Demandas laborales, deudas millonarias y VIF: los líos judiciales de los candidatos del apetecido Distrito 10 de Santiago

El 3 de febrero de 2024, el conserje Fernando Sanhueza presentó una demanda laboral contra Zintex Eventos, porque a su juicio la empresa tuvo “incumplimientos” de carácter “grave” en su trabajo. Esto derivó en que el cuidador resolviera invocar su autodespido para dar fin a casi dos años de relación contractual. 

Sanhueza se desempeñaba como conserje nocturno en un edificio de calle Sergio Ceppi en La Cisterna, donde trabajaba cuatro días y descansaba cuatro. Entraba a las 19 horas y retornaba a su hogar a las 7 de la mañana. 

Todo bien hasta que, según el conserje, su empleador le comenzó a pedir funciones que no tenía cómo realizarlas y se tornaban de alto riesgo en algunos momentos. 

“Debía ejercer presión en los residentes del condominio con la finalidad de que éstos hicieran abandono de la edificación, ya que la totalidad de los departamentos se encontraban tomados por ciudadanos de nacionalidad venezolana”, detalla la demanda, a la que tuvo acceso The Clinic. 

En el documento, Sanhueza revela además que Zintex lo habría responsabilizado a él de dicha negligencia, por lo que tuvo que “sacar medidores de luz, cortar cables eléctricos sin las medidas de seguridad”. El conserje incluso sostiene que tuvo que “recuperar” departamentos a la fuerza, lo que le generó conflictos armados con los extranjeros, quienes evitaron el procedimiento con “armas cortantes y de fuego”. 

En esa línea, el trabajador concluyó que Zintex Eventos expuso su integridad física al “no garantizar ni velar” por su seguridad ante las amenazas de los residentes venezolanos que se habían tomado varios departamentos del condominio. 

Este tipo de demandas no son nuevas para la organización, cuyo giro de negocio es ofrecer el servicio de conserjes y guardias de seguridad para edificios, condominios y organizaciones más grandes como universidades.

En los últimos cinco años, Zintex Eventos ha recibido 11 demandas laborales bajo las mismas características. Sólo en 2025, ya  suma tres casos: el 13 de agosto pasado, la más reciente cuando el guardia de seguridad Pedro Barría también se autodespidió tras no recibir los implementos necesarios para sus labores y tener que realizar otras funciones ajenas como jardinero y auxiliar de aseo en la Universidad Andrés Bello, según la demanda presentada en el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago.  

Esta empresa es de propiedad en un 85% del diputado UDI Jorge Alessandri Vergara, quien informó la sociedad en su declaración de Patrimonio en el Congreso. En la última documentación actualizada, el parlamentario reportó un valor corriente de $150 millones.

The Clinic consultó al diputado gremialista sobre estas demandas y respondió que se trata de una “empresa mediana” que tiene unos 250 trabajadores y que “muchas veces los despidos terminan en un juicio que al final llegan a acuerdos”. 

Frente a la denuncia de su exconserje sobre la peligrosidad que involucra pedir el desalojo de extranjeros que se toman las propiedades, indicó que era un edificio que estaba pasando por una situación complicada y parte de las labores era controlar los accesos. 

Para Alessandri es normal que existan demandas laborales. “Es un rubro complicado”, dijo, mientras al mismo tiempo agregó que lo relevante es llegar a acuerdos con las personas. En ese sentido, tras la conciliación en el juzgado del trabajo, el conserje Fernando Sanhueza aceptó un pago de $3,4 millones en dos cuotas.

La batalla del Distrito 10: Lo que se juegan los partidos

A pesar de ello, el diputado UDI no se hizo cargo del fondo de la demanda en que se denunciaba una suerte de abuso por parte de Zintex Eventos. Por tanto, se le abre un flanco por un probable conflicto de interés por este doble rol como empresario y parlamentario.

Jorge Alessandri va a la reelección para intentar un tercer período en el codiciado Distrito 10 de la Región Metropolitana, donde hay un bolsón de un millón de votantes que se agrupan en las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, La Granja y San Joaquín.

