Fiscal Nacional Ángel Valencia por sentencia absolutoria de emblemático Caso SQM: “Por supuesto que es duro y es frustrante, pero es una causa que no ha terminado”

Es jueves. Han pasado 48 horas desde que el OS.7 de Carabineros realizó diversos allanamientos por la arista “Muñeca Bielorrusa” que indaga corrupción y pago de coimas en una red liderada por la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles. Todo coordinado, además, con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos y los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán. 

Una trama que involucra también pesquisas por lavado de dineros y que ha significado un duro mazazo para la cúpula del Poder Judicial. 

Un relato de hechos que no estaba en los manuales del fiscal nacional Ángel Valencia al momento de postular a la jefatura del Ministerio Público a inicios de 2023. Ni menos cuando tuvo que enfrentar a ese mismo máximo tribunal para convencerlos de tener su nominación. 

A ellos les dijo que su prioridad iba a ser el crimen organizado y la corrupción en las municipalidades. Pero nunca pensó que iba a tener que lidiar con una estrategia para, quizás, encarcelar a la que fue vocera de la Corte Suprema. 

“Jamás pensé que iba a pasar lo que ha pasado”, confiesa en su despacho del “búnker” de la Fiscalía Nacional en calle Catedral. El mandamás de los investigadores se había aislado de las pautas públicas tras el fallo absolutorio del caso SQM y las diligencias secretas del caso de Ángela Vivanco en medio de las que eran las inminentes detenciones. 

Pero decidió interrumpir su silencio y recibir a The Clinic para conversar de todo: causas políticas, los chats de Luis Hermosilla, el narco en el Estado y el rol de Nicolás Maduro en el crimen del teniente Ronald Ojeda. 

Un menú de casos que suenan espulantes, pero que el Fiscal Nacional dice que ha sabido digerir en estos casi tres años de gestión. Un viaje que se parece mucho a los dos libros que está leyendo simultáneamente en estos momentos. 

“Los Valientes están solos” de Roberto Saviano, que retrata la vida de Giovanni Falcone, un juez italiano que combatió a la mafia en Palermo, siguiendo la ruta del dinero, y que falleció en 1992 cuando el auto en que viajaba con su esposa, explotó en una autopista. 

Y “V13” de Emmanuel Carrere, quien escribe una intensa crónica sobre el proceso judicial que abordó el atentado islamista en una discotec de París que dejó 130 muertos.  

–Fiscal, tres años liderando el Ministerio Público. ¿Cómo ha sido este viaje?

–De hecho ya pasamos un tercio del periodo. El próximo año se cumplen tres años, pero ya pasamos un tercio del periodo. Mire, es un tiempo valioso, fructífero.

Yo creo que pudimos hacernos cargo de muchos reproches, muchas críticas que tenía la institución, tanto en lo que se refería al funcionamiento. Problemas más bien, que tenía tanto en el funcionamiento interno como en la forma que estábamos afrontando los desafíos hacia el exterior. Y creo que algo muy valioso es que hemos podido mostrar resultados, obtener resultados muy concretos.

–¿Qué medidas ha tenido que adoptar para cuidar su gestión?

–Hay algunas que son menos visibles que tienen que ver con el funcionamiento interno, tienen que ver con poder contar con un sistema informático moderno para toda la fiscalía que reemplaza el que tenía más de 20 años. 

Además, mejorar los niveles de coordinación entre las distintas fiscalías, que nos parecía que había un déficit muy grande. Hemos contribuido, creo que muy significativamente, a mejorar los estándares de persecución penal en las áreas que nos importaban, que era en el área de la persecución del crimen organizado y en las áreas de corrupción. Dijimos originalmente, en el ámbito de las municipalidades, prioritariamente, pero después la realidad nos ha puesto otros desafíos que han sido públicos, tanto más importantes que ese.

–Y esos desafíos han derivado en decisiones como distribuir las causas relevantes entre fiscales regionales. Algunos lo han criticado. ¿Qué es lo que busca con esa decisión?

–La fiscalía es una a lo largo de todo el país. Y tenemos que tratar de distribuir el trabajo de una manera que no sobrecargue alguna fiscalía regional que ya estaban muy presionadas, pero además creo que era importante considerando la gravedad de los casos como el caso convenio. O lo que ha ocurrido en el caso audio. De buscar que los equipos que estén a cargo de esas investigaciones, sean equipos que estén lo más lejos posible de los círculos de influencia de de las personas que se están investigando.

