El laberinto del fraude de Factop encuentra la salida: cómo la condena del contador de los hermanos Jalaff arrinconó a los protagonistas del Caso Audio

Un diplomado en Compliance está por finalizar Marcelo Medina Del Gatto, hasta hoy el primer condenado por el Caso Factop o Caso Audio: la red de corrupción mercantil que destapó oscuros movimientos de dinero, traiciones y una vida de lujos difícil de sostener.

Todo esto detonado por la grabación a escondidas de un audio por Leonarda Villalobos en que registró al influyente abogado Luis Hermosilla jactándose de pagar coimas a funcionarios de Impuestos Internos -entre otras impresionantes confesiones- para mantener controlado este millonario fraude que habría sido ideado por el empresario Daniel Sauer en complicidad de sus amigos y ejecutivos del Grupo Patio, Antonio y Álvaro Jalaff. 

Para el contador, de 61 años, es clave obtener esa certificación con miras a reformular su estándar ético y perfil profesional y poder reinsertarse en sus próximos proyectos laborales, dado lo agravado que quedó su nombre tras aceptar su autoría en varios delitos financieros como emisión de facturas falsas, soborno y lavado de activos. 

Con esto, dicen desde su entorno, busca dejar atrás lo que han sido estos dos últimos años en que ha vivido de todo: desde sentimientos de culpa, hasta sentir el miedo de la traición por parte de quienes fueron sus jefes y mentores. 

Marcelo Medina nunca fue un alto ejecutivo a pesar de que siempre quiso serlo. Se codeó con grandes familias empresariales como los Jalaff y los Luksic, a quienes incluso manejó sus inversiones en el Grupo Patio, que en su mejor peak llegó a controlar 71 centros comerciales bajo una valorización de 13 millones de UF.  

Pero todo comenzó a desplomarse en 2018 cuando los bancos empezaron a restringir el flujo de Antonio Jalaff dado el alto volumen de sus deudas. Por eso, atendiendo la urgencia, Daniel Sauer habría sugerido emitir facturas falsas en una reunión en las oficinas de Nueva Costanera, en Vitacura, porque parte del problema estaba en su factoring. Por tanto, había que crear una especie de bicicleta financiera que sostuviera el flujo de dinero.  

Este mecanismo no fue visado por el contador e incluso solicitó un informe en derecho tributario a Patricio Silva, un exfuncionario del SII, para advertir a los ejectutivos que el plan constituía delito. Lo que dejó expresado, además, en correos electrónicos.

Pero esto le valió una reprimenda de sus superiores, cuyos emails curiosamente desaparecieron de los servidores. Una situación que fue corroborada por la Policía de Investigaciones al detectar que hubo eliminación de los archivos. 

Tras esos episodios, y al verse presionado, Marcelo Medina inició la emisión de miles de facturas falsas. Sus jefes argumentaban la acción bajo la arenga de que “había que salvar el imperio de Los Jalaff”, lo que se tradujo finalmente en este gigante fraude mercantil que involucró un perjuicio de más de $12 mil millones, de acuerdo a lo acreditado por la Fiscalía. 

Si bien sabía el contador que estaba en el centro de una red delictual, estaba tranquilo, pues había realizado las advertencias y los hermanos Jalaff le habrían, casi prometido, que si aparecía una “contingencia”, una especie de fiscalización del SII, ellos asumirían la responsabilidad ante las autoridades. 

Pero nada de eso ocurrió. Cuando el Ministerio Público y la policía comenzaron a presionar a los empresarios tras la filtración del audio de Hermosilla, Villalobos y Sauer, los superiores de Medina iniciaron acciones de hostigamiento para que el contador se autoinculpara de los delitos tributarios y así eximiera de responsabilidad a las empresas del Grupo Patio, sus directores y socios. 

Esto quedó expresado en un documento llamado “Indemnity” que se le ofreció como un supuesto acuerdo de finiquito a sus servicios. Es decir, si él lo firmaba, accedía de inmediato al pago atrasado de sus remuneraciones y al monto acordado por su salida de la gerencia. Claro, pero con la condición de que él asumiera sólo la autoría de los delitos tributarios, por lo cuales no habría recibido beneficio alguno. 

Esto quebró totalmente las relaciones entre Medina, los hermanos Jalaff y Cristián Menichetti, por entonces gerente general del Grupo Patio, y quien lo había llevado a dicho holding empresarial. A esa altura, todos en la mira de la Justicia. 

