Tribunal autorizó que niñas del Sename visitaran casona de ministro del Tricel del Maule imputado por abuso sexual infantil

A fines de 2018, una denuncia remeció al Sename de la Región del Maule. El abogado Gastón Pinochet —entonces representante legal de la Corporación de Ayuda a la Familia, entidad que está a cargo de ocho residencias de protección para niños, niñas y adolescentes— era investigado por el Ministerio Público como sospechoso de abusar sexualmente de una niña. Aunque la presunta víctima no era del Sename, el hecho de que Pinochet fuera un colaborador activo de esa institución levantó suspicacias.

Pero hubo alarmas que no sonaron. Sobre todo en el sistema judicial. 

Un año después de que comenzara la investigación por abuso sexual infantil, el Tribunal de Familia de Talca autorizó que tres niñas que vivían en la Residencia Victoria, gestionada por la misma corporación representada por el denunciado, fueran a “pasear” con funcionarias del hogar a una parcela de Pinochet, ubicada en las afueras de esa comuna. Antes de la denuncia, hubo al menos dos visitas autorizadas a la casona del abogado. 

La denuncia contra Pinochet ha tenido varios capítulos. La fiscalía ha liderado al menos dos investigaciones en su contra, las que se cerraron sin declararlo culpable ni inocente. Sigue en curso otro proceso en los juzgados de familia, el que mantiene al abogado sin relación directa con la menor de edad que habría sido su víctima. En la base de las denuncias han estado entrevistas de la niña con psiquiatras y psicólogos que determinaron que ella sufrió abusos sexuales. 

En una causa penal que se inició en 2020, Gastón Pinochet estuvo imputado por abuso sexual, violación, amenazas y producción de pornografía infantil. Durante esa fecha el abogado seguía siendo el representante legal de la Corporación de Ayuda a la Familia.

Gastón Francisco Pinochet Donoso es un hombre que tiene redes influyentes en el Maule. Al menos desde 2021 es ministro del Tribunal Electoral de la región, cargo que debiera mantener hasta 2027, según esa institución. Su hijo, por otro lado, el abogado Matías Pinochet Aubele, fungió como Seremi de Economía regional entre febrero de 2019 y marzo de 2022. 

Los nexos de Gastón Pinochet también llegan a la administración del Sename: Pablo Bravo Rodríguez, primo hermano de la esposa del abogado, fue director de la sede regional de ese servicio durante 2020. La esposa de Pinochet también estuvo imputada en la causa por abuso contra una menor.

The Clinic se reserva los detalles de esa investigación judicial, así como la identidad y cualquier dato que permita identificar a la presunta víctima. 

La querella de 2018 en contra de Pinochet, la primera alerta de la existencia del delito, fue presentada por la psiquiatra de la niña, que entonces tenía solo cuatro años. Se investigaba abuso sexual infantil. La investigación de esa causa no perseveró. Pero, a comienzos de 2020, cerca de una treintena de sesiones psicológicas a la menor derivaron en otra querella: además de abuso sexual, se investigaban los delitos de violación, amenazas y producción de pornografía infantil, ocurridos —según el expediente— entre 2017 y 2019. 

Esa causa se cerró en marzo pasado, cuando la Corte Suprema ratificó la decisión de no perseverar en la investigación contra Pinochet. Ese fallo —que la justicia penal había notificado en diciembre de 2023— significa que no se reunieron antecedentes suficientes para acusar a Pinochet de los delitos imputados. 

¿Estado protector?

No es primera vez que los tribunales autorizan que niños institucionalizados estén próximos a personas sospechosas de vulneraciones a la niñez. En enero pasado, Ciper reveló cuatro casos de menores cuyo cuidado fue confiado a investigados o condenados por esos delitos. La falta de resguardo cuestiona la efectividad que tienen las instituciones para prevenir que niños y adolescentes bajo cuidados del Estado se relacionen con personas investigadas por delitos sexuales infantiles.

The Clinic tuvo a la vista un informe de la Defensoría de la Niñez —de septiembre de 2021— que señala la existencia de una resolución del Sename en la que se ordenaba algo, hasta ahora, inadvertido: apartar a Gastón Pinochet de sus funciones como representante de una corporación colaboradora del Sename. Esa orden, indica la cronología de esta trama, fue inicialmente omitida. 

Pinochet no dejó la corporación hasta marzo de 2023. Esa fecha señaló a The Clinic el Servicio de Protección —también conocido como Mejor Niñez— cuando este medio le envió preguntas sobre las visitas de niñas bajo su cuidado a la parcela de Pinochet (vea aquí la respuesta completa de esa institución).

La visita que niñas del Sename hicieron a la parcela de Pinochet en 2019 generó una reacción tardía en esa institución. Eso dijo la Contraloría del Maule cuando intervino en las denuncias que hacía la parte querellante contra Pinochet, quienes a comienzos de 2019 se reunieron con la dirección regional del Sename para denunciar que niñas de esa institución estaban visitando la parcela del denunciado. 