–¿Eso no tiene que ver con fiscales regionales que suponen que son más de confianza que otros? 

–No, no tiene que ver con la confianza personal. Una cosa que caracteriza la institución es que los fiscales, los equipos de apoyo son gente con alto nivel de experiencia y muy capacitado. Pero sí es necesario poder repartir las causas de una manera que equilibre las cargas de trabajo y potencie las especialidades y además aprovechar ciertas circunstancias particulares que son muy importantes considerando la complejidad y de la naturaleza de los casos.

–¿Cómo se convive con la presión política?

–Lo primero es aplicarse estrictamente a la Ley. Nosotros tenemos una normativa que regula la forma cómo podemos atender público, solicitudes de entrevista y tratamos de aplicarnos estrictamente a lo que esa regla dispone. Y tratar también dentro del marco esa regla ejercerlas con buen criterio. Pero quisiera recordarle algo que es propio de la actividad de esta institución. El Ministerio Público es autónomo constitucionalmente porque va a haber inevitablemente intentos de ser presionado.

–¿Cree usted que se mal entiende el apoyo en un voto? Es decir, un sector le da su apoyo y usted al asumir debe devolver ese favor con audiencias o intervenciones en casos

–Las generalizaciones son injustas. Yo no no quisiera hablar del mundo político porque con razón alguien podría decir hoy que ellos forman parte de ese mundo, no es justo lo que usted está diciendo. Creo que con mucha lucidez el ministro Milton Juica, el ex ministro de la Corte Suprema, describió que uno tenía aquí una suerte de un deber de ingratitud.

Pero es inevitable que se intente. Pero es que la gente está acostumbrada a eso y sabe cómo mantenerse al margen. Lo que no significa que estén blindados, no significa que sean inmunes. 

–¿Lo llaman mucho?

–Súper poco. La verdad que casi nada. Y de hecho cuando a veces te insisten en la medida posible, esa medida es reconducida a pida una audiencia. 

–¿Le ha pasado algún episodio indebido?

–La verdad que un llamado indebido, en este período, no recuerdo uno para ser franco. 

Cierre de causas emblemáticas y la larga decisión del fiscal de ir o no por un nuevo juicio en SQM

–¿Cómo se resuelven las derrotas judiciales o los cierres de causas sin responsables? La ciudadanía queda esperanzada en que se haga justicia, que se formalice y se llegue a un juicio. Le pongo como ejemplos, Sierra Bella o Casa Allende. Se destituyó a una senadora emblemática de la política chilena, pero la fiscalía decidió no seguir por falta de antecedentes. 

–Permítame separar situaciones que son distintas. Las situaciones en las cuales la investigación pudo establecer que se cometió un delito, pero no se ha identificado los autores: eso es impunidad. 

Pero cosa distinta es cuando se realiza una investigación. Y se puede concluir que no se ha cometido un delito o no se encuentra antecedente suficiente de que se le haya cometido. Eso es una situación distinta. Porque en esos casos, particularmente cuando se esclarecen los hechos y se concluye que no hubo delito, se puede decir que la fiscalía hizo su trabajo y lo hizo satisfactoriamente. Y hay una actividad judicial que es exitosa.

Y cuando los casos que usted plantea, el caso de Sierra Bella, el caso de Guardia Vieja, el Ministerio Público finalmente decide no perseverar, o sea, no continuar con la investigación, porque no hay antecedentes de que se haya cometido un delito, eso no es ni cerca un fracaso. Nadie se puede sentir frustrado por eso. Porque en ese caso está cumpliendo con el deber.

–Pero esas investigaciones generan una expectativa. ¿Quién debe asumir esa responsabilidad? ¿Los mismos querellantes? 

–No, mire. Separemos cosas. Creo que el caso, por ejemplo, Guardia Vieja es un buen ejemplo; me refiero al caso de la compra de la casa del Presidente Allende. Es un buen ejemplo porque eso te puede mostrar que algo puede ser inconstitucional. Podría, no sabemos, eventualmente también ser ilegal, no lo sabemos. Se está discutiendo, si fue o no fue legal. Pero no necesariamente delito.