En esta batalla electoral aparecen importantes nombres que buscarán la conquista de esta jurisdicción que en la elección pasada quedó en poder del oficialismo al ganar cinco de los ochos escaños disponibles. En total son 55 aspirantes, entre políticos con experiencia como Jorge Alessandri (UDI), Francisco Orrego (RN), Irací Hassler (PC), Emilia Schneider (FA), Gonzalo Winter (FA) y otros que hacen sus primeras armas como Gino Lorenzini (SC), Juan Pablo Sáez (Demócratas) y el hijo de José Antonio Kast, quien se llama igual que el presidenciable del Partido Republicano. 

“La derecha debiese apostar, al menos, al empate. Es decir, elevar su porción de escaños a cuatro. Si bien es difícil que dé vuelta el marcador y le propine un 5-3 a la centro izquierda, no es algo que se pueda descartar dado el resultado reciente en las elecciones de alcaldes en que le arrebató Santiago y Ñuñoa al oficialismo”, analizó el experto electoral, Mauricio Morales. 

Ante esto, cualquier factor puede mover la aguja en esta apretada contienda electoral que sólo se da en el distrito 10 por lo complejo y desigual de sus votantes. Por dicha relevancia, The Clinic realizó el ejercicio periodístico de revisar a los 55 postulantes de estos ocho escaños en el que se analizó la situación judicial en materias penales, civiles y laborales. 

Así, no solo se constataron los problemas que tiene la empresa del gremialista Jorge Alessandri, sino que también se levantó una lista de al menos otros 15 candidatos involucrados en líos judiciales. 

Por ejemplo, cinco de ellos registran causas penales en tramitación o que ya culminaron sus procesos con condenas y salidas alternativas. El resto de candidatos se divide en denuncias laborales, demandas ejecutivas por deudas con privados y presentación de recursos de protección por diversas temáticas.

“Para muchos sigue siendo más importante el traer un flujo de votos por los distintos incentivos que tiene el sistema, que el chequear la calidad de los candidatos que lleva una determinada lista”, señaló el abogado Alberto Precht, ex miembro del directorio de Transparencia Internacional.

Candidatos con causas penales en el Distrito 10

Dentro de los aspirantes al Congreso por este distrito, el candidato más controvertido es Jean Pierre Bonvallet, quien es apoyado por el Partido Social Cristiano y que competirá en el pacto de Johannes Kaiser y José Antonio Kast. 

El youtuber registra varios procesos. Por ejemplo, según dio cuenta The Clinic hace unos días, Bonvallet acarrea varias causas penales desde 2007 vinculadas a porte de drogas, conducción en estado de ebriedad, riñas y violencia intrafamiliar . 

Pero en julio de 2018, el analista deportivo enfrentó el proceso más grave que terminó con una condena, tras protagonizar una amenaza que incluyó una arma de fuego. La investigación determinó que el imputado tuvo una fuerte discusión con su conviviente, lo que fue advertido por los vecinos que decidieron intervenir para evitar que golpeara a su entonces pareja. 

Sin embargo, la situación se descontroló y Bonvallet terminó amenazando a su vecina, a quien le dijo que le dispararía con una pistola y que también golpearía a su marido. El Tribunal, por estos antecedentes, decidió condenarlo a 61 días de presidió en su grado mínimo. 

“Encontramos un compromiso con Jean Pierre Bonvallet con los valores del partido y creemos que hará un gran trabajo a pesar de las críticas a su candidatura (…) Creemos en las segundas oportunidades y hoy no tiene ninguna inhabilidad para su candidatura”, indicó la diputada Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano, para defender la nominación del youtuber.

Jean Pierre Bonvallet también salió al paso subiendo un posteo a sus redes sociales en el que indicó: “Para quienes se quedan solo con mis errores del pasado, les recuerdo que el ser humano es imperfecto por naturaleza y que cometer equivocaciones es algo inherente a nuestra condición(…) Con compromiso de honestidad y trabajo hago un llamado a la unidad y la esperanza”.

En estas trincheras también aparece la figura del actor Juan Pablo Sáez, designado por el Partido Demócratas. El candidato fue detenido los primeros días de junio en medio de denuncias cruzadas de violencia con su expareja. 

El director de teatro fue formalizado por VIF y se decretó la prohibición de acercarse a la mujer mientras dure la investigación. Desde el entorno de Sáez sostienen que esto se trata de una “acusación falsa” y que los antecedentes que ha estado entregando al Ministerio Público terminarán con el esclarecimiento del caso. En esa línea, dicen sus asesores, que el partido Demócratas confió en su palabra y que por ello ratificaron su candidatura ante el Servel.

