Demandas laborales contra ProCultura: trabajadores exigen casi $800 millones y organismos públicos ya han asumido parte de la deuda

El 29 de noviembre de 2023, cerca de 25 extrabajadores de ProCultura llegaron a una notaría en la comuna de Providencia a cobrar su finiquito. Estaban ahí porque lo de “extrabajadores” era reciente: días antes, la fundación liderada por Alberto Larraín los despidió a ellos y a los casi 200 funcionarios que tenía la organización. Por eso, les dijeron, tenían que ir a cobrar su finiquito a la notaría a la que recién llegaban. Pero ahí se dieron cuenta de que no había nada que cobrar: la cuenta de ProCultura no tenía fondos. 

No fueron los únicos. Por esos días, lo mismo le pasó a los cerca de 60 extrabajadores de la fundación que fueron a cobrar su finiquito en Lota y también a los que lo hicieron en Antofagasta. En total, fueron al menos 88 los trabajadores despedidos que no pudieron cobrar las prestaciones laborales que ProCultura les quedó adeudando. Por esta razón denunciaron a la fundación por despido injustificado y el no pago de prestaciones, entre otras cosas. 

Este medio confirmó que son al menos 118 los extrabajadores que presentaron denuncias laborales en contra de la cuestionada fundación que fue liderada por Alberto Larraín. 

The Clinic identificó las 21 causas laborales que se han abierto en contra de ProCultura desde 2023 a la fecha. El monto que piden los trabajadores por concepto de indemnización y por despido injustificado supera los $764 millones. Del total, la organización fundada por Alberto Larraín ya ha sido sentenciada a pagar $52,2 millones. 

Sin embargo, las denuncias laborales contra ProCultura no solo golpean las finanzas de la propia fundación, pues los coletazos han impactado también la billetera fiscal: hasta ahora, el Estado ha pagado más de $20 millones a extrabajadores de la fundación que, además de la fundación, incluyeron en sus demandas a diferentes reparticiones públicas que actuaron como mandantes en los proyectos ejecutados por ProCultura. En total, hay 19 organismos estatales denunciados por esta razón. 

Las reparticiones que ya han pagado a extrabajadores de ProCultura son dos: la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la Corporación de Educación y Salud de Las Condes. Los montos más onerosos los concentra la Corfo, que ya ha pagado $17,2 millones, mientras se evalúa el pago de otros $10 millones en otra causa. Por su parte, la corporación de Las Condes ya desembolsó cerca de $4 millones de pesos a dos extrabajadores. Si bien esa institución es de derecho privado, la gran mayoría de los fondos que permiten su funcionamiento son del municipio de esa comuna y del gobierno central. Esta información fue confirmada por la Municipalidad de Las Condes a The Clinic. 

Consultados por este medio, desde la Corfo indicaron que se interpuso un recurso de nulidad en contra del fallo que los obligaba a pagar los $17,2 millones, pero este fue rechazado. Fuera de ese pago, aclaran, no ha existido hasta ahora otro desembolso en el marco de las demandas contra ProCultura.

La forma de pago de los más de $682 millones restantes que los exempleados exigen a la fundación deberá resolverse en las causas que siguen en tramitación. 

Una gran parte de los trabajadores que interpusieron las demandas en contra de la fundación son “huérfanos” de los proyectos que ProCultura tenía con reparticiones públicas, como gobiernos regionales y otras instituciones. Algunos de estos proyectos terminaron abruptamente cuando estalló el caso Convenios en junio de 2023, y el Ministerio Público puso sus ojos sobre la fundación liderada por Larraín.

Decir que ProCultura no tenía indicios de la crisis que terminó por quebrarla no sería preciso. En 2022, una auditoría encargada por la fundación detectó que era necesario no solo reformar su gobierno corporativo, sino también “revisar los instrumentos utilizados en el ámbito laboral y reforzar la metodología de registro contable y financiero” de la organización. 

