Negocios
16 de Noviembre de 2026Economistas cuestionan acuerdo con camioneros y apuntan a que alto costo fiscal equivale a un hospital de alta complejidad, 3 mil viviendas sociales o 10 comisarías
Durante el fin de semana dos figuras principales del gobierno del expresidente Piñera, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones y el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, y el académico de la UAI, Claudio Agostini, criticaron los beneficios otorgados a los gremios de empresas de transporte.
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Las críticas al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios del transporte no tardaron en aparecer. Mientras el Ejecutivo defendió el paquete de medidas para contener el precio de los combustibles y apoyar al sector, voces detractoras cercanas al oficialismo salieron durante este fin de semana y apuntaron al costo de oportunidad de los recursos fiscales que contempla el proyecto y los beneficios tributarios concedidos a los transportistas.
Si bien preliminarmente se anticipaba que la iniciativa tendría un costo de US$900 millones, el informe fiscal reveló que sería de un total de $820.587 millones o su equivalente en US$820 millones. Hasta ahora, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y está a la espera de ser discutido en Sala a las 15:00 de este lunes.
Uno de los cuestionamientos vino del exdirector de Presupuestos del expresidente, Sebastián Piñera, y académico de la Universidad de los Andes, Matías Acevedo, quien puso el foco en el costo de oportunidad de los recursos comprometidos. En una carta al director en El Mercurio publicada bajo el título “¿Un buen acuerdo para quién?”, comparó los US$900 millones preliminares con otras necesidades de gasto público que podrían financiarse con ese monto.
“¿Qué se puede financiar con US$ 900 millones? A los costos de referencia de proyectos y programas chilenos, alcanza para 20.000 cirugías de cadera o rodilla, un hospital de alta complejidad de 510 camas como el Regional de Ñuble, 3.000 viviendas sociales como las de El Trébol en Punta Arenas, diez comisarías como la Cuarta de Quillota y 250 kilómetros de pavimentación al costo del camino Huallepenco-Rinconada, en La Araucanía. Todo eso junto”, planteó Acevedo.
Acevedo cuestionó que los dirigentes camioneros consiguieran un paquete de beneficios en medio de los bloqueos de carreteras y las amenazas de paralización del país. “Fue un ‘buen acuerdo’ para los camioneros, no para el resto de los chilenos”, concluyó.
Otra de las críticas apunta específicamente al aumento de la devolución del impuesto específico al diésel. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, del gobierno de Piñera, advirtió a través de la red social X que “no solo mantienen la alta devolución histórica del impuesto al diésel: la aumentan. ¿Costo fiscal de esta sola medida? En régimen, US$100 millones/año; $3,5 millones promedio por camionero. Nada mal el premio por unos días de toma de rutas vulnerando el Estado de derecho”.
Y aclaró: “Mi crítica no es a un gobierno. Lo dije en 2022 y lo sostengo hace años. Dar beneficios ante tomas ilegales las valida, incentiva a otros a hacer lo mismo y debilita el Estado de derecho”.
Por su parte, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Claudio Agostini, también en X, alertó sobre la evolución histórica de la devolución del impuesto específico al diésel para los camioneros. Recordó que el beneficio comenzó en 2000, con una devolución de 7%, luego de un paro de tres días. En 2003 subió a 20% y en 2006 llegó a 25%.
“Otro paro de camioneros en 2008 logró aumentarlo a 80%. El beneficio era transitorio, pero otro paro en 2011 lo extendió”, recordó.
“Si la opción fuera subsidiar camioneros y el diésel por US$900 millones o destinar esa misma plata, que es casi el mismo presupuesto de los subsidios DS19 y DS1 en 2026, a 38.800 subsidios a vivienda ¿cómo votarían los parlamentarios?”, aseveró Agostini.



