de renuncia, pagando la oferta económica en cuotas, y lo más importante, ya no se cobrarían las boletas de garantía.

A tres meses de publicarse el decreto, Enjoy anunció que renunciaba a las licencias de Viña, Coquimbo y Pucón, cuyos municipios ahora deberán enfrentar las consecuencias. 

Desde la Subsecretaría de Hacienda indicaron que la superintendenta “se reunió con los alcaldes de Coquimbo y Pucón, así como con la alcaldesa de Viña del Mar para explicar el cambio de normativa”. 

En la misma respuesta, la repartición representada por la subsecretaria Heidi Berner señaló que este cambio en las reglas se realizó con el objetivo de “asegurar la continuidad operacional de un casino de juego, al permitir una renuncia diferida en 3 años, plazo durante el cual el operador deberá cumplir con todas sus obligaciones legales y reglamentarias, entre las que se incluye también el pago de la oferta económica, además del impuesto específico al juego, del IVA, del impuesto por entradas, entre otras cosas”, además de “mantener en funcionamiento un importante atractivo turístico para la comuna, así como las fuentes laborales que genera esta actividad”.  

El impacto en las comunas 

The Clinic consultó a los tres municipios afectados por los cambios que trajeron los decretos a favor de Enjoy. Fuera de micrófono, distintas voces al interior de estas instituciones afirman que hay opiniones encontradas respecto a la forma en que la autoridad resolvió el conflicto. 

Por una parte, hay molestia por las facilidades que tuvo Enjoy para renunciar, ya que, según alegan, eso habría pavimentado el camino para que cambiaran drásticamente los ingresos proyectados por cada administración, considerando que la licencia de Enjoy debía durar 15 años. 

Pero al mismo tiempo hay quienes defienden la medida, argumentando que la obligación de mantener el casino en funcionamiento durante tres años servirá para resguardar los puestos de trabajo y los ingresos pactados al menos durante ese periodo. Respecto a lo que vendrá después, hay un punto en el que todos coinciden: las ofertas que llegarán en una futura licitación serán más bajas que las pactadas en 2018 por Enjoy.

En una respuesta por escrito, el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez (Evópoli), indicó que la renuncia de Enjoy tendrá un impacto económico significativo para el municipio. 

“Para el año 2024, los ingresos del casino representaron aproximadamente el 20% del presupuesto municipal, lo que equivale a cerca de 5.400 millones de pesos en términos nominales. Si mantenemos esta proporción en los años siguientes, la afectación sería similar, afectando de manera sustancial las finanzas municipales y la capacidad de inversión en servicios y obras públicas”, explicó el edil. 

“El municipio expresa cierta molestia ante esta situación, ya que en el momento en que se otorgaron las licencias, la operación de Enjoy estaba prevista por un horizonte de 15 años, y así se proyectó también nuestro desarrollo local”, acota el alcalde de Pucón, aclarando que la decisión “avalada por el decreto presidencial (…) requiere un análisis cuidadoso, ya que altera las condiciones originalmente pactadas”.

Sin embargo, Álvarez dice estar de acuerdo con la solución planteada en los decretos: “Aunque esta situación no resulta ideal para el municipio, consideramos que la opción actual, que garantiza la continuidad de operación durante tres años y el pago de aportes similares a los que se obtenían con la boleta, es un escenario menos perjudicial (…) en comparación con las condiciones anteriores, donde la renuncia implicaba un cobro inmediato y la pérdida automática de los aportes futuros”.

Desde el municipio de Viña del Mar, liderado por la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) hicieron llegar una declaración pública, aunque no estuvieron disponibles para responder preguntas específicas. En el escrito se afirma que el municipio “rechaza categóricamente la decisión de Enjoy de abandonar su licencia de operación en nuestra comuna, especialmente en un contexto de una serie acusaciones que afectan la confianza en la industria”, haciendo referencia a las denuncias por colusión presentadas por la FNE.

“Esta situación generaría un impacto negativo en los ingresos municipales que financian iniciativas sociales y proyectos claves para el desarrollo de la ciudad, además de ser un perjuicio directo al erario público, lo que también afectaría a numerosos trabajadores y sus familias. Exigimos que las autoridades pertinentes que tienen en sus manos esta decisión hagan lo correcto y declinen la solicitud de la empresa de Casinos, propuesta que beneficia a unos pocos pero afecta a muchas personas de diversas ciudades del país, de lo contrario sería un hecho muy grave que marcará un deplorable precedente”, concluye el comunicado.

