Exjefe de la Dipres alerta que CAE y la gratuidad le costarán al Fisco US$21.200 millones por sobre lo proyectado al 2030

Esta mañana la comisión de Educación del Senado se encuentra llevando a cabo un seminario que analiza el CAE, el FES y la nueva forma de financiamiento para la educación superior.

Allí, han expuesto una serie de expertos, entre los que se encuentra el exdirector de Presupuestos del gobierno de Piñera, Matías Acevedo.

Acevedo, según plantea Diario Financiero, presentará un análisis clave en torno a cuánto le costó al Fisco el error en las proyecciones del costo de dos de las principales reformas al sistema educativo: el CAE y la gratuidad.

El economista calculó que al comparar los flujos proyectados en los informes financieros de las dos leyes con el gasto real, el error de proyección del costo para el Estado fue millonario. Equivale a cerca de 5,5% del Producto Interno Bruto hacia 2030, lo que se traduce en unos US$21.269 millones.

Por qué se calculó mal el CAE y la gratuidad

Respecto al CAE el exDipres calculó que el mayor costo fiscal acumulado respecto del informe financiero inicial, incluyendo el costo financiero, alcanzará US$10.280 millones a 2030.

“En su momento, no se ponderó adecuadamente el riesgo fiscal asociado a que se trataba de créditos para los que el mercado de capitales y la banca iban a mostrar un creciente desinterés para financiar. Tampoco se evaluó correctamente el riesgo de no pago, incluyendo las presiones políticas que, con el tiempo, empujaron a transformar este sistema en una gratuidad de facto”, dijo Acevedo al DF.

Mientras que en el caso de la gratuidad, que hoy cubre hasta el 60% de la población más vulnerable, el error acumulado se estima en US$10.989 millones al año 2030, representando un 2,84% del PIB.

“No se estimó adecuadamente el comportamiento estratégico que adoptarían los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, quienes ajustaron su situación socioeconómica para acceder al beneficio. Tampoco se anticiparon las presiones de las instituciones para superar el límite de crecimiento de la matrícula establecido en la ley, ni la presión por incrementar los aranceles regulados, en un sistema que nació estructuralmente desfinanciado”, plantea Acevedo.