En un inicio el Sename no investigó las visitas, y eso valió la intervención de la Contraloría que, entre otras cosas, puso atención sobre el parentesco entre Pinochet y el entonces director regional del Sename, Pablo Bravo. 

Fue recién en mayo de 2021 cuando Sename abrió un sumario interno para investigar las visitas autorizadas a la parcela de Pinochet. Esa indagatoria, según recabó The Clinic, fue sobreseída y no se hallaron rastros de vulneraciones a las niñas que visitaron la propiedad. 

Aunque hay un problema: no fue posible encontrar registros de ese sumario, dicen las instituciones. En el Sename —que desde 2021 se ocupa exclusivamente del cuidado de menores de edad imputados por delitos— señalan que toda la información de sus residencias fue traspasada a Mejor Niñez. Y desde esa institución respondieron a The Clinic que  el sumario “no fue traspasado al Servicio de Protección”.

Los viajes a la casona

Es una parcela a las afueras de San Clemente, comuna de la Región del Maule. Le dicen la casona, y es una de las propiedades de Gastón Pinochet. Fue ahí donde, al menos en tres ocasiones entre 2017 y 2019, el Tribunal de Familia de Talca autorizó que niñas que vivían en la Residencia Victoria —primero del Sename, después traspasada a Mejor Niñez— viajaran junto a funcionarias de ese hogar. 

Las visitas, según un oficio de Sename, se hicieron para el “esparcimiento” de las niñas. La primera fue el 7 de julio de 2017, cuando tres menores de ese hogar y una educadora viajaron por el día a la casona. La segunda vez fue más extensa: 13 niñas de la residencia, junto a seis funcionarias, incluida la directora del hogar, se alojaron en la parcela entre el 12 y el 18 de febrero de 2018. En julio de ese año estalló la denuncia contra Gastón Pinochet. 

Cuando el Tribunal de Familia de Talca autorizó la tercera salida, que se concretó el 12 de diciembre de 2019, Gastón Pinochet llevaba más de un año como imputado por abuso sexual infantil. Ese mismo tribunal es el que lleva las causas que mantienen a Pinochet sin relación directa con la presunta víctima. 

Aunque antes de eso hubo advertencias. El 19 de marzo de 2019, una familiar de la niña que habría sido víctima de los delitos denunciados envió una carta al entonces director del Sename del Maule, Juan Lara. En el escrito, la mujer decía que sabía de al menos cuatro niñas del Sename que visitaron la casona. Que incluso, decía, tenía fotos que lo probaban. 

“Solicito que se investiguen todos los hechos relativos a la información entregada directamente a Sename”, terminaba la denuncia escrita enviada al director regional del organismo. La denunciante, según un oficio del Sename, se reunió con la directiva regional de la institución un mes después, a fines de abril de 2019. Aunque el encuentro no dio resultados: no existió acta de la reunión ni tampoco se abrió una investigación interna sobre las visitas autorizadas. 

No está claro si Gastón Pinochet estuvo en su parcela cuando se realizaron las visitas. Consultada por The Clinic, su abogada defensora, Grace Salazar, negó que él haya estado presente. La Corporación de Ayuda a la Familia dio la misma respuesta a este medio.

Pero hay un testimonio clave que desmiente esas versiones. 

En 2019 Adriana Tapia llevaba 30 años trabajando para Gastón Pinochet: primero en su hogar; después en su oficina de abogados. Eso declaró ella el 31 de enero de ese año, cuando su testimonio engrosó el expediente de la primera investigación por abuso sexual infantil contra Pinochet. 

Ahí, dijo que el abogado sí tenía contactos con las niñas: “(Yo) asistía permanentemente a don (Gastón) Francisco Pinochet cuando salía con las niñitas de Hogares de Menores, en donde colabora y también me hacía cargo del aseo, asistencia al baño, higiene, etc”, declaró Tapia. 

Ni las denuncias al Sename ni la información contenida en el expediente surtieron efecto. Al menos hasta dos años después. Fue recién en abril de 2021 —tras un oficio en el que Contraloría regional ordenaba investigar las visitas autorizadas— cuando el Sename abrió un sumario interno. 

El llamado al orden de Contraloría 

Cuando la Contraloría se involucró en la denuncia por las visitas a la parcela de Pinochet, su dictamen cristalizó que el Sename no había actuado con la premura necesaria. La respuesta del órgano contralor se originó en 2020, luego que los querellantes contra Pinochet recurrieran al ente fiscalizador tras más de un año sin respuesta oficial del Sename por la denuncia de las niñas que visitaban la casona. 

El 21 de julio de 2020, el abogado querellante, Fernando Leal, recurrió a la Contraloría del Maule. Acusaba inacción del Sename, ya que “no ha dado ninguna respuesta, ni iniciado ningún procedimiento investigativo, ni cumplido con su deber de denuncia”. 

La Contraloría no respondió de inmediato. De hecho, primero llegó la réplica del Sename. Y el remitente era un viejo conocido de Pinochet: Pablo Bravo Rodríguez, entonces director regional del Sename, también es el primo hermano de la esposa de Gastón Pinochet. Este parentesco no pasó inadvertido para el órgano contralor.

