Una huella, Diosdado Cabello y La Haya: los pendientes del crimen de Ronald Ojeda que encamina su cierre como un encargo político sin precedentes desde Venezuela

Son las 08.30 de la mañana del 21 de febrero de 2024 y suena el teléfono del ministro Luis Cordero, quien estaba en su despacho en el Ministerio de Justicia. Al otro lado de la línea llamaban de la Fiscalía Nacional.  

No eran buenas noticias. 

Le detallaron que cinco horas antes se había denunciado un secuestro de un ex militar de Venezuela de nombre Ronald Ojeda Moreno en la comuna de Independencia y que el hecho podía tener ribetes políticos.

La mujer de la víctima había declarado que su esposo era un opositor de Nicolás Maduro y que él tenía la calidad de refugiado tras escapar del país caribeño, donde había permanecido preso por participar de un intento de derrocamiento del régimen en 2017. 

Por ello, para el Ministerio Público era clave corroborar esa información como línea investigativa del secuestro que terminó en homicidio. Antes de cortar, le pidieron “prudencia” y no hacer público lo informado, pues se vivían horas claves del proceso de investigación.

Ese llamado, según altos fuentes de Palacio, también se realizó a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. 

Tras los diálogos con el Ministerio Público, el ministro Cordero cruzó calle Morandé y se instaló en uno de los despachos de Interior con el objetivo de canalizar toda la información disponible sobre Ronald Ojeda. Así, pidió copia del decreto de refugiado político para analizarlo y poder responder las consultas de la Fiscalía y las de los mismos asesores de Presidencia.

Una vez corroborado ese punto, según conocedores de esas reuniones, las autoridades en La Moneda pidieron a la Agencia Nacional de Inteligencia que levantara un dossier con todos los refugiados, policías y militares venezolanos que estuvieran en Chile, pues dado la gravedad de los hechos que se mantenían en ese momento, se hacía plausible que otros pudieran estar “en riesgo”.

En medio de eso, el fiscal nacional Ángel Valencia, cerca de las 10.15 horas, contactó personalmente al fiscal Héctor Barros para pedirle que asumiera la causa en el marco de la unidad ECOH.

El despacho de Interior, ese día, se convirtió en la Situation Room -sala de crisis-, donde cada antecedente que llegaba hacía crecer la tesis que estaban bajo un hecho de carácter político. De todas formas había que analizar la vida de Ojeda, su patrimonio y sus vínculos con el crimen organizado. Su secuestro podría estar anexado a ese ámbito como la totalidad de delitos extorsivos que estaban ocurriendo en Chile. 

Pero como la arista política crecía, se le encargó al entonces embajador de Chile en Venezuela Jaime Gazmuri hacer algunas gestiones reservadas para obtener alguna información sobre la víctima.  

En forma simultánea, de acuerdo a información obtenida por The Clinic, se encomendó a otros funcionarios corroborar si Ronald Ojeda era un miembro activo de la disidencia venezolana, lo que arrojó resultados negativos. En esas esferas, no era un personaje reconocido. A pesar que en sus redes sociales evidenciaba su rechazo a la dictadura y su cúpula.

Casi cerrando el día, sin embargo, a los ministros Tohá y Cordero les llegó un informe desde Miami en el que disidentes reportaban que Ronald Ojeda había sido secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro en Chile. Esa información comenzó a moverse como espuma por las redes sociales, sobre todo en las cuentas contrarias al gobierno venezolano. 

Al mismo tiempo, los reportes policiales no arrojaban ningún match que alimentara el foco del crimen organizado como móvil. De hecho, la señora de Ronald Ojeda había entregado información relevante sobre las acciones de su marido como opositor activo de Maduro.

En su declaración ante la policía, cerca de las 9:20 a.m., es decir seis horas después del secuestro, dio pistas claras de que detrás de este caso podría estar el gobierno de Venezuela: identificó como venezolanos a los secuestradores disfrazados de PDI al sostener un breve intercambio de palabras cuando se llevaban a su marido.