Fue tanta la decepción que sintió frente a los que percibía como sus “mentores”, que decidió “contar la verdad” ante el Ministerio Público. El contador sentía que no podía llevarse todo el peso de este fraude mercantil y que sus responsables debían enfrentar a la Justicia.

Marcelo Medina, con esto, decidía romper el pacto de silencio y se pasaba al lado del Ministerio Público para colaborar con la persecución penal, que terminó con él como el primer condenado de la causa madre del Caso Audio. 

Esta es la historia.   

Las seis declaraciones que sellaron el acuerdo: “Solo quería decir la verdad”

El Caso Factop o Audio cada día parece más una película. O más bien una serie como la galardonada “Billions”, donde la Fiscalía de Nueva York persigue permanentemente al magnate Boby Axelrod. Y en ese afán ofrece acuerdos de colaboración a ejecutivos o empresarios para conseguir las pruebas necesarias que lo hagan ir a prisión. 

Esta causa tiene muchas características que se le parecen a ese guión: lujos, ambiciones y traición. Y una Fiscalía que persigue a altos ejecutivos. Por eso, el equipo de persecutores aceptó negociar con Marcelo Medina y su abogada Susana Borzutzky un acuerdo de colaboración eficaz para destrabar los puntos ciegos de esta larga y compleja investigación penal. 

Ese trato se tradujo en seis declaraciones y que solo fue aprobado por la Fiscalía al cuarto interrogatorio tras analizar que la información entregada por el contador era verídica y “eficaz” como dice la norma. Así, los antecedentes puestos en la mesa permitieron a los persecutores “amarrar” la participación de los otros imputados en todos los delitos. 

“Reconozco mi participación en esto y por eso vine a declarar voluntariamente a la fiscalía, pedí que me citaran a declarar sin haber sido formalizado, ni objeto de medida intrusiva o cautelar alguna. No he sentido que el procedimiento estaba en mi contra. Es más, estaba citado en calidad de testigo, solo quería colaborar y decir la verdad”, les dijo el contador al equipo de fiscales liderados por Miguel Ángel Orellana, jefe de Alta Complejidad, en su primer cara a cara, el 8 de agosto de 2024. 

Así cada jornada de interrogatorio se iba convirtiendo en una brújula para el Ministerio Público. Cada palabra, dato o conversación de WhatsApp ayudó a desentrañar la telaraña que el exejecutivo del Grupo Patio había ayudado a construir a sus superiores. 

“Siempre es mejor tener de testigo al contador”, comentó una fuente que participó de estas instancias. Y sin duda, esto se convirtió en una máxima. Medina fue citado rápidamente a una nueva ronda de preguntas en octubre de 2024, donde reveló todos los secretos: transferencias, sociedades y movimientos financieros de los imputados en el extranjero.  

“La estrategia se articuló en torno a obtener la cooperación eficaz. Ello fue posible gracias al momento oportuno en que se entregó la información y la sustancialidad de los antecedentes aportados que permitieron a la fiscalía acreditar los hechos. Sin el testimonio, la investigación habría quedado entrampada”, aseguró a The Clinic, Susana Borzutzky, abogada de Marcelo Medina. 

Las revelaciones que “amarraron” a Hermosilla, Villalobos, Sauer y los Jalaff

El “decir la verdad” incurrió en detallar sin omisiones cómo funcionaba la máquina para emitir las miles de facturas falsas. Según Medina, Álvaro Jalaff instruía a SIBO, la sociedad creada por los ejecutivos para administrar las empresas y patrimonio personal, generar los documentos financieros con el detalle de que no quedaran en los registros contables. 

Así, estas facturas se emitían con información que proporcionaba Daniel Sauer, quien acordaba los montos previamente con Jalaff por cuatro vías: verbal, por teléfono, chats o correo electrónico. 

Una vez que llegaba el requerimiento, Medina le pedía a su equipo en SIBO generar el documento tributario entre las empresas que administraban: Inversiones San Antonio, INM Pucón Ltda, INV Cadiz, Antofagasta, Mejillones, Cobija o Lake Avenue. Luego, la factura se enviaba a María José Cáceres en Factop para que las factorizara. 

El contador también reveló que se tenían que emitir nuevos documentos al vencer estos, pues con ese ciclo se obtenían nuevos fondos para pagarlas. Fue tal el nivel que se presionó esta máquina, que todo se descontroló en 2018. 

La primera etapa, según Marcelo Medina, ocurrió entre 2018 y 2020, donde las facturas se generaban en las empresas de Antonio Jalaff. Pero entre 2021 y 2022, Daniel Sauer comenzó a emitir documentos hacia las compañía de Jalaff, lo que terminó con explotar a fines de 2022 y comienzo de 2023. El dueño de Factop generó documentos tributarios de forma constante desde empresas propias o que administraba como DAS, Guayasamin y Textil Zico hacia las sociedades de los hermanos Jalaff. 

