
Ciudad
25 de Noviembre de 2025Funcionaria de la Armada denunció violación de superior, pero terminó sancionada por haber “propiciado” agresión al hacer un baile provocativo
La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en defensa de una suboficial de la Armada, quien fue sancionada tras denunciar una violación durante un rito institucional. El tribunal evidenció violencia institucional y prejuicios en el proceso disciplinario, ordenando la eliminación de la sanción y la actualización del reglamento interno.
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La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección interpuesto por el Instituto de Nacional de Derechos Humanos en representación de una funcionaria de la Armada. La sancionaron por “abuso de confianza” hacia un superior, a quien denunció por violarla durante un rito de promoción organizado por efectivos de la Gobernación Marítima de la ciudad.
La mujer afirmó que en dicha celebración consumió una bebida preparada por sus superiores y que perdió el sentido. En ese estado, según denuncia, uno de ellos la violó.
La decisión de la justicia: discriminación, violencia institucional y prejuicios
A pesar de esto, la Armada sancionó a la suboficial denunciante, argumentando que habría propiciado la agresión sexual al realizar un baile “provocativo”. Según el fallo, la agencia disciplinaria institucional la trató como si hubiera propiciado el delito que denunció.
En esa misma línea, el tribunal agregó que “se prodigó a la víctima y denunciante un tratamiento discriminatorio, al extremo de habérsele inferido violencia institucional por su género con ocasión del procedimiento administrativo sancionatorio al que dio lugar la denuncia en que manifestaba haber sido violada”.
El fallo también señala que las autoridades disciplinarias construyeron un reproche moral sin fundamento reglamentario, lo que dejó a la funcionaria en una situación de inferioridad. Además, la sanción derivó en restricciones laborales: le prohibieron portar armas y realizar guardias, lo que limitó su acción a labores administrativas.
Para la Corte, el proceso sancionatorio estuvo marcado por “prejuicios, creencias y opiniones preconcebidas” y por una falta de voluntad institucional por esclarecer los hechos denunciados. Lo anterior generó un trato injusto hacia la suboficial, quien debió impugnar las decisiones que la responsabilizaron de la agresión.
El caso “deja expuestos serios obstáculos a la integración de la mujer a las filas de la Armada de Chile, por la tolerancia de rituales, apadrinamientos, comentarios y bromas, la violencia sexual y las normas de ‘urbanidad'”, dice el tribunal.
Por lo anterior, la Corte de Valdivia ordenó borrar completamente la sanción de todos los registros institucionales, devolverle sus funciones sin limitaciones y mantener la investigación sumaria bajo reserva. Además, el tribunal estableció que el Ministerio de Defensa debe actualizar el Reglamento de Disciplina de la Armada para ajustarlo a las leyes de discriminación y violencia de género, y que incorpore esos cambios en un Decreto Supremo en un plazo de seis meses.