También reveló que Ojeda había estado nueve meses preso por actos revolucionarios en contra de Maduro y que se había fugado de la cárcel en 2017 para llegar a Chile un año después, donde pidió “asilo político”. 

Y como dato clave, informó a los detectives que habían detenido dos meses antes a un compañero de armas de Ojeda en Venezuela. Se trataba de Ányelo Heredia, un capitán en retiro que había caído en manos del régimen tras ser sorprendido en operaciones clandestinas contra Nicolás Maduro. Según la mujer, Heredia había dado el nombre de Ronald Ojeda a los servicios de inteligencia venezolanos como integrante de ese intento de plan golpista, por lo que estaban en “alerta” desde esa fecha. 

Así, pasaban las horas y a las autoridades de Gobierno no llegaba ningún antecedente que vinculara al ex teniente con redes delictuales. A lo que se sumanaba que en casi 20 horas, ningún captor se había comunicado para pedir dinero o extorsionar a la familia por su rescate.

En paralelo, el fiscal Héctor Barros, especialista en crimen organizado, avanzaba rápidamente en las primeras diligencias. Como llevaban varios meses investigando al Tren de Aragua, las primeras pistas los llevaron de inmediato a esa organización, cuya intensidad de las diligencias permitieron encontrar el cuerpo en la toma Santa Marta de Maipú a los nueves días.

También intentaron cruzar la vida de Ojeda con esta banda de crimen organizado. Pero no arrojó nada relevante en ese foco, salvo la contundente logística para ejecutar el secuestro, la cantidad de vehículos empleados y la caracterización de falsos policías. Lo que le formó de inmediato una opinión al coordinador de los equipos ECOH sobre esta causa.

La “motivación política”, por tanto, comenzaba a asomar con mucha fuerza.

Lo que incluso debatió un día con todo su equipo tanto de la Fiscalía Sur como de la BIPE de la PDI en su oficina:

–“¿Alguien tiene algún antecedente que diga que esto corresponde al crimen organizado?”

No hubo respuestas. 

El fantasma de Nicolás Maduro aparecía por todos los niveles.  

Los piratas de Aragua: La banda que habría contratado Diosdado Cabello 

Si bien no se encontraron conexiones entre Ronald Ojeda y su familia con estas agrupaciones, lo que sí se ha podido establecer con amplia certeza es que los presuntos autores intelectuales en Venezuela contrataron los servicios del Tren de Aragua para ejecutar el crimen.

Al día de hoy son 13 los imputados en prisión preventiva por la causa del ex militar y 26 los detenidos por integrar la célula del tren “Los Piratas de Aragua”. El último en ingresar a un anexo de alta seguridad fue Edgar Benítez Rubio, conocido como “El Fresa”, quien llegó bajo estrictas medidas desde Estados Unidos, el pasado 30 de septiembre.

El criminal fue detenido en Indiana tras un largo periplo de escape desde Chile. “El Fresa” era una pieza importante en el rodaje de “Los Piratas”, la célula de esta organización, que dominaba la mafia en la Región Metropolitana asociada a venta de drogas, comercio sexual, robos al menudeo y secuestros extorsivos. 

De acuerdo a la investigación, Benítez era el encargado de suministrar los autos a la banda para los diversos delitos que encargaban los jefes en la Región: Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, líder del Tren de Aragua en Sudamérica y el multi nombre Rafael Gamez Salas o Adrián Gamez Finol, que en su mundo es conocido como “Turko”, “Turkiño”, “Musculito”, “Rafa”, Rafita”, “Gordo” o “El Viejo”. Todo un camaleón, pero que inspiraba mucho miedo si no seguían sus instrucciones como número 1 de “Los Piratas” en Chile. 