Estos movimientos ilícitos provocaron un nivel de deuda escandaloso entre las organizaciones de estos ejecutivos. Medina les dijo a los fiscales que este fraude tributario dejó un déficit de 800.000 UF, es decir unos $26 mil millones en las inversiones de los Jalaff, de los cuales unos $4 mil millones correspondían a Factop en cheques, facturas y letras. 

Los fiscales necesitan tener más respuestas sobre esta máquina irregular y entender por qué el contador había accedido a pesar de sus resquemores. 

Ante esto, no dudó en hablar: las facturas falsas eran para “financiar los gastos personales”, deudas e inversiones de Álvaro y Antonio Jalaff y así mantener un “estatus sólido” ante socios y terceros.

“Solo pienso que sentía un compromiso de lealtad a ellos. Sentía temor de ser el responsable de la posible caída del imperio Jalaff”, señaló Medina en su testimonio, quien agregó que el único beneficio fue sentir reconocimiento e integrar dicho círculo de poder.

Tan contundente fue el primer cara a cara entre el contador y los fiscales, que cuatro días después de las primeras confesiones, el Ministerio Público solicitó imputar a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Luis Angulo y Patricio Mejias por cohecho. 

El siguiente paso a tratar fue el Fondo Estructurado creado para enfrentar la millonaria deuda de Antonio Jalaff. Esa citación ocurrió en octubre de 2024 y detalló paso a paso cómo se formó esa estrategia de inversión en la que se involucró a la corredora Larraín Vial. 

Medina aseguró sin tapujos que el mayor de los Jalaff tenía pleno conocimiento de este especie de “plan de salvataje”, pues estaba copiado en todos los correos electrónicos y él firmaba los documentos que se le solicitaban para el funcionamiento.  

De acuerdo al Ministerio Público, con este modelo se habría cometido un perjuicio patrimonial de unos $8 mil millones entre las tres series que tenía el fondo público.  

Pero lo que sorprendió más en este interrogatorio fue la revelación de la documentos que facilitó sobre los movimientos de dinero en el extranjero y la existencia de la Sociedad 801LLC Las Vegas, constituida en el paraíso fiscal de Delaware en Estados Unidos, lo que permitió a la Fiscalía Oriente afirmar la arista por lavado de activos. 

Soborno y movimiento de dinero en efectivo: la confesión que faltaba del Caso Audio 

Llegaba el 2025 y la Fiscalía Oriente requería nuevamente la presencia de Marcelo Medina.

A esa altura, era el testigo estrella del Caso Audio, pues los antecedentes aportados habían permitido al Ministerio Público lograr prisiones preventivas en la mayoría de los imputados, en especial de los protagonistas Hermosilla, Villalobos y Sauer. 

Así, fue citado el 7 de enero pasado. Era la quinta vez que el contador se sentaba ante un fiscal. El exgerente del Grupo Patio estaba tranquilo, ya que estaba casi listo el acuerdo de colaboración con la Fiscalía, lo que proyectaba una salida pronta de la causa. 

Lo que urgía al equipo de persecutores era esclarecer unos mensajes de WhatsApp que habían aparecido entre Álvaro Jalaff y Leonarda Villalobos, que advertían entrega de dinero en efectivo tanto para ella como para el abogado Luis Hermosilla. Flujos además que la misma UAF había alertado con reportes sospechosos de los imputados al calificarlos como de “uso intensivo”.

En esa línea, Medina explicó que por orden de Álvaro Jalaff le entregaba sobres con billetes a Villalobos, cuyos montos eran acordados con Daniel Sauer. Misma dinámica que ocurría con Luis Hermosilla, a quien le entregaban esos flujos en su oficina.

En resumen, era el relato que necesitaban los fiscales para afinar la autoría de los imputados en el delito de soborno en Impuestos Internos, cuyos nuevas pruebas fueron presentadas por los persecutores en las audiencias de reformalización de agosto pasado. 

En esa instancia, se dio por acreditado que los imputados “bajo la dirección” de Luis Hermosilla le pagaron entre $300 y $400 mil mensual al funcionario Patricio Mejías para revisar si algún contribuyente mantenía alguna situación tributaria pendiente con el objetivo de que alertara alguna fiscalización sobre la emisión de facturas. 