Son tres mundos distintos. Son tres mundos diferentes. Y además saca la carga ética. No es competencia nuestra hacer un juicio ético de lo ocurrido. Nuestra responsabilidad tiene que ver con si se cometió o no se cometió un delito.

Si no hay antecedentes de que se haya cometido un delito, conforme a nuestros deberes de objetividad e imparcialidad, nuestro trabajo está realizado al haber agotado la diligencia de haber puesto esto en conocimiento del tribunal y de los intervinientes. Y si los querellantes tienen una opinión distinta eso es legítimo en un Estado de Derecho, lo discutimos en un tribunal y el tribunal resolverá si es mérito o no es mérito para reabrir, pero esto está lejos de ser un fracaso.

–Usted ha hablado de la frustración. ¿Hay frustración por lo que ocurrió con el fallo absolutorio del caso SQM?

–Por supuesto que sí. Claro que sí. Si el Ministerio Público presenta una acusación, es porque el Ministerio Público entiende que hay prueba suficiente para acreditar la comisión de un delito a personas determinadas. Ahora en un Estado de Derecho es un tribunal que finalmente resuelve. En consecuencia, la sentencia absolutoria siempre va a ser frustrante.

–¿Y se puede tomar como un fracaso también?

–Por supuesto que sí. Pero es temporal, es un traspié. Yo no puedo decir. Hay que tener cuidado con eso porque formalmente es una causa que todavía está pendiente. Además, es una sentencia que se sostiene solo sobre un voto de mayoría, o sea, dos contra uno. Mire, un ministro de corte antiguo decía que en este ámbito, la justicia es lo que en una sala de tres votan dos personas.

Por supuesto que es duro y es frustrante, pero todavía formalmente es una causa que está pendiente, la sentencia la vamos a conocer en agosto del próximo año y todavía en lo formal esa causa no ha terminado. Pero sería mentir, decir, de que no tenemos la sensación de que la cosa se pone aún más cuesta arriba. 

–Fiscal, ¿usted es de la idea de ir a un nuevo juicio?

–No puedo impartir instrucciones particulares. En consecuencia, emitir una opinión podría ser interpretado como que estoy dándole la señal a los fiscales que tienen que tomar esas decisiones. Pero yo creo que no cometo ninguna falta si digo que normalmente en casos como este la decisión del Ministerio Público, después de todo, recurrir suele ser una mejor disposición de la fiscalía a presentar un recurso antes que abandonar el caso. 

A veces en algunas oportunidades podría haber un caso en que uno podría decir, mira, aquí se puede recurrir. Pues la pena, el trabajo, el esfuerzo no hace preferible que dejemos este asunto hasta acá. Normalmente en un caso como este, que tiene una relevancia como esta, si hay mérito para hacerlo, muy probablemente la fiscalía lo haga.

–En estos casos también debe haber autocrítica. El rector Peña dijo “ser fiscal impone un rango de sobriedad”. ¿Qué opina usted?

–Quisiera separar la frase del profesor Peña de la de un juicio acerca del desempeño de los fiscales en la causa. Es decir, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Peña. Lo comparto.

Ahora, cosa distinta es afirmar si los fiscales que participaron de esta causa cumplieron o no cumplieron con esta exigencia. Y la verdad que eso pasó en el pasado. No quisiera emitir un juicio en particular. Pero probablemente una de las cosas que caracterizan a los buenos fiscales es que sienten una profunda pasión por la justicia. Y a veces las pasiones te pueden llevar a comentarios guiados solo por ella. 

–A usted le tocó estar a la cabeza en el momento del fallo absolutorio. A su juicio, ¿habían antecedentes para condenar a los ocho acusados?

–Más que mi opinión, lo que importa fue la opinión institucional. En su momento la institución entendió que habían antecedentes para condenar y eso fue el motivo por el cual presentaron la acusación. Sin embargo, después de lo que haya ocurrido en el juicio, hay un reclamo administrativo en contra de los fiscales. Entonces, lo que ya ocurrió efectivamente en el juicio, quizás puede ser necesario que yo emita alguna opinión. Así, lo que corresponde es que me abstenga.

–¿Qué le parece que los jueces hayan considerado que el entonces senador Pablo Longueira no cometió el delito de cohecho porque se consideró que usó un mail privado y no el institucional del Senado?