Fuentes al interior del municipio viñamarino aseguraron a The Clinic que los ingresos provenientes de la operación del casino representan entre un 20% y un 30% del total anual, lo que podría poner en peligro proyectos sociales importantes ya comprometidos por la administración, como el centro de salud planificado en Glorias Navales, una de las zonas más populares de la comuna.

En Coquimbo, la administración del alcalde Ali Manouchehri fue la menos dura frente a la renuncia de Enjoy: “Nosotros ya veníamos trabajando con la Superintendencia de Casinos, exponiendo nuestra preocupación, ante la situación financiera de Enjoy que era de conocimiento público. Sostuvimos varias reuniones con la superintendenta, para resguardar los intereses de nuestra comuna, y por eso, tenemos la certeza que durante estos tres años Enjoy va a seguir funcionando y aportando a las arcas municipales, mientras se levanta un nuevo proceso licitatorio”.

En la respuesta por escrito enviada a The Clinic, el alcalde Manouchehri afirma que “si bien lo que está aconteciendo es preocupante, la tranquilidad que nosotros tenemos como municipio, es que el ordenamiento de nuestras finanzas y el uso responsable de éstas, nos tienen hoy en día en una mejor situación financiera y el ingreso del Casino representa para nosotros solo una sexta parte de nuestro presupuesto y no un tercio como lo era en periodos anteriores”, por lo que ninguno de los programas sociales prioritarios “como los aportes sociales, subvenciones, salud y seguridad, entre otros, se vean afectados llegado el momento”.

Al igual que en Pucón, en Coquimbo comparten la visión de que la solución alcanzada por el Gobierno permite, en parte, “resguardar durante estos tres años los puestos de trabajo y el aporte al municipio, pero es importante preocuparse también por la continuidad laboral de quienes trabajan ahí, por el impacto a los colaboradores y proveedores, además de que las entidades pertinentes deben velar  porque el próximo proceso licitatorio que se realice resguarde los principios de libre competencia para que haya buenas ofertas, con seriedad y buenas condiciones, que aseguren los recursos por el total de la concesión”.

Lo que viene

Ahora las cartas están en manos de la Superintendencia de Casinos de Juego. La apuesta de Enjoy al renunciar a la licencia en las tres ciudades depende de que la autoridad acepte esa renuncia, y para eso la SCJ debe comprobar que las razones esgrimidas por Enjoy para justificar la renuncia respondan a motivos de fuerza mayor y problemas imprevistos. 

Actualmente la superintendencia indicó a The Clinic que continúa analizando y solicitando antecedentes a Enjoy para evaluar la solicitud de renuncia. Ante la consulta de este medio, la SCJ explicó que “entre los fundamentos para renunciar a sus permisos de operación, las sociedades operadoras (Enjoy) señalan que el escenario inicial, al momento de su postulación, mostraba que la oferta económica era cubierta por el EBITDA, sin embargo, hechos posteriores, han afectado el escenario económico (por ejemplo, el estallido social, cambios en la conducta de los consumidores post pandemia, competencia ilegal desleal); impactando en las condiciones económicas y de mercado”.

Tras este análisis, la autoridad deberá convocar al Consejo Resolutivo de la entidad, el que finalmente zanjará. De ser aceptada la renuncia, el siguiente paso para la autoridad del rubro sería organizar una nueva licitación, para que una vez concluidos los tres años en que Enjoy debe seguir funcionando, exista un operador elegido que pueda continuar la explotación de los casinos. Según la SCJ, el proceso de licitación dura casi un año.

Pero ni Enjoy ni sus filiales podrán participar en esas futuras licitaciones. De acuerdo al mismo decreto N°803, “la sociedad operadora a la que se le haya aceptado la solicitud de renuncia (…) y las entidades que formen parte de su grupo empresarial en los términos del artículo 96 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, estarán impedidas de postular al proceso de otorgamiento del nuevo permiso de operación que se realice como consecuencia de la respectiva renuncia”.