Polémico proyecto de ley antifiltraciones de causas penales busca limitar el acceso a procesos judiciales y podría afectar la libertad de prensa

El 15 de abril de este año, en meses en que los medios de comunicación han dado a conocer antecedentes sobre las causas judiciales del Caso Convenios —como en las aristas Democracia Viva o ProCultura—; el Caso Audio, que involucra a connotados abogados y empresarios; el Caso Monsalve, que protagoniza el exsubsecretario del Interior acusado de violación y abuso sexual; o la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, que ha puesto en tela de juicio la gestión administrativa del Gobierno, en el Congreso Nacional se ingresó un proyecto de ley antifiltraciones con autoría de senadores del oficialismo y de la oposición.

El proyecto de ley busca modificar “diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal, y tipificar su divulgación indebida”. En estricto rigor, la medida propone efectuar cambios al Código Procesal Penal y el Código Penal.

Como objetivo general del proyecto se define que tiene como finalidad “fortalecer la integridad, la transparencia y la eficacia del sistema de persecución penal, protegiendo el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes, a través del establecimiento de medidas robustas para el resguardo de la información y diligencias de la carpeta investigativa, evitando su instrumentalización y garantizando el pleno respeto de los derechos fundamentales“.

Los autores son los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), todos integrantes de la comisión de la Constitución. El día en que presentaron el proyecto, el mismo fue ingresado a la comisión de Constitución del Senado, en su primer trámite legislativo.

Los parlamentarios establecen en el ingreso del proyecto que hay una “debilidad normativa existente” e “insuficiencia de herramientas efectivas para prevenir y sancionar filtraciones indebidas“. Por lo mismo, proponen una “serie de medidas concretas orientadas a erradicar prácticas que deterioran la legitimidad del sistema judicial”.

Incluso, en el escrito se refieren a las filtraciones ocurridas en medios de comunicación, y establecen que “si bien la publicidad de las audiencias y el acceso de la prensa a causas relevantes permiten mantener niveles adecuados de transparencia, esta puede y debe ser compatible con la protección de los objetivos investigativos“.

Es por ello que los parlamentarios firmantes del proyecto proponen dos artículos con las modificaciones respectivas al Código Procesal Penal y al Código Penal. Una de esas modificaciones, busca alterar lo que dice el Código Procesal Penal en el inciso final del artículo 226 J, que reza “el que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo“.

Lo propuesto por los parlamentarios, si bien es similar, añade algunas modificaciones en las palabras que se utilizan, en donde se propone que “El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo”.

Sin embargo, es el siguiente párrafo en el que guarda el real impacto a la labor periodística: “Esta sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación o, incluso, al hecho de estarse realizando ésta“.

Para analistas, lo expuesto allí en el artículo podría provocar que cualquier tipo de personas, incluyendo profesionales de las comunicaciones, sean considerados para ser acusados por una filtración, debiendo pagar multas millonarias o pudiendo ser expuestos a cumplir penas de cárcel.

Gobierno sobre proyecto antifiltraciones

Para la tramitación del proyecto se ha oficiado a la Corte Suprema para conocer su opinión sobre el tema. Y el 27 de mayo la comisión de Constitución del Senado sesionó con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

En la instancia se recordó que el proyecto propone multas millonarias e inclusive cárcel para quienes vulneren la medida antifiltraciones, tanto para fiscales o gente involucrada en el Poder Judicial como para terceros, en los que caben los profesionales de las comunicaciones. Y ahí Gajardo marcó un punto: “Es una de las cuestiones que estamos bien preocupados, respecto a cómo podemos regular este tipo de materias, pero sin afectar la libertad de prensa, que para un país que busca que sus sistema democrático funcione de la mejor manera posible, la libertad de prensa es un aspecto ancla del sistema democrático“.

Asimismo, el secretario de Estado enfatizó que “tenemos que ser bien cuidadosos en la manera en que se hace esta regulación, que no vaya a afectar ni de manera directa, por cierto, pero tampoco de manera indirecta un principio de funcionamiento del sistema democrático que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Muchas sociedades han preferido tener los problemas de este tipo en vez de afectar la libertad de prensa, porque ahí, cuando uno afecta la libertad de prensa, de una u otra manera también pone en juego el sistema democrático en sí mismo. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos”.