De ser electo diputado, agregan desde su entorno, el actor presentaría una serie de reformas para cambiar la ley de violencia intrafamiliar, dado que desde su visión no se hace cargo de las denuncias sin sustento.  

Por la otra vereda, aparece Irací Hassler, exalcaldesa de Santiago. Tras perder la elección con Mario Desbordes, el PC la nominó como candidata por el Distrito 10 para pelear un escaño con sus aliados del Frente Amplio que tienen el dominio actual de la jurisdicción capitalina.  

Si bien Hassler fue sobreseída recientemente de la causa de la exclínica Sierra Bella, aún es investigada en la arista que derivó de dicho caso y que tiene relación con el delito de tráfico de influencia por el supuesto rol que tuvo para favorecer a empresarios chinos con permisos municipales y que estaban vinculados a la diputada Karol Cariola.

Esta nueva causa fue abierta de oficio por el fiscal Patricio Cooper, tras el análisis policial del teléfono de la exjefa comunal mientras era investigada en el marco de Sierra Bella. Ahí, se desprenden varias solicitudes de la expresidenta de la Cámara de Diputados: realizar gestiones para Emilio Yang, nombre adaptado, además de apoyar a otro “amigo”, un empresario chileno que entregó dinero para su campaña parlamentaria.

“Me está pidiendo hace tiempo que pueda gestionar una reunión contigo. Quiere juntarse a almorzar o cenar contigo y conmigo (…) El tipo siempre financia proyectos sociales, de hecho anda con la idea de un proyecto de huertos urbanos que te comenté hace un tiempo. ¿Cómo lo ves?“, le escribió Cariola a Hassler, de acuerdo a los informes de la PDI que dieron cuenta de un presunto delito de tráfico de influencia. 

“La causa Sierra Bella, orquestada por el Partido Republicano llegó a su fin, quedando claro que todas las acusaciones fueron falsas”, comentó a The Clinic, la candidata comunista. Sobre la otra investigación, Hassler deslizó que la “derecha ha mal utilizado la justicia para una persecución política en mi contra” y que con el paso del tiempo quedará demostrado que “es falsa como fue Sierra Bella”. 

Francisco Orrego y el choque contra un motorista

El excandidato a gobernador de Chile Vamos por la Región Metropolitana, Francisco Orrego también incluye el listado de “pesos pesados” del Distrito 10. Si bien fue derrotado por Claudio Orrego en noviembre pasado, el panelista del programa “Sin Filtros” obtuvo más de dos millones de sufragios, lo que lo convierte en un candidato altamente competitivo para las próximas elecciones parlamentarias.  

El militante de Renovación Nacional se vio involucrado en un accidente en la Costanera Norte, en septiembre de 2020, según documentos judiciales. Orrego indica a The Clinic que un lunes en la mañana un motorista lo chocó por atrás y producto de eso resultó con lesiones graves. Seis meses después, fue requerido por el Ministerio Público para formalizarlo por cuasidelito de lesiones graves y ofrecerle una salida alternativa. 

Como costó notificar a Orrego y a la víctima de esta decisión de la Fiscalía, recién se pudo concretar la audiencia en agosto de 2023. Ese día, el abogado aceptó la salida alternativa a cambio de una donación a Coaniquem por $120 mil. Un año después, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dictó el sobreseimiento definitivo luego que el imputado cumpliera con las condiciones establecidas.

La multa del Servel que persigue a Helia Molina 

La diputada Helia Molina (PPD) busca su primera reelección en los próximos comicios de noviembre. En 2021, fue electa con 18.993 votos, por lo que en el oficialismo cuentan con su eventual victoria para mantener el poder del Distrito 10 capitalino. 

Pero no siempre triunfó la exministra de Salud de Michelle Bachelet. En 2016, intentó ser alcaldesa por Ñuñoa sin éxito. En esas elecciones fue derrotada por el periodista Andrés Zahri, de Renovación Nacional. 

Y no sólo perdió en las urnas. Al final de la campaña en 2016 fue denunciada al Servel por infracción a Ley electoral por colocar propaganda fuera del plazo permitido. Tras la investigación del organismo, Molina fue multada con 200 UTM, pago que al día hoy se encuentra impago, según las diversas demandas que ha presentado la Municipalidad de Ñuñoa para concretarlo. 