Con la información obtenida, “el imputado Luis Hermosilla adoptó una actitud más agresiva y le pidió a Sauer de forma tenaz, vehemente e insistente que continuara provisionando los fondos necesarios” para seguir pagando al funcionario público, manifestándole que debe “armar una caja para gastos, una caja negra” en la que debe involucrar a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, cuyas sociedades se beneficiaron de esta “actividad fraudulenta”. 

Todo esto fue lo que ocurrió en la polémica reunión en la oficina del exabogado de La Moneda en Alonso de Córdova y que fue grabada por Leonarda Villalobos. En ese registro también se le escucha al abogado decir que se debe “armar una cucha en el SII” con el objetivo de lograr $100 millones para “pagar coimas a funcionarios públicos”. 

Según el Ministerio Público, luego de esa intensa reunión, Daniel Sauer accedió a la petición de Hermosilla y continuó entregando fondos a Leonarda Villalobos para “pagar las dádivas” al funcionario de Impuestos Internos. Mientras que Álvaro Jalaff, entregó su parte por intermedio de Marcelo Medina, quien confesó que al menos en dos oportunidades en los meses de julio y agosto de 2023 le llevó a la abogada sobres con $5 y $10 millones destinados a cancelar los servicios ilícitos de Patricio Mejías. 

“Decir la verdad a tiempo, evitando el desgaste de recursos fiscales, es recompensado. La justicia, en este caso, ha contribuido a devolver confianza a las instituciones y ha enviado un mensaje firme: la justicia es ciega, no se corta el hilo por lo más delgado”, afirmó la abogada Susana Borzutzky, para destacar el rol clave que jugó su cliente la causa. 

Una vida de lujo: un helicóptero, mansiones y autos  

Pero aún quedaba más. Marcelo Medina también aportó información relevante sobre las maniobras de sus exsuperiores frente al posible lavado de activos. De acuerdo a lo que ha podido establecer la Fiscalía Oriente, Álvaro Jalaff y Antonio Jalaff alcanzaron líneas de crédito por $4.500 millones cada uno, proveniente del presunto mecanismo ilícito. 

Mientras que bajo ese mismo esquema, Luis Hermosilla avalado por su amigo y “hermano” como se trataban en chats de mensajería, logró una línea de crédito por $356 millones, de acuerdo a los informes forenses policiales.   

“Los imputados a sabiendas de que los dineros provenían de los delitos de estafa, invasión al giro bancario, infracción a la ley de Mercado de Valores y administración desleal, los integraron en su patrimonio y los utilizaron con ánimo de lucro para cubrir sus deudas, realizar inversiones, adquirir bienes muebles e inmuebles y financiar sus altos costos de vida”, se lee en un documento del Ministerio Público. 

Esa vida de lujo fue rastreada de la siguiente manera bajo la fiscalización de Impuestos Internos, análisis contables y las diversas confesiones que realizó el contador de los hermanos Jalaff y administrador de su fondos por más de 20 años. 

Por ejemplo, entre 2018 y 2022, Daniel Sauer mediante su giro personal y el de sus empresas como Factop, usó más de $5 mil millones para comprar propiedades en Chillán, Las Condes, Viña del Mar, Tierra Amarilla y Colina, entre otras zonas. 

Álvaro Jalaff, por su parte, tuvo ingresos por más de $7 mil millones de esta red fraudulenta para “costear sus gastos personales, consumo, pago de cuentas, realización de inversiones y compra de bienes muebles e inmuebles”. 

Así, entre 2018 y 2019, gastó $2.459.702.942 en dos propiedades en las comunas de Vitacura y Zapallar. Un año después, en julio de 2020, la sociedad Alpha 3, en la que también es socio Jalaff, adquirió un helicóptero marca Agusta Aerospace Corp por casi dos millones de dólares. Además, a ese patrimonio, le sumó la compra de 15 vehículos entre Mercedes Benz, BMW, Land Rover y Jeep, entre otras adquisiciones motorizadas. 

Su hermano Antonio no se quedó atrás. Entre 2019 y 2024 registró ingresos de Factop por más de $2 mil millones, destinando $340 millones en la compra de cuatro vehículos de lujo.  

Mientras que en 2021 compró un departamento en Ñuñoa por más de 6 mil UF, cuya compraventa para la Fiscalía fue un claro ejemplo de cómo el imputado usaba el dinero proveniente del factoring de Daniel Sauer para lucrar y “triangular los fondos en sus diversas cuentas”. 