–No quisiera hacer una caricatura del veredicto. Muchas veces uno puede, dentro de ciertos razonamientos, sacar frases de contexto y ridiculizarlas. Pero por sí solo sería un muy mal argumento. Por sí solo sería un argumento muy pobre. 

Creo que un argumento como ese puede tener sentido solo en la medida que vaya acompañado de otras situaciones de hecho que justifiquen qué es lo que se quiere decir, pero afirmar que un funcionario público queda exento de responsabilidad como tal, sólo porque utiliza una cuenta de correo personal, de Gmail, no creo que sea un argumento de mucho peso. Pero insisto, tampoco quisiera sacar las cosas de contexto.

La escucha ilegal en ProCultura y los “obstáculos” de los jueces para seguir investigando

–¿Resulta muy complejo enfrentar causas políticas?

–Siempre. Pero no solo aquí. Usted le pregunta al fiscal de Sudáfrica, le pregunta al fiscal de Australia, le pregunta al fiscal de Estonia, al fiscal general de Brasil. Siempre es complejo, en todas partes.

–Se lo pregunto porque su gestión ha tenido la particularidad de tener muchos casos políticos como Democracia Viva. ¿En qué va esa causa?

–Está a cargo del fiscal Juan Castro, el fiscal regional de Antofagasta. Está vigente y ya presentó la acusación. Todavía no se hace la audiencia de preparación de juicio oral. Y si el fiscal presentó la acusación es porque el fiscal estima que hay antecedentes suficientes para atribuirle participación a las personas acusadas y para que el tribunal condene.

–En esa causa también figuraron otros personeros de gobierno. Por ejemplo, ¿qué pasó con Miguel Crispi y la exsubsecretaria Tatiana Rojas?

–Mire, no quisiera especular sobre la suerte procesal de otras personas que no han sido objeto de formalización o de acusaciones. Lo que hoy tenemos, personas que fueron formalizadas y acusadas. Y de momento esas son las personas a las que la fiscalía le está atribuyendo participación. El que otras personas no estén formalizadas, no estén acusadas, no significa que alguna vez no se haya perseguido su participación.

–Otro de los casos es ProCultura. Estaba todo listo para formalizar y ocurrió el tema de la escucha ilegal captada a la exseñora de Alberto Larraín. ¿Ese episodio afectó mucho a la causa?

–Sí, sí, por supuesto. Aunque no tenía que verse como transmitido con elementos que fueran esenciales dentro de la investigación, pero sí, no cabe duda que se le hicieron a la Fiscalía imputaciones muy graves. Eso siempre impacta.

Pero hay una investigación que sigue adelante y está a cargo del fiscal Castro. Es una investigación compleja. Las investigaciones como Democracia Viva y otras complejas, necesitan analizar cuentas corrientes, mensajes de correo electrónico. Aquí los apuros pueden pasar y las embarradas quedar. 

En consecuencia, el fiscal Castro creo que ha demostrado una independencia y la objetividad necesaria para conducir causas como esa y otra. Y confío en que va a tomar las decisiones criteriosas. Ahora, lo que resulta en los tribunales es otro asunto. 

–Para ese terreno quería llevarlo. Se han pedido medidas intrusivas, pero al parecer, los jueces no han querido dar vistos buenos para conseguir esas pruebas. ¿Qué está pasando?

–No quisiera especular respecto de motivos extrajurídicos o extraprocesales que pudieran estar influyendo en retrasar esas diligencias. Pero por supuesto, no ayuda al avance de la investigación. Si ese fiscal pidió acceso a cuentas corrientes o información financiera es porque las necesitamos. Mire, esa es una investigación por delitos llamados de cuello blanco. Ahora, en ese tipo de investigaciones, tal como en los casos de crimen organizado, el centro es seguir el dinero. Si no le dejan revisar cuentas corrientes, están entorpeciendo, dificultando ir al núcleo central de esta investigación. 

–¿La Fiscalía siente que se está entorpeciendo esa labor?

–Lo que siente la fiscalía, es que el rechazo de estas diligencias entorpece esas investigaciones. Pero de ahí a concluir que esto es producto de razones extrajurídicas es una afirmación que no corresponde que haga ni tampoco podría afirmar que tengo antecedentes para sostenerlo. Pero no cabe duda que negar o no hacer lugar a esas peticiones, por supuesto que constituyen obstáculos para la investigación.