Sin embargo, cuando ProCultura anunció su cierre en noviembre de 2023, no dudó en culpar al Estado. En la carta tipo que la fundación envió a sus trabajadores para informarles de su despido, se argumentó que “los organismos estatales quitaron todo apoyo a las fundaciones y de forma unilateral, sin sustento jurídico, nos impidieron continuar con nuestra labor, lo que finalmente ha hecho inviable continuar con nuestra operación”. 

No es primera vez que ProCultura es apuntada por incumplimientos con sus trabajadores. Hace unos días, un reportaje de The Clinic reveló la historia de Johnny San Martín, el administrador general de la fundación que fue sindicado por diversos testimonios que figuran en la carpeta judicial como la “mano derecha” de Alberto Larraín. San Martín falleció en octubre de 2024 por una enfermedad que, según sus cercanos, no se pudo tratar porque la fundación no le pagó sus cotizaciones de salud. 

ProCultura ha sido citada a comparecer en distintas audiencias en el marco de las causas laborales que permanecen vigentes en su contra, pero no se ha presentado en ninguna. En una de esas causas, de hecho, la fundación fue declarada “en rebeldía”. 

Los millones transferidos por el Estado 

En total, el fisco —a través de la Corfo y la Corporación de Educación y Salud de Las Condes— ya ha pagado más de $20 millones a extrabajadores de ProCultura. 

Dentro de las 21 denuncias laborales contra ProCultura que rastreó The Clinic, hay 19 reparticiones públicas que figuran como “demandadas solidarias” en distintas causas. Las instituciones denunciadas van desde distintos gobiernos regionales —como los de Antofagasta, Metropolitano o del Biobío— hasta organismos como la Corfo o la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Todas esas instituciones suscribieron convenios con ProCultura, la que subcontrataba a los trabajadores que prestaban servicios para estos proyectos. 

Las denuncias que incluyen a la Corfo son las más onerosas. Según la información disponible en la plataforma virtual del Poder Judicial, esa repartición pública acumula al menos cinco denuncias de parte de extrabajadores de ProCultura. Esas demandas se concentran en Concepción y Lota, ambas localidades de la Región del Biobío, donde la fundación de Alberto Larraín suscribió un convenio con Corfo para la preservación del patrimonio local. 

Dos de las denuncias contra Corfo son las que están más avanzadas. El 26 de julio de 2024 Corfo comprometió el pago de $17,2 millones, cifra que fue pagada en marzo pasado a dos extrabajadores que denunciaron despido injustificado y el no pago de prestaciones laborales.

Ese caso contiene un dato importante: el pago de la Corfo a los trabajadores debía ser autorizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), organismo que tenía dos meses para dar el visto bueno. Pero hasta el 21 de octubre de 2024, la Corfo alegó ante el tribunal que “no ha podido obtener la aprobación por parte de Dipres para proceder al pago”. La falta de respuesta por parte de la Dipres llevó a los trabajadores a exigir el pago a través de un juicio de cobranza en el Juzgado de Letras y Garantía de Lota, el que finalmente obligó a la Corfo a pagar en marzo de este año.

En el otro caso, la Corfo se comprometió a gestionar la transferencia de cerca de $10 millones a la encargada de estrategia digital del “Programa de Fomento Turístico en Inmuebles”, realizado en Lota. La mujer denunció que su despido fue injustificado y que la fundación le adeudaba el pago de días feriados. 

En la denuncia la trabajadora argumentó que “el rol que correspondió a la Corfo excede de los márgenes propios de un simple convenio de transferencia de fondos”. Por eso, el 7 de octubre el tribunal solicitó a Corfo el pago de lo exigido en la demanda. En ese caso, la corporación respondió que solicitaría la autorización a su fiscalía interna, lo que aún no se resuelve.

ProCultura no compareció en ninguna de las causas. En una de ellas, de hecho, la fundación fue declarada “en rebeldía”. 