Los automóviles que administraba Benítez han sido trascendentales para acreditar la participación de esta banda en los múltiples crímenes violentos que tuvieron su peak entre 2023 y 2024 en la capital chilena. Según fuentes del caso, se han detectado al menos cuatro vehículos en la ejecución reiterada de los secuestros extorsivos. 

Uno de ellos, usado en el crimen del ex teniente venezolano: un Nissan Versa. Este auto ya estaba “fichado” en la lista de la BIPE antes del secuestro de Ojeda, por lo que fue el hilo trascendental para identificar rápidamente a los autores de la desaparición del ex militar venezolano. 

La planificación del ataque al piso 14 de Calle Los Molinos en Independencia 

La formalización de “El Fresa”, el 1 de octubre pasado, dejó ante la Justicia el relato más actualizado de lo que ocurrió la última semana de febrero de 2024, dejando en evidencia el poder del Tren de Aragua. 

The Clinic tuvo acceso al detallado relato de hechos y que da cuenta de episodios inéditos sobre el brutal crimen que se perfila como un hecho político sin precedentes en Chile.

Así fue el secuestro con homicidio del ex militar que era buscado por Maduro.

Entre enero y mediados de febrero de 2024, “Carlos Bobby” y “El Turko”, máximos jefes del Tren de Aragua en Chile”, recibieron instrucciones de la cúpula de la organización: Aparentemente de Héctor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, a cambio de una “alta suma de dinero” para secuestrar y matar al “refugiado” venezolano.

“Para lo que se comenzó a planificar dicho delito, reuniendo elementos físicos y de inteligencia”, se lee en un documento judicial. 

Así, el “Turko” con autorización de “Carlos Bobby”, creó un grupo de whatsapp con banderas negras y calaveras, en alusión a su facción Los Piratas, para comenzar a reclutar a los miembros más avezados de Santiago para cumplir con esta misión. 

Los primeros en ingresar fueron Dayonis Orozco Castillo, Winner Rivas Olivares, Johnny López Mendoza, un sujeto identificado como “Monito” y otro como “Morocho”, además de Yolvi González Arcaya, quien también estuvo involucrado en la muerte del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez. 

La primera orden fue reunirse en el domicilio de Winner Rivas en la toma Santa Marta en Maipú para diseñar el plan de ataque. “El Turko” les dijo que el secuestro se realizaría vestidos como funcionarios de la PDI y que en la reunión “sólo hablaría una persona”. Dato no menor, pues evidenciaba la jerarquía casi militar del grupo. 

En ese lugar, según acreditó la investigación de ECOH, Yolvi González fue designado para resguardar los chalecos antibalas que usarían para caracterizarse como “falsos policías”.

Este grupo tuvo la misión además de obtener el armamento, vestimentas policiales, balizas azules, el ariete metálico para ejecutar el allanamiento y los vehículos. 

Es ahí donde aparece Edgar Bénitez, “El Fresa”, quien facilitó el vehículo Nissan Versa el 19 de febrero, según documentos de la PDI, cuyas pesquisas determinaron que sus patentes fueron adulteradas tras robarlo en una comuna de la zona oriente.  

Al día siguiente, como estaba planificado, los primeros en llegar al edificio de Ronald Ojeda en calle El Molino en Independencia, fueron Maickel Villegas y Ángel Castellano para iniciar a las 23 horas labores de vigilancia y cobertura. 

Cuatro horas después, cerca de las 03.05 horas, a bordo del Nissan Versa aparecieron cinco sujetos vestidos como funcionarios de la PDI, de los cuales sólo se han podido identificar a cuatro: Walter Rodríguez Pérez, Alfredo Henríquez Pineda, alías “El Gordo Ale” o “Gordo Conce”, Johnny López Mendoza, apodado “El Mudo”, y José Carlos Valverde Araujo. 

Sobre el quinto las pistas las narraremos más adelante, pues las pesquisas indicarían que sería la hebra que llega al Palacio Miraflores en Caracas, sede del régimen de Nicolás Maduro.

