La fiscalización en terreno y las fallas al desempeño directivo que zanjaron la salida de la rectora del INBA

Una semana después de la fatídica mañana en el Internado Barros Arana (INBA), empezaron los problemas para la entonces directora del liceo, María Alejandra Benavides. Si bien, los graves acontecimientos del 23 de octubre de 2024, que dejaron a 35 alumnos con quemaduras graves, la dejaron bastante afectada, sólo siete días después se dio cuenta que su situación empeoraría. 

El 30 de octubre, cerca de las 12 horas, la fiscal Macarena Cañas junto a efectivos del 0S.9 de carabineros llegaron a la oficina de Benavides para informarle que estaban realizando una incautación de documentos y que además necesitaban llevarse su teléfono personal. 

Esta situación dejó perpleja a la entonces rectora, que no le quedó otra que entregar su celular, a pesar de que según ella, la fiscal Cañas y los policías no le dejaron una copia de la orden judicial que autorizaba la entrada y registro. 

Por ello, Benavides decidió presentar una solicitud de cautela de garantía, cuya instancia se le concedió el 15 de noviembre pasado. Si bien el objetivo de la rectora Benavides era que le devolvieran su teléfono celular, la arremetida judicial le resultó más compleja. 

En la audiencia, que duró 26 minutos, la fiscal Macarena Cañas le notificó que estaba en carácter de imputada en la causa y que todas las querellas presentadas por el caso quedaban agrupadas en una sola. La situación de Benavides era probable, pues los testimonios de profesores y directivos de esa jornada, descritos en un reportaje de The Clinic, daban cuenta que la entonces encargada del INBA podría haber tenido una responsabilidad por el manejo de la emergencia en su inicio y término. 

“La jefa de UTP nos comunicó momentos antes de ocurrido esto que algo iba a suceder que estuviéramos preparados, por lo que pienso que quizás se pudieron haber suspendido las clases antes, pero no se hizo”, dijo una profesora de Artes Visuales a la policía el mismo día de la emergencia en el liceo. 

Seis cargos y una multa millonaria de la Superintendencia

Estos antecedentes comenzaron a pavimentar la salida de la directiva. Un mes después de conocer oficialmente que era imputada en la investigación del Ministerio Público, la Superintendencia de Educación abrió un acta de fiscalización por la tragediaen el INBA. 

Así, el 19 de diciembre de 2024, el organismo determinó formular cargos contra la Municipalidad de Santiago tras las diversas inspecciones realizadas al internado. 

Por ejemplo, la Superintendencia de Educación detectó que las autoridades académicas no aplicaron el reglamento de uso interno ante un accidente escolar, el plan de seguridad “se usó de forma parcial” y que los extintores del liceo estaban vencidos. 

“En un recorrido del local escolar en compañía del vicerrector se observan 14 extintores con sus cargas vencidas en las distintas dependencias del establecimiento educacional”, dice el documento al que tuvo acceso The Clinic. 

De los siete cargos formulados, finalmente sólo se eliminó uno que tenía relación con el cuidado de los estudiantes y directivos del INBA. Sin embargo, por los otros seis problemas detectados, la Superintendencia aplicó una abultada multa al Municipio de Santiago: 300 UTM, unos $20 millones. 

“Hemos tenido que enfrentar el proceso comprendiendo que hubo muchas cosas que se hicieron deficientemente tanto por el equipo directivo que lideraba Benavides como por la DEM de entonces”, asegura Pilar Sazo, directora de Educación de Santiago, quien agrega que presentaron un recurso de reclamación, dado que la multa es una de las más altas impuestas a un establecimiento educacional. 

El “juicio final” en el INBA

El camino de Alejandra Benavides no avanzaba de buena forma. Por ello, al asumir el alcalde Mario Desbordes ordenó reabrir el sumario interno tras detectar que el cierre de la investigación municipal se había hecho sin el estándar correcto y no se había tomado el testimonio de ningún testigo de esa mañana del 23 de octubre. 

Así, Benavides quedaba suspendida automáticamente sus funciones. 

Pero el golpe de gracia contra la rectora llegaría los primeros días de julio cuando se le notificó que debía presentar su renuncia voluntaria al no lograr el porcentaje mínimo de aprobación vinculado al convenio de Alta Dirección Pública denominado “Directores para Chile”. Es decir, según las normas, los directores deben tener como mínimo un 71% de validación y la rectora consiguió un 34% para el período 2024, que logró subir a 56% con las apelaciones. 

De acuerdo a la evaluación, revisada por este medio, la gestión fue analizada por Inés Aqueveque, quien realiza esa labor desde marzo de 2023. Y uno de las razones que le entregó Benavides para explicar el bajo porcentaje de cumplimiento, fue que se encontraba con licencia médica y suspendida por el sumario administrativo. 

El 19 de junio pasado, la rectora apeló con un dossier que incluía 242 archivos. Sin embargo, según el documento, “el 50% no pudo ser parte de la evaluación”, al estar “vacíos, con información incompleta o errónea que sólo contenían pantallazos de whatsapp”. 

Esto derivó que el informe realizado por Inés Aqueveque concluyera que el Proyecto Pedagógico Curricular no se considerada como un herramienta orientadora del trabajo del liceo.

“Se evidencian debilidades persistentes en la planificación estratégica, en la definición de criterios pedagógicos comunes y en la articulación efectiva con las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes”, detalla el análisis de la gestión de Benavides como rectora del INBA.

Sobre el área de convivencia escolar, las acciones estudiadas se presentan como aisladas, fragmentadas y sin un plan estratégico que permita asegurar el bienestar de los alumnos. 

“La exrectora no salió por decisión política o instrucción antojadiza, sino por la mala evaluación del convenio de desempeño (…)Una mala gestión impacta negativamente en los aprendizajes de los estudiantes y esa es la razón por lo que no podía seguir en el cargo”, señala Pilar Sazo, directora de Educación de Santiago. 

The Clinic intentó tener una respuesta de Alejandra Benavides pero no fue posible. De todas formas, ha comentado en entrevistas que nunca le han informado porque está como imputada en la causa penal y que se enteró por la prensa que el alcalde Desbordes había reabierto el sumario. 

A casi un año de la tragedia del INBA, aún no se establece de forma cierta qué fue lo que ocurrió en el baño del patio Siberia durante el “ritual” de despedida de los cuartos medios que no terminó con fallecidos por “situaciones “milagrosas” como repiten a diario los testigos presenciales de la tragedia.