Las triangulaciones de Luis Hermosilla: dineros de “origen espurio”

El caso del abogado es un poco más complejo que el resto de los imputados, pues habría diseñado un esquema con mayores triangulaciones entre el financiamiento que obtenía de Factop con la emisión de facturas falsas que luego anulaba tras simular operaciones comerciales con una empresa del grupo SUM Capital, de acuerdo a los informes policiales incluidos en la carpeta investigativa. 

Con este modelo se detectaron movimientos de más de $5 mil millones en la cuenta del banco BCI de Hermosilla entre 2017 y 2023. Lo que para el Ministerio Público no generaba tantas dudas y lo definió como “dineros mezclados con aquellos obtenidos a través de fuentes ilícitas tales como retiros, remuneraciones e ingresos de sus actividades profesionales, ocultando así su origen espurio”. 

En esa línea, el equipo de fiscales determinó que estos fondos fueron utilizados por el imputado para sus “gastos personales, consumo, pagos de cuentas y saldo de créditos con entidades financieras”, cuya parte relevante la mantenía en efectivo en la caja fuerte de su oficina de Alonso de Córdova. 

De acuerdo a lo que ha podido establecer el Ministerio Público, Luis Hermosilla adquirió un lujoso departamento en Concón en 2022 por $262.588.035, “pagado al contado” y en el que habría presentado un “certificado falso” ante la inmobiliaria para justificar la inversión, el cual fue emitido por Factop y firmado por Daniel Sauer. Lo curioso, señaló la Fiscalía en sus escritos, es que a mayo de 2024 aún Hermosilla no inscribía el departamento a su nombre a pesar de haber pagado íntegramente el valor de la propiedad. 

Y, al parecer, el abogado necesitaba un alto flujo de dinero para costear su vida, pues los informes periciales detectaron que entre 2017 y 2023, el exsocio de Andrés Chadwick destinó los siguientes movimientos para solventar sus gastos: $12 millones en tarjeta de débito, más de $1.000 millones en créditos de consumo e hipotecarios, $642 millones en tarjetas de créditos, $82 millones en pago de servicios básicos y $34 millones en conceptos de recreación, vestuario, farmacia y supermercado. 

El abreviado que “acorraló” a todos los imputados del Caso Audio

Todos estos antecedentes mencionados en este reportaje fueron utilizados por la Fiscalía Oriente en la audiencia que revisó el primer juicio abreviado del Caso Factop, el pasado 29 de agosto en el que se buscaba condenar al testigo estrella: Marcelo Medina. 

Su colaboración eficaz fue aceptada por el Ministerio Público y el acuerdo se dejó firmado el 17 de julio en la Fiscalía Nacional con instrucciones confidenciales. 

Lo relevante de dicha instancia es que por primera vez el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago examinó los antecedentes bajo el alero condenatorio. Por tanto, la acusación contra Medina se podría tomar como un espejo premonitorio de lo que viene para el resto de los imputados, con quienes, según fuentes judiciales, prontamente se anunciaría el cierre de las pesquisas para ir a juicio oral. 

En ese sentido, la magistrada Ximena Rivera dio por acreditado todos los delitos correspondientes al contador y de pasó dejó en mal pie al resto de los imputados al considerar que Medina tuvo participación en un fraude mercantil de carácter grupal.

“Sin perjuicio de que no hay discusión respecto de la procedencia de la atenuante de cooperación eficaz, resulta necesario destacar que la conducta del acusado permitió darla por sentada de manera clara”, se lee en la sentencia que fue firmada el 8 de septiembre pasado por Rivera, en que enfatizó la valentía de abrir esta caja negra. 

“Ciertamente se trata de un aporte relevante, desde que la complejidad de los hechos que se investigan en este caso (…) pudiendo confeccionarse un detallado enunciado de las diferentes etapas de comisión de los ilícitos y de la situación patrimonial de los encartados gracias a la entrega de tal clase de información”, redactó la magistrada. 

El Ministerio Público, en definitiva, acertó casi un jaque mate al resto de los imputados, quienes quedaron “al borde de la cornisa”, de acuerdo al análisis de otros abogados intervinientes en este caso. 

Al aceptar su colaboración eficaz, Marcelo Medina fue condenado a cinco años de libertad vigilada y a un pago de multas millonarias. Si bien se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico bajo un cuadro de ansiedad, esta sentencia la tomó como una oportunidad para iniciar un nuevo camino en su vida y dejar atrás a los hermanos Jalaff Sanz a quienes veía como sus mentores.

“El tribunal marca un precedente relevante en materia de delitos económicos con esta sentencia: se promueve la prudencia, se fortalece la confianza de los inversionistas y se robustece la institucionalidad que sostiene el mercado”, cerró la abogada Susana Borzutzky.