Caso Procultura: Las razones de la Fiscalía para “pinchar” a testigo que no era imputada y el listado de los otros 25 celulares intervenidos

The Clinic tuvo acceso al documento en que la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por Patricio Cooper, solicitó originalmente la autorización para interceptar 26 celulares en el marco del caso Procultura. Entre esos números, la Fiscalía incluyó tres líneas telefónicas vinculadas a Alberto Larraín Salas, fundador y director ejecutivo de Procultura hasta 2023, cuando estalló el caso Convenios.

Pero lo que, al parecer, no sabía la Fiscalía en ese momento, es que uno de esos números correspondía al teléfono personal de la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Larraín, quien no figura entre los imputados en la causa. Tras la solicitud, el 2 de octubre de 2024 el Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizó la intervención de los 26 dispositivos durante 60 días, por considerar que existían “sospechas fundadas de que estas personas tienen algún grado de participación en el delito de Fraude al fisco y Tráfico de influencias“.

Aunque el tribunal autorizó la intervención asumiendo que ese teléfono era propiedad del principal acusado en la causa, en la práctica le abrió el camino a la Fiscalía para escuchar las conversaciones de Josefina Huneeus, quien no solo es exesposa del principal acusado sino también cercana y expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric, lo que habría derivado en la escucha analizada por la PDI que lo ha involucrado en el caso.

En un documento posterior, al que también tuvo acceso The Clinic, la Fiscalía Regional de Coquimbo reconoció el error respecto al real dueño del teléfono, explicando que al analizar las comunicaciones la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI “logró determinar que el teléfono N* XXXXXXXX de la compañía Entel, que se encuentra asociado al imputado Alberto Larrain Salas, es utilizado en realidad por la ex pareja de este, doña Josefina Hunneus (sic) Lagos“. Sin embargo, en el mismo documento la Fiscalía solicita mantener dicha interceptación, a pesar de que Huneeus no sea imputada en el caso, ya que podría tener información valiosa respecto a este:

“A la revisión de los audios que fueron captados mediante la interceptación telefónica, se logró determinar que la persona interceptada no solo tiene conocimiento de los hechos investigados, sino que también tiene conocimiento respecto a la participación de los demás sujetos investigados“, explicó en la misiva el jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Eduardo Yáñez Muñoz, para solicitar que se mantuviera la interceptación del teléfono de Huneeus.

Para fundamentar esa idea, la Fiscalía incluyó el resumen de una conversación interceptada en octubre de 2024 entre Josefina Huneeus y su madre, quien la llamó preocupada por los hechos que se conocieron durante esos días en torno al caso Procultura, incluido el allanamiento a Alberto Larraín.

En la conversación, Huneeus intenta tranquilizarla, diciendo que la reactivación del caso respondía a un “tema político“, pues “(el fiscal) Cooper se activó solicitando el allanamiento a los domicilios, con la finalidad de empatar el caso Hermosilla y el escándalo de la derecha, están buscando otro escándalo en la izquierda“.

En la misma conversación, la madre de Huneeus manifiesta estar preocupada por Alberto Larraín, a lo que su hija contesta: “Alberto hizo puras tonteras, comprando poder e influencias, siendo iresponsable, porque la Coni (María Constanza Gómez Cruz, representante legal de Procultura) le indico que la plata se terminó transformando en una bicicleta, donde el día que les cortaron las platas, se deberían haber declarado en quiebra, gastando en 4 meses 2.500 millones, ejecutando proyectos a medias y pagos de sueldos, siendo un error que no es delito penal, comparando la situación con las personas con prisión preventiva en Antofagasta“, esto último en referencia a Daniel Andrade y Carlos Contreras, protagonistas del caso Democracia Viva.

La “cúpula” de Procultura

En el documento original con el que la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó la intervención de los teléfonos, se incluyeron otros 25 números aparte del de Josefina Huneeus. Esas líneas telefónicas, según el Ministerio Público, pertenecerían a las personas directamente involucradas en el caso, pues en el documento son descritas como “quienes participaban activamente en su administración y en la selección de la Fundación para la adjudicación de los proyectos y su posterior firma, así como también quienes han recibido en cuentas personales transacciones sospechosas por parte de la misma, sin que haya constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros que justifiquen los traspasos“.

Esos 25 números, según el documento, pertenecen en total a las siguientes 17 personas:

1. Allan George Mix Vidal: Presidente del último directorio de Fundación Procultura.
2. Alberto Andrés Larraín Salas: Director ejecutivo y co-fundador.
3. María Constanza Gómez Cruz: Representante legal.
4. Alberto Federico Larraín Lohmayer: Tesorero.
5. Patricia Ilonka Csillag Pimsteim: Secretaria y co-fundadora.
6. María José Maturana Valenzuela: Jefa de Finanzas.
7. María Eugenia Sabbagh Vidal: Secretaria del último directorio.
8. José Sergio Villarroel Miranda: Contador auditor.
9. Johny Fabián San Martín Flores: Administrador general.
10. Enrique Ariel Aracena Reyes: Chofer.
11. Emilio Pablo Marinao Fuentes: Subdirector ejecutivo y coordinador general de varios proyectos en la arista sur.
12. Pablo Andrés Durán Romero: Encargado territorial de Vivienda y Ciudad Identitaria.
13. Francisco Alejandro Fuentes Araya: Jefe Circuito Lota.
14. Nicolás Francisco Ormeño Matus: Ciudad y Vivienda.
15. Salvador Eduardo Nuñez Pérez: Encargado territorial de la zona central.
16. María Teresa Abusleme Lama: Directora de Estudios en la Región Metropolitana.
17. Macarena Paz Fernández Génova: Dirección Regional Magallanes.