Los falsos PDI entraron simulando un allanamiento. No descuidaron ningún detalle, lo que les permitió subir rápidamente al piso 14 donde Ronald Ojeda dormía junto a su familia. Al conserje, le mostraron una orden adulterada de entrada y registro. 

El “operativo” duró pocos minutos. Con el ariete rompieron la puerta, tomaron por la fuerza al ex militar, lo esposaron, tomaron dos celulares y se fueron en medio de los gritos desesperados de la mujer del refugiado político. 

Todos estos movimientos fueron registrados por las cámaras del edificio que luego fueron conocidas por todo el país y mostradas constantemente en los noticieros. 

Antes de huir del condominio, había que registrar el resultado positivo. Para ello, uno de los secuestradores expuso a Ojeda en la reja por varios segundos con el objetivo de que Maickel Villegas y su compañero lo grabaran para constatar que el encargo se había concretado. 

Todos huyeron en dirección a la Costanera Norte, pero debieron parar en el kilómetro 20 en la comuna de Renca. El Nissan Versa presentó fallas y tuvieron que pedir un nuevo automóvil. Así, llegó un Hyundai i10, –cuyo conductor aún se desconoce– el cual fue abordado por la víctima, Walter Rodríguez y el quinto falso policía que hasta hoy es un misterio su identidad. Pero, de acuerdo a los conocedores de estas pesquisas, los elegidos para el traslado final eran los dos secuestradores con mayor experiencia, preparación y jerarquía.

El resto de la cuadrilla fue dirigida por Alfredo Henríquez, otro de los falsos PDI, para eliminar toda la evidencia y montar maniobras distractivas para que la caravana de Ojeda no fuera descubierta y pudiera terminar la misión.  

Según estableció la investigación dirigida por el fiscal Héctor Barros, Ronald Ojeda fue trasladado al domicilio de Jordan Soto Fuenzalida en el corazón de la toma Santa Marta, cuya toma, en ese momento, era controlada totalmente por el Tren de Aragua. 

Ahí fue torturado y colgado de ambos brazos hasta que se le causó la muerte “mediante asfixia por suspensión”. Es en ese momento que entró en marcha la segunda parte de esta perversa planificación que habría sido encargada por el número dos del régimen: Diosdado Cabello previa negociación con el “Niño” Guerrero en Caracas.  

En la carpeta investigativa aparecen una serie de testimonios que dan cuenta de la participación de Cabello, quien hoy ocupa el puesto de ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Venezuela. Antes fue presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente cuando era Presidente Hugo Chávez.

El Ministerio Público, además, ha obtenido información en la misma línea en los análisis de chats telefónicos de los imputados y miembros de “Los Piratas”.

Tras el fallecimiento del ex militar, entraron en acción, Kevin Hernández Ramos, alias “Pichota”, Luis Carrillo Ortiz, conocido como “Gocho”, Leonal Sanz Brito, “El Leo”, Julio Iglesias Pereira, Julián Iglesias Hoyos y Héctor Soto Maureira, quienes fueron fichados para ocultar el cuerpo sin saber de quién se trataba y las motivaciones. Para ellos, era uno más dentro de sus actividades criminales. 

Tanto así que cuando se hizo mediático, los delincuentes conversaron entre ellos la posibilidad de haber pedido más dinero por el trabajo si hubieran sabido a quién tenían que ocultar.

Ojeda fue enterrado a 1,4 metros de profundidad al interior de una maleta con cal. Y para “dificultar el hallazgo” se fabricó un radier de cemento. 

La videollamada que ordenó “escapar” tras el fracaso del plan Ojeda

El hallazgo del cuerpo del ex militar aún genera dudas entre los investigadores: Se preguntaban si los ejecutores de este crimen querían hacerlo visible o no estaba en lo planificado.

Y las respuestas aún siguen siendo ambiguas.

