Sonami busca frenar extensión del Parque Nacional Desierto Florido: “Agotaremos todas las vías necesarias para defender a los pequeños mineros”

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) acudió a tribunales para frenar la creación del Parque Nacional Desierto Florido en la Región de Atacama, argumentando que la iniciativa genera una expropiación regulatoria que afecta cientos de concesiones mineras grandes, medianas y pequeñas.

El gremio minero explica, a través de un comunicado, que no se opone a la creación del Parque Nacional Desierto Florido, ni al objetivo de conservar los ecosistemas únicos del área. “Por el contrario, reconoce la relevancia de proteger el patrimonio ambiental del país, en armonía con el desarrollo sostenible de sus sectores productivos”, indica.

El problema, según ha trascendido, radica en la extensión que contempla el santuario natural, considerando que el Ministerio de Medio Ambiente ha impulsado una superficie mucho más amplia de la originalmente planteada y que cubre varias concesiones mineras.

Sobre esto, Sonami plantea que “la delimitación del parque no se ajusta a ninguna de las alternativas de trazado propuestas técnicamente por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y genera un efecto directo sobre zonas con vocación minera, sin una debida justificación ambiental ni un análisis de impactos sobre los derechos preexistentes”.

Por ello, el 23 de agosto de 2024, el gremio minero presentó ante el Ministerio de Bienes Nacionales una solicitud formal de invalidación del Decreto Supremo N° 12/2023, que crea el Parque Nacional Desierto Florido y establece sus límites, fundada en que la definición del área se realizó de manera arbitraria e ilegal, “al no existir antecedentes técnicos suficientes que la justifiquen, apartándose de manera significativa de todas las alternativas de delimitación evaluadas previamente por Conaf en su informe técnico, sin una consulta ciudadana y sin considerar las concesiones mineras vigentes“, comenta la entidad.

Lo anterior, continúa, “implica que numerosos pequeños mineros y actores de la mediana minería vean afectadas sus actividades, por la definición expansiva e injustificada del área”.

Pese a que la solicitud de invalidación fue rechazada con fecha 9 de junio de 2025, por medio de la resolución N°396 del Ministerio de Bienes Nacionales, Sonami se vio en la obligación de presentar esta nueva reclamación judicial ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.

“Agotaremos todas las vías necesarias para defender a los pequeños mineros y a los actores de la mediana minería, quienes se esfuerzan diariamente para fortalecer la principal actividad económica del país. Por el momento, estamos a la espera del pronunciamiento del tribunal”, concluye Sonami.

Los detalles del recurso de Sonami por desierto florido

El recurso plantea que el Gobierno contaba con tres opciones para definir la superficie que debiera contener esta área protegida: la primera era un área de 37.668,11 hectáreas, constituido por terrenos fiscales, que excluye concesiones mineras de exploración, de explotación y en trámite.

La segunda alternativa era una superficie de 41.313,67 hectáreas, también de terrenos fiscales, que considera incluir concesiones de exploración minera; y en tercer lugar estaba la propuesta de un área de 43.491 hectáreas de terrenos fiscales, que considera la inclusión de concesiones de exploración y explotación minera en trámite.

Según consigna La Tercera, tanto el Ministerio de Agricultura como Conaf recomendaron “la menos gravosa para concesiones mineras”, es decir, la primera fórmula. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, en un oficio enviado a Bienes Nacionales en octubre de 2022, le solicitó ampliar el espacio.

“Este ministerio ha trabajado en una propuesta reforzada de polígono propuesto como parque nacional, de manera de otorgar un mayor resguardo e integridad al ecosistema presente, sus funciones ecológicas y las interrelaciones de la flora y fauna nativas existentes, la cual considera una superficie aproximada de 61 mil hectáreas”, señala el documento firmado por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Así, menciona que se podría otorgar “protección efectiva a cerca del 9% del SP (sitio prioritario) ‘Desierto Florido‘, el cual posee una superficie aproximada de 671.665 hectáreas”, explicó.

En el mismo oficio, la ministra “considera como criterio la inclusión de la totalidad de las concesiones mineras (explotación y exploración), tanto otorgadas como en trámite”, aunque plantea que debiera “evaluarse la exclusión de las actuales faenas mineras en operación”.

De acuerdo al medio mencionado, la demanda, este criterio fue incluido por el Ejecutivo “sin mayor estudio ni análisis de su efecto”.