En el caso que involucra a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes se llegó a acuerdo con dos extrabajadores—que diseñaron un programa de salud mental que impulsó ProCultura en la comuna— quienes recibieron $1,8 millones cada uno, en enero de este año. 

Los pagos comprometidos

Hasta ahora, la Fundación ProCultura ha sido sentenciada a pagar más de $50 millones por cinco demandas de distintos extrabajadores de la fundación, quienes reclamaban haber sido despedidos injustificadamente y exigían el pago de sus indemnizaciones, entre otras cosas. Una de las afectadas fue Maria Teresa Abusleme, socióloga que se desempeñó como directora de estudios en la fundación, y quien actualmente figura como imputada en la causa que es investigada por la Fiscalía Regional de Antofagasta. 

Al igual que la mayoría de los funcionarios, Abusleme fue despedida el 17 de noviembre de 2023 por “necesidades de la empresa”. A través de una carta, le informaron que debía ir a retirar su finiquito ante el notario Eduardo Luis Morello en las dependencias de la notaría ubicada en Providencia. Cuando llegó, le informaron que el finiquito no se encontraba disponible para su suscripción. No satisfecha con la respuesta, volvió dos semanas después a la notaría. Ahí le dijeron que suscribiera el finiquito, pero que no iba a ser pagado. 

Tras ingresar un reclamo en la Dirección del Trabajo, Abusleme interpuso una demanda el 5 de febrero de 2024 por despido injustificado y por el no pago de indemnizaciones en el 1° Juzgado de Letras de Santiago. La denuncia iba a dirigida contra ProCultura y contra el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, repartición que le asignó el proyecto “Quédate”, un programa de salud mental que buscaba prevenir el suicidio. 

El 14 de mayo de este año, el juzgado determinó que el despido de Abusleme fue improcedente y sentenció a ProCultura a pagar cerca de $18,3 millones por concepto de indemnización y por días feriados pendientes. En el escrito, a diferencia de lo determinado en los casos de la Corfo y la Corporación de Las Condes, el tribunal rechazó la obligación de pago por parte del GORE, ya que no reconoció el vínculo entre esa institución y ProCultura como una subcontratación.  Dentro de los montos que la justicia ya ha ordenado pagar a los extrabajadores de la fundación, este es el más oneroso. 

En total, las sentencias que han ordenado un pago por parte de ProCultura hasta ahora a raíz de las demandas laborales involucran montos por $52,2 millones. A la fecha de la publicación de este reportaje, la plataforma del Poder Judicial no registra que los pagos se hayan efectuado. 

Los montos pendientes por resolver

La mayor parte de los dineros demandados por los trabajadores todavía está siendo evaluada, pues las causas continúan en tramitación. En total, la suma asciende a más de $682 millones, que se desprenden de 11 demandas interpuestas por 108 exempleados de la fundación. 

El 30 de noviembre de 2023, 54 trabajadores que desempeñaban todo tipo de labores en el programa de Circuito en Lota —en un inmueble que es propiedad de la Corfo— fueron despedidos por “necesidades de la empresa”. Su historia fue la de muchos: al momento de suscribir el finiquito, se percataron de que no estaban pagadas las cotizaciones de noviembre. 

Tras esto, en enero de 2024 demandaron a ProCultura y a la Corfo, por deudas en prestaciones laborales y nulidad de los despidos, exigiendo que se reconociera el vínculo de subcontratación. En total, exigen más de $114 millones, considerando las exigencias de todos los querellantes. 

Otra de las demandas que abarca una gran cantidad de funcionarios se interpuso en Antofagasta. En 2022 se firmó un convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación ProCultura, con el fin de recuperar fachadas con conservación histórica en la zona. Para esto, los empleados contratados debían pasar por una capacitación de cuatro meses para hacer las actividades encomendadas. El contrato comenzó a regir el 1 de julio del año siguiente, pero un mes después los trabajadores presentaron una carta de auto despido, una figura que les permite finalizar su contrato laboral pero manteniendo el derecho a sus indemnizaciones.