–¿Le pareció imprudente las gestiones que aparentemente estaba realizando el Presidente Boric para colaborar con una de las imputadas de este mismo caso?

–No quisiera emitir una opinión sobre la actividad del Presidente de la República, más todavía considerando que esa diligencia fue declarada viciada por parte de un tribunal. Estoy seguro además que el Presidente y el equipo de abogados que lo asiste tendrán conclusiones o una opinión respecto a acciones como esa, pero considerando que es el Presidente de la República, pero especialmente, muy especialmente, de que es una actuación que fue declarada viciada por parte de la Corte, es que preferiría no emitir opinión.

–¿Cuándo se va a formalizar el Caso ProCultura?

–Se va a formalizar una vez que el fiscal estime que están en condiciones de hacerlo. Pero me parece, desde el punto de vista procesal, las gestiones que están realizando respecto del gobernador de la Región Metropolitana (Claudio Orrego), son gestiones que él estima previas para pedir la formalización.

Caso Audio: “Fue como la caída de un meteoro”

–Continuemos por otro caso complejo. A dos años del polémico audio. ¿Cómo calificaría ese caso?

–Como la caída de un meteoro que no esperábamos que ocurriera, una cosa parecida. Estábamos todos sentados tranquilos haciendo nuestro trabajo en la realidad cotidiana y de repente cae alguna prueba. Es una cosa parecida y que provoca un sismo de proporciones que obliga a tomar medidas extraordinarias.

–Y dentro de esas medidas, ¿no estaba tampoco en los papeles pensar que se podía detener a una ministra de la Corte Suprema por delitos de corrupción?

–Mire, cuando postulé ante la Corte Suprema manifesté que nuestras prioridades iban a estar en combate al crimen organizado y la persecución de la corrupción particularmente en las municipalidades, porque estimamos que teníamos una deuda en ese momento. Jamás pensamos que iba a pasar lo que ha pasado en el punto a lo que usted se refiere.  

–Si bien deben haber muchos teléfonos poderosos. Pero un teléfono como el del señor Hermosilla, a disposición de una investigación penal ha sido una especie de Armagedón. ¿Cómo analiza esa evolución? 

–Lo que he podido ver es que los fiscales han tratado de actuar con prudencia. Y con objetividad e imparcialidad. Velando por cumplir con su deber legal. Ni más ni tampoco menos. Creo que han hecho un esfuerzo muy importante por seguir con algo que les he pedido siempre desde que llegué. Y son dos cosas importantes. La primera, no somos un tribunal moral, lo nuestro es la ley. Aquí no nos corresponde ni hacer investigación histórica ni tampoco buscar ser los guardianes de la recta ética y la moral.

Nosotros somos una fiscalía que investiga hechos que están descritos en el libro que está en la biblioteca, que se llama Código Penal. Ese es el foco de nuestro trabajo. Y lo segundo, que se extiende las causas de crimen organizado o de otra materia. De que el foco aquí está puesto en equipos. No en superfiscales. El foco está puesto en equipos, son equipos los que investigan. Y esos esfuerzos han sido muy evidentes.

–Le planteaba el tema del poder de ese teléfono, porque incluso lo salpicó a usted y a la fiscal jefe del caso madre Lorena Parra. ¿Qué opina?

–Se intentó emplear para enlodar o dañar la reputación de las personas. Luego hubo un momento en que pareciera, o se intentaba hacer parecer, que el hecho de haber tenido alguna vez un mensaje por WhatsApp o haber tenido una conversación telefónica con el titular de ese teléfono desde ya te transformaba en una persona peligrosa o sospechosa.

En su momento yo afirmé que efectivamente había tenido mensajes, había intercambiado mensajes de WhatsApp a propósito de mi trabajo profesional. Creo que hasta junio del año previo a mi nombramiento y que después de eso no había tenido y que no había mensaje que estuviera asociado con mi nombramiento, ni mi designación, ni nada por el estilo y así consta en la carpeta de investigación.

También se intentó enlodar a muchas personas y enturbiarla solo por haber tenido intercambios de mensajería con este colega ahora imputado.  Creo que es esperable que estas causas sean muy complicadas. Se trata de ganar no sólo en tribunales sino que tratan de ganar a veces por otros medios. 

–¿Usted se refiere al abogado del imputado Hermosilla?