Todo partió el 15 de mayo de 2020 con la primera arremetida del municipio. Esto derivó en varios intentos para ejecutar el cobro visado por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago. Por ejemplo, el 22 de octubre de ese mismo año, llegó una receptora judicial a su casa en Las Condes para cobrar $10.074.400 que involucraban la multa, costas e intereses.  

De acuerdo al escrito, Molina se negó a entregar el dinero al igual que “al embargo de sus bienes”.

Tres años después, el 20 de octubre de 2023, cuando Helia Molina ya era diputada por el Distrito 10, la municipalidad de Ñuñoa logró una autorización judicial para ir al mismo domicilio con Carabineros y un cerrajero con la intención de realizar un embargo de bienes. 

Sin embargo, se frustró porque la parlamentaria había dejado esa propiedad, de acuerdo al acta ingresada en el juzgado civil. Así, la causa quedó sin movimiento hasta hace unas semanas. Los abogados del municipio volvieron a la carga y presentaron una nueva estrategia para lograr el cobro de la millonaria multa electoral. 

El 5 de agosto pasado, la abogada Claudia Bustamante pidió al tribunal que se congele la devolución de impuesto de la diputada con el fin de que ese dinero sea utilizado para pagar definitivamente los $10 millones adeudados.

La diputada Molina se mostró sorprendida por la información que le presentó The Clinic y aseguró que desconocía que la multa fuera tan alta. “Traté de hacer un pago provisional para solucionar el problema hace unos años y pensé que estaba resuelto”, afirmó. 

La parlamentaria reconoció que se le abrió un proceso en el Servel por “una paloma que fue mal colocada” en la campaña de 2016. “Yo no le debo nada a nadie y no cometí ningún delito”, finalizó la militante PPD.  

Para Alberto Precht estas nominaciones controvertidas podrían evitarse si los partidos fueran más rigurosos. De todas formas, sostiene que no debería cambiar la normativa sobre la prohibición de candidaturas. 

“Es un riesgo claramente que esas formalizaciones posteriormente se transformen en acusaciones y luego en desafueros y posiblemente en condenas. Pero, por otro parte, sería muy peligroso bajar el estándar hacia el grado de formalización debido a que se podría utilizar como una herramienta política para excluir personas de las listas parlamentarias”, señaló el especialista en temas de transparencia. 

El desafuero de la doctora Cordero

Entre los 55 candidatos aparece un caso especial: el de la doctora María Luisa Cordero que va como independiente por el pacto de oposición Chile Grande y Unido. 

Fue en marzo de 2023 cuando la diputada de la bancada de RN dijo en una entrevista radial que la senadora Fabiola Campillay “no estaba totalmente ciega. Ella tiene un ojo bueno”. 

Esto generó un revuelo político y derivó en una querella por injurias y calumnias en contra de Cordero. Tras su tramitación, la Corte de Apelaciones acogió el desafuero de la diputada, la que fue ratificada por la Corte Suprema en agosto de 2023. 

Cinco meses después, Cordero y Campillai llegaron a un acuerdo para terminar con el proceso judicial. El pacto involucró en que la diputada tenía que pedir disculpas públicas por sus graves dichos en la misma radio.  

“Ofresco disculpas públicas por el daño causado (…)Sé que influí en la opinión de muchas personas para que cuestionaran su ceguera, ocasionando daño a su dignidad como víctima de violaciones a los derechos humanos”, aseguró Cordero para zanjar el tema. 

La senadora Campillai, por su parte, aceptó las disculpas, pero advirtió que no creía en las palabras mencionadas por la parlamentaria. “No creo en ellas, pero las recibo”, indicó la congresista, que deslizó estar cansada con el proceso, advirtiendo que “estamos para servir a la gente” y no para injuriar a nadie.

Durante esta jornada se espera que el Servel ratifique o rechace las candidaturas de las próximas elecciones parlamentarias. A partir de mañana, los partidos podrán ingresar las impugnaciones contra las candidatos que estén involucrados en líos judiciales. Un ejemplo podrían ser los casos expuestos en este reportaje como también lo que ocurre con Daniel Jadue que busca ser diputado por el distrito 9, a quien RN ya ingresó un requerimiento para evitar que llegue a la papeleta ante el TER.

Con esto, el exalcalde sería el más complicado luego de que el pasado jueves se ratificara ante la Justicia su calidad de “acusado” en la causa de Achifarp en la que la Fiscalía Centro Norte pidió una pena de 18 años.