En su respuesta del 25 de agosto de ese año Bravo intentó sepultar la denuncia. Dijo que no eran extrañas las visitas autorizadas a la casona porque eran “puestas en conocimiento del Juzgado de Familia competente” y del propio Sename. Y afirmó, además, que no había nada que denunciar. “La concurrencia de las niñas internas en residencia (…) a lugares de esparcimiento no implica infracción alguna a los cuerpos normativos” sentenció. 

La resolución de Contraloría —emitida el 19 de octubre de 2020— fue categórica. Aunque Pinochet fuera parte de una corporación colaboradora del Sename, decía el informe, el organismo tenía la “obligación” de investigar las visitas autorizadas. Y que, como la institución no abrió una investigación tras la denuncia sobre las visitas autorizadas, el Sename “deberá revisar sus procedimientos a fin de atender cabal y oportunamente las peticiones que se le formulen”. 

También le hizo un llamado de atención a Pablo Bravo. El parentesco entre Pinochet y el director regional del Sename, dijo Contraloría, obligaba a este último a “abstenerse de intervenir en los procedimientos y decisiones en que tuviera interés el denunciado (Pinochet)”. 

El sumario del que no hay registros

Las reacciones ante el dictamen de Contraloría no fueron inmediatas. El sumario interno del Sename para investigar las visitas autorizadas a la parcela de Pinochet no se abrió hasta el 20 de abril de 2021, según un oficio de esa institución. 

Si bien el Servicio de Protección respondió a este medio que “ese sumario fue sobreseído”, The Clinic no pudo acceder al contenido íntegro de la investigación. ¿El motivo? Desde Sename aseguran que ya no poseen ninguna información previa a 2021 —año en que se hizo la transición al Servicio de Protección—, y esta última institución afirmó a este medio que el sumario no le fue traspasado. 

“Previo a la implementación del Servicio de Protección, Sename de la Región de Maule realizó un sumario administrativo. Este procedimiento disciplinario se realizó íntegramente mientras operaba Sename y no fue traspasado al Servicio de Protección. Por los registros disponibles, podemos informar que ese sumario fue sobreseído” respondió el Servicio de Protección. 

La Corporación de Ayuda a la Familia, por su parte, respondió a The Clinic que el resultado de la investigación de Sename arrojó que “no existen irregularidades, ni hechos que ameriten denuncia” (vea aquí respuesta de la corporación).

Una orden omitida

La Defensoría de la Niñez —que tuvo una breve participación como querellante contra Pinochet en la causa iniciada en 2020 por abuso sexual infantil, violación y otros delitos— emitió un informe clave. 

Según el oficio —dirigido a Sename, el 22 de septiembre de 2021—, esa misma institución habría publicado una resolución en la que instruía algo, hasta ahora, inadvertido: que Gastón Pinochet, “mientras se encuentre pendiente el proceso investigativo penal seguido en su contra”, fuera separado de sus funciones como representante legal de una corporación colaboradora del organismo. 

Ni el contenido de la resolución ni su fecha son irrelevantes. Según el Servicio de Protección, es desde marzo de 2023 que Gastón Pinochet “no forma parte de la Corporación de Ayuda a la Familia y no tiene relación con el Servicio de Protección”. La corporación, por su parte, indicó a The Clinic que el abogado dejó el organismo en 2022. 

Gastón Pinochet no solo fue uno de los fundadores de la Corporación a principios de siglo. En marzo de 2021 fue elegido como su presidente, cargo en el que duró dos años, hasta la elección del nuevo directorio de la corporación. 

La elección del directorio de la Corporación de Ayuda a la Familia, de 2023, no estuvo exenta de controversias. Contraloría objetó que en marzo de ese año se haya escogido como presidente de la corporación al hijo de Gastón Pinochet, Matías Pinochet Aubele. ¿La razón? El también abogado había sido seremi de Economía de El Maule entre 2019 y marzo de 2022, lo que lo inhabilitaba por un año para ser colaborador del Sename. 

La causa penal contra Gastón Pinochet terminó en marzo pasado, cuando la Corte Suprema ratificó que no existían antecedentes suficientes ni para acusarlo ni para formalizarlo. Su abogada defensora, Grace Salazar, aseguró que “las instancias judiciales ya demostraron que nunca hubo antecedentes ni siquiera para formalizar una investigación, tenemos ya muchas acciones iniciadas para hacer cesar esta persecución que solo busca desprestigiar a nuestro cliente” (vea aquí respuesta completa de la defensa de Gastón Pinochet). 

El abogado querellante, Fernando Leal, tiene otra percepción respecto a la investigación contra Pinochet. “Los órganos del Estado (…) permitieron la impunidad más escandalosa y nauseabunda en este caso. Iremos al Sistema Interamericano, porque no permitiremos que una niña víctima de delitos sexuales quede sin justicia y reparación.”