–Al que le venga el sayo que se lo ponga.

–En las últimas horas, en el marco de una querella del imputado Hermosilla, la Fiscalía Occidente solicitó acceso a comunicaciones de periodistas por las filtraciones en este caso. ¿Qué opina?

–Las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público son lideradas por las respectivas fiscalías regionales y sobre ellas el Fiscal Nacional no tiene la atribución de dar instrucciones particulares. Es así como cada acción, diligencia o gestión que se realice es de responsabilidad del fiscal a cargo de la investigación.

La norma legal que evitó que la exministra Vivanco fuera detenida con su pareja

–De lo que hemos conocido del Caso Vivanco, ¿ya supimos lo peor o la ciudadanía debe estar preparada para más hechos de corrupción en el sistema judicial?

–La verdad que formalmente la ciudadanía todavía no toma conocimiento de mucho. Lo que formalmente conoce la ciudadanía, puede decir que conoce, es lo que la fiscalía de Los Lagos y la fiscalía a cargo han hecho público. El resto son trascendidos de prensa más o menos confiables dependiendo de la fuente y del medio que lo publica.

–¿Por qué la exministra Ángela Vivanco tiene que pasar por una querella de capítulos y no se pidió una orden de detención?

–Mire, respecto de la señora Vivanco los fiscales han tenido muy en consideración una jurisprudencia reciente de la segunda sala de la Corte Suprema, que dispone que incluso que los ministros del Tribunal Superior de Justicia, incluso después de haber terminado su cargo, están protegidos por el deber de que se presente una querella de capítulo y se acoge esa querella en su contra para que se puedan decretar medidas cautelares en su contra y, por ejemplo, una detención o una citación.

Así lo hicieron y los tribunales superiores determinarán si hay o no mérito para seguir la causa en contra de la señora Vivanco.

–Si no hubiera estado ese blindaje, ¿ella hubiera corrido la misma suerte de su pareja Gonzalo Migueles?

–Si no hubiera estado ese blindaje. Es decir, ese régimen especial de protección de los tribunales superiores, la normativa legal aplicable para ella habría sido la misma que la de las otras personas. Pero ahora bien, si los fiscales iban o no iban a solicitar respecto de ella una detención o su simple citación o pedir su formalización, eso dependería de la opinión de los fiscales. 

–¿Le sorprendió que la Corte Suprema salvará al ministro Antonio Ulloa? 

–Es que eso está dentro del ámbito de atribuciones de la propia Corte. Yo no quisiera emitir una opinión sobre el punto.

Fiscal Nacional sobre Tren de Aragua, Maduro y Caso Ojeda: “Lo más parecido que he visto en mi vida profesional a un acto de terrorismo de Estado”

–Cómo si fuera poco de lo que hemos conversado: el crimen organizado tiene tomada la agenda de seguridad. ¿Es Chile un lugar seguro para vivir? 

–Hoy día Chile es un lugar menos seguro que hace 10 años. Eso si uno mira los números, pero estamos haciendo esfuerzos muy importantes para que esa situación cambie. Creemos que el esfuerzo de ECOH, el esfuerzo que han hecho los fiscales durante este periodo: están condenando más y archivando menos, en los casos que le he planteado ha contribuido a rebajar la tasa de homicidio y que estamos dando una pelea importante. Estamos trabajando para que el país sea más seguro. 

–¿Cómo el Tren de Aragua llegó a penetrar tanto el sistema chileno?

–Lo primero. La amenaza del crimen organizado transnacional, es una amenaza global. Nosotros enfrentamos el problema con el Tren de Aragua. Pero Países Bajos, el problema que tiene es con el puerto de Rotterdam. Los problemas que tiene Estados Unidos con el control de Las Maras, el esfuerzo que hacen por controlar Las Maras y la preocupación también del Tren de Aragua. El esfuerzo italiano por tratar de controlar la operación de la mafia albanesa.

Habría sido ingenuo pensar que en Chile no iban a intentar hacerlo. Ahora, ¿cómo fue que ocurrió que el Tren de Aragua nos eligió? Bueno, no cabe duda que a consecuencia de que intentaron disimular su ingreso dentro de la migración, el fenómeno de la migración explosiva venezolana de los últimos años y por eso que entraron en Chile. 