No, porque a todas luces, la logística e inversión aplicada para este crimen muestran que había una intención para que nunca se encontrara a Ronald Ojeda. Pero por otro lado, otros intervinientes del caso, sostienen que sí les interesaba que apareciera para mostrar una señal “fuerte, clara y potente” que si se amenaza al régimen habrían consecuencias letales.

Como información objetiva, sin embargo, entre las decenas de teléfonos analizados, aparecieron mensajes en que se detectó que hubo una reunión de emergencia el 25 de febrero de 2024 en el inmueble de Wimmner Rivas Moreno, mano de derecha de los líderes de la organización. De acuerdo a escritos judiciales, fueron citados todos los que participaron en el secuestro para escuchar instrucciones, mediante una video llamada, de “Carlos Bobby” desde Colombia. 

“Se instruyó que los imputados que concurrieron a secuestrar a la víctima debían huir del país”, se lee en documentos reservados. Así, esa orden fue cumplida por Jhonny López Mendoza, José Carlos Valverde Araujo, Edgar Benítez y Walter Rodríguez, entre otros. 

Esta medida la adoptó la cúpula del Tren de Aragua al detectar que la planificación no había resultado cómo se esperaba y que la policía estaba cercando a la organización, por lo que no se podía saber quiénes estaban detrás del encargo del secuestro, a pesar de que aún no encontraban a Ojeda. 

Pero había más. 

De acuerdo a conocedores de las pesquisas, entre interrogatorios y análisis de escuchas telefónicas y chats de los imputados, se ha podido determinar que se aplicaron “castigos” a los integrantes de esta facción del Tren de Aragua. 

Por ejemplo, uno de ellos fue que no se pagó la totalidad del dinero comprometido por este crimen y que incluso a uno de los secuestradores se le habría ejecutado por las negligencias cometidas durante el desarrollo del plagio. 

Ese soldado sería Walter Rodríguez Pérez, de quien no se han tenido noticias sobre su paradero. Sólo se supo que alcanzó a llegar a Perú o que al llegar a Venezuela lo habrían asesinado.  “Su caso ya es como un mito”, indicó un detective que trabaja en su búsqueda.

Además, esa tesis tendría sentido, dado que su huella fue levantada en el teléfono de Ojeda, por lo que fue uno de los primeros secuestradores en ser identificado. 

La otra huella dactilar que lleva a la cúpula política de Caracas y está en la mira de la ONU

A esta altura de las pesquisas, nadie rechaza la tesis de que este secuestro fue un encargo político desde Venezuela. Y no es antojadizo o sesgo de los investigadores, sostienen altas fuentes del Gobierno. 

“Se hizo todo lo que se debía para llegar a esa premisa. Se investigó completamente la vida de Ronald Ojeda y no arrojó nada que lo vinculara a actividades delictuales”, sostuvo un personero de La Moneda, quien agregó que desde el primer momento han respaldado la tesis expuesta por Héctor Barros. 

Además, esa misma fuente, sostuvo que tiempo después se informó que Ronald Ojeda integró una cuadrilla clandestina de ex militares venezolanos que intentó un nuevo golpe contra Nicolas Maduro, lo que se vio frustrado y logró regresar a Chile, en diciembre de 2023.

En ese sentido, comentaron desde el Ministerio Público, que el Fiscal Regional Sur a las pocas semanas detectó que esto era un crimen con origen político y cada intervención pública que ha dado sobre el tema ha dejado pistas sobre los supuestos autores políticos. 

“Han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno y particularmente que quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello”, aseguró Hector Barros, la semana pasada, indicando que no descarta una formalización en ausencia contra el número dos de Maduro si es que aparecían pruebas más “robustas”.  Esto a pesar de que el persecutor sabe que Venezuela no extradita a nadie por normas de su Constitución.