Tras lo sucedido, en noviembre de 2023, 20 de esos trabajadores interpusieron una demanda en contra de la fundación y del GORE. En el documento explican que debido al daño moral que generó la situación y las remuneraciones no pagadas, exigen más de $9 millones cada uno. La suma total asciende a cerca de $197 millones.

En febrero de este año, el tribunal llamó a las partes a una conciliación, fijando un pago de $1,8 millones para cada demandante. ProCultura no asistió a la audiencia. El GORE, por su lado, no aceptó la propuesta del tribunal. 

Estos son los dos casos abiertos con más demandantes y con mayores montos, pero además existen otras diez demandas que se encuentran aún en tramitación. 

La crisis que quebró a ProCultura 

Prácticamente todas las denuncias laborales presentadas contra ProCultura concluyen lo mismo: la fundación terminó por quebrarse en noviembre de 2023. En esa fecha fueron despedidos los cerca de 200 trabajadores que tenía la organización. La mayoría de esas personas, ante el no pago de sus finiquitos e indemnizaciones, fueron los que presentaron las denuncias que aborda este reportaje. 

Aunque los indicios del mal manejo financiero de ProCultura venían, al menos, desde 2022. En marzo de ese año, la fundación encargó una auditoría interna al estudio jurídico Aninat Abogados. Una de las socias de ese estudio era María Eugenia Sabbahg, secretaria de la fundación.

Los resultados de la auditoría fueron abordados en una junta de directorio de ProCultura, realizada el 20 de octubre de ese mismo año. El estudio jurídico identificó “la necesidad de actualizar el gobierno corporativo de la Fundación”, además de que era necesario “revisar los instrumentos utilizados en el ámbito laboral y reforzar la metodología de registro contable y financiero de ProCultura”. Todo esto, según el acta de la junta de directorio, “en atención al tamaño que ésta (ProCultura) ha ido adquiriendo en el último tiempo” (vea aquí el acta de la junta de directorio de ProCultura). 

La expansión a la que aludía el estudio tenía relación con el aumento de los convenios que ProCultura suscribió con distintas reparticiones públicas a partir de 2022. Y fue ese mismo crecimiento que detectó la auditoría —sumado a la mala gestión financiera que reconocen a The Clinic fuentes cercanas a la fundación—, lo que precipitó a ProCultura a la quiebra. 

El caso que hoy tiene a la directiva de la fundación imputada por fraude al fisco y tráfico de influencias explotó a mediados de 2023. Rápidamente todos los convenios que ProCultura tenía con el Estado fueron cancelados. El 17 de noviembre la fundación convocó a sus trabajadores a una reunión vía zoom. Cuando llegaron, se dieron cuenta que los estaban despidiendo. 

Una de las denuncias a las que accedió The Clinic dice que, en esa reunión, “el señor Alberto Larraín (…) leyó una carta tipo de despido. En dicha reunión los directores apelaron mucho a la emotividad y que habían sido víctimas del caso Convenios y de la información de la prensa, tratando de dar tranquilidad de que durante el día harían llegar la carta de aviso y que se pagaría”. 

La carta de aviso llegó ese mismo día, y afirmaba prácticamente lo mismo que se sostiene en la denuncia. Decía que los organismos estatales, “sin sustento jurídico, impidieron continuar nuestra labor, lo que finalmente nos ha hecho inviable continuar con nuestra operación”. Acusaba al Estado de impugnaciones “injustificadas” y “arbitrarias”. Todo esto, continuaba la carta, significó “devastadores impactos financieros asociados a los sobrecostos que la Fundación ha debido enfrentar” (vea aquí la carta de despido).

Ese mismo día, la fundación ProCultura emitió un comunicado público anunciando su cierre. Las explicaciones eran calcadas a las que esbozaron en las cartas de despido.