–¿El Tren de Aragua trabaja con la dictadura de Nicolás Maduro? Se lo digo, porque el fiscal Héctor Barros ya ha comunicado la intención incluso de extraditar a Diosdado Cabello por el crimen de Ronald Ojeda

–Mire, lo voy a decir de esta manera. Lo más parecido que yo he visto en mi vida profesional, directamente, a un acto terrorismo estado es lo que ocurrió con el teniente Ojeda. Lo más parecido y conocido. Y los chilenos tenemos memoria de casos parecidos. Nosotros lo que tenemos que hacer es investigarlo con la mayor seriedad, objetiva y prolija posible. El equipo que ha liderado el fiscal Barros ha hecho un gran trabajo en ese punto.

–¿Para la fiscalía hay convicción de que el régimen de Nicolás Maduro actuó criminalmente en Chile?

–Legalmente todavía no se puede decir eso. Legalmente porque la investigación no está cerrada. Pero hago mía las palabras del fiscal Barros. O sea, los antecedentes de investigación apuntan a que el crimen del teniente Ojeda habría sido encargado por agentes del Estado venezolano como consecuencia de su actividad contra el régimen.

–¿El narcotráfico, derivado de esta crisis de crimen organizado, penetró en el Estado?

–Son afirmaciones muy categóricas. Es difícil responderlas con un sí o con un no, pero no cabe duda que hemos visto incidentes, hemos investigado hechos que no teníamos precedentes.

El caso de funcionarios de la FACH, el caso de funcionarios del Ejército. La diligencia que involucró a gendarmes. Son situaciones que antes no habíamos detectado. Si eso no lo habíamos detectado o son situaciones nuevas, el tiempo nos irá diciendo esa respuesta. Pero claro. Hoy día estamos investigando hechos que involucran a funcionarios públicos que antes no investigábamos.

–Le hacía la pregunta anterior, porque la Fiscalía también tiene sus casos vinculados a bandas narcos. Los Ángeles y Rancagua. Éste último, usted resolvió removerlo. Era el fiscal jefe antinarcóticos. ¿Cómo se explica esto?

–Lo que está pasando es que estamos aplicando la ley internamente. Lamentablemente me tocó. 

–¿Antes se miraba para el lado?

–(toma aliento) Mire. En más de 20 años, no habíamos tenido investigaciones con resultados como este. Teníamos una institución que en los números había reclutado solo héroes y santos, personas que eran absolutamente invulnerables a cualquier tentación, de que nunca habían participado en actos disciplinariamente reprochable y como consecuencia de aquello nunca habían realizado acción alguna, porque una institución de 4.500 personas, 800 fiscales, nunca en más de 20 años habían realizado alguna acción que pudiera justificar ser separado de la institución.

Eso hablaba de un sistema de personal infalible. Y eso no era muy realista. Cuando asumí sabía que esto era altamente probable que ocurriera. 

–Es bueno que lo diga, porque siempre se saca a México o Colombia. Parece odioso, pero todo indica que vamos para allá. ¿Se percibe mucha corrupción en las distintas etapas de poder del Estado?

–Todavía sería muy desproporcionado equiparar nuestra situación a los problemas que enfrentan en México, los problemas que se enfrentan en Colombia. Nosotros tenemos una muy buena relación de trabajo con la Fiscalía Colombiana. Que se está intensificado a propósito de la investigación del Tren de Aragua. 

La historia muestra que pensar que porque hoy en día estamos relativamente en una situación X, esa situación no va a empeorar, es ingenuo. El pensar que porque hoy día no tenemos ese problema, es imposible que en el futuro lo estuviéramos. Eso sería estúpido, lo que tenemos que hacer es trabajar para aprender de los problemas que ellos enfrentaron y tratar de evitar que nos pase a nosotros.

Mire lo que pasa con Ecuador. Tenía hace poco años atrás las mismas tasas de homicidios que tiene Chile hoy día. Y a propósito de la disputa por el control del puerto de Guayaquil, han enfrentado una crisis de seguridad gravísima, que ha puesto en riesgo incluso la estabilidad institucional.

Entonces, pensar que eso no puede pasar en Chile, porque nunca ha pasado en Chile….En consecuencia, pensar que podemos estar tranquilos sin adoptar medidas especiales es ingenuo. 

Siempre hay que estar atento y hay que estar trabajando con mucho empeño.