Suprema acoge recursos de comunidades indígenas y reabre disputa por un sector con más de 300 concesiones salmoneras en Aysén

En febrero de 2024, la industria salmonera estuvo en suspenso por una votación que definiría si se aprobaban dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO). Ambas sumaban 621 mil hectáreas en la Región de Aysén, en una zona que, de acuerdo a las estimaciones de la industria, concentra en torno al 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones.

Según consigna Diario Financiero (DF), la votación entre los distintos integrantes de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), entidad que componen autoridades, el sector privado y las propias comunidades indígenas, terminó rechazando ambas solicitudes, para alivio de las empresas acuícolas.

Las comunidades indígenas Antunen Rain y Pu Wapi, con sendos recursos de protección, acudieron a la justicia. Ambas recibieron portazos de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, pero en la Corte Suprema la suerte fue distinta.

De este modo, este mes, el máximo tribunal revocó ambas sentencias y acogió los recursos de ambas comunidades, dejando sin efecto las resoluciones de la CRUBC que rechazaron las solicitudes, plantea Diario Financiero.

En específico, la Suprema argumentó que la decisión “no contiene fáctico suficiente para descartar de forma certera la procedencia de otorgar el espacio marítimo requerido”, incumpliendo con ello el estándar establecido en la ley.

“Lo expuesto, permite concluir que la recurrida actuó ilegal y arbitrariamente (…) poniendo a la recurrente (las comunidades) en una situación de desigualdad frente a otros socialistas que han obtenido un pronunciamiento por parte de la autoridad con pleno cumplimiento de la normativa vigente y mediante una resolución debidamente fundada”, sostuvo el fallo.

Así, la votación deberá repetirse este 9 de diciembre, lo que volvió a revolver las aguas en Aysén.

El extenso debate por la zona salmonera de Aysén

Cabe consignar que la discusión tiene su origen en la polémica Ley Lafkenche y, de hecho, este caso fue el punto de inflexión para que esta norma pasara a ser foco de discusión a nivel nacional.

La normativa permite reservar ciertas zonas geográficas como ECMPO, con el fin de “preservar usos y costumbres indígenas“. Lo anterior implica que su administración se le entrega a una determinada comunidad indígena luego de que los usos y costumbres alegados por ella sean verificados por la Conadi, como fue el caso en esta oportunidad.

Es más, algo que fue interpretado como un golpe para la industria fue que la sentencia de la Corte Suprema aludió directamente al sector privado y dijo