En esa línea, lo que se está esperando, es que se pueda identificar una segunda huella levantada desde el teléfono de Ronald Ojeda, que aún no ha podido dar match con ningún nombre en los registros policiales. 

Ese huella correspondería al secuestrador que siempre trasladó a Ronald Ojeda llevándolo con un brazo sobre su hombro y cuello, de acuerdo a los videos de seguridad. Tanto para Barros como para los detectives de la BIPE, esa persona era el líder de la operación en terreno: por sus movimientos tácticos, por la información que le daban en cada momento y porque es el que siempre estuvo encima de la víctima como una forma de “control y poder”.

Las diligencias sostienen que ese secuestrador llegó unos días antes del crimen a Chile y que abandonó el país inmediatamente tras ejecutar el plan de muerte. 

Si bien no hay confirmación concreta sobre su identidad, las sospechas e informes de inteligencia indicarían que se trataría de Alexander Granko, un coronel de contrainteligencia del régimen venezolano, cuya fama criminal lo apoda como “el torturador de Maduro”. 

Su historial también es conocido en la ONU, cuyas misiones de Derechos Humanos hacen permanente referencia a sus acciones y atentados de lesa humanidad contra los disidentes y opositores al gobierno caribeño. Tan así que tiene el ingreso prohibido a la Unión Europea.

En ese contexto, dicha misión liderada por la abogada portuguesa Marta Valiñas, hizo mención a la causa de Ronald Ojeda en el informe de 2024 presentado en octubre de ese año en la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

En el episodio número 49 sobre “Detenciones Selectivas vinculadas a Conspiraciones”, se detalló el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, dejando en claro que el crimen no tuvo un “carácter extorsivo” para dar una señal que no se trataba de un delito común.

La inclusión de este caso en el informe de la misión de la ONU, según fuentes de gobierno, no fue al azar. Los miembros vinieron a Chile, de forma reservada, para obtener detalles del caso. Los funcionarios diplomáticos se reunieron con autoridades del Ministerio Público y del Ejecutivo en julio de 2024.

Uno de esos encuentros fue con el ministro Luis Cordero, quien habría entregado un completo dossier para sostener que el secuestro se ejecutó en el marco de una connotación política encargado a una banda del crimen organizado.

La misión ONU también se reunió con otras personas vinculadas a la disidencia venezolana, por lo que se acordó publicar la información “justa y pertinente” para no exponer esos valiosos testimonios dado lo que se ha podido acreditar sobre las operaciones en conjunto del Tren de Aragua y la dictadura venezolana. 

A partir de eso, es que también, el Presidente Gabriel Boric visó que el canciller Alberto Van Klaveren acompañara al fiscal nacional Ángel Valencia a presentar estos mismos antecedentes a La Haya en abril pasado para sumarlos a la investigación que la Corte Internacional mantiene sobre Venezuela. 

Estas gestiones diplomáticas han tensionado aún más la quebrada comunicación entre Santiago y Caracas, pues Nicolás Maduro sabe que una decisión a favor de la denuncia chilena podría debilitar aún más su permanencia en el Palacio de Miraflores ante la escalada militar de Estados Unidos en el mar caribe contra los carteles narcos. 

Mientras eso avanza, el fiscal Héctor Barros ha fijado con su equipo cerrar la indagatoria por el crimen de Ronald Ojeda en diciembre próximo y así comenzar uno de los juicios más complejos del sistema penal chileno en marzo de 2026. 

Eso sí, sin la presencia de los máximos líderes, a quienes si bien están en curso las extradiciones: “Carlos Bobby” en Colombia y “El Turko”, en Estados Unidos, el persecutor ve difícil que puedan llegar a Santiago para esas fechas por la lentitud de los procesos.

“Hay que hacer todo lo posible por darle justicia a la familia de Ronald Ojeda”, es la frase que cada cierto tiempo repite Héctor Barros a su equipo a modo de arenga ante lo que ha significado este complejo caso a casi dos años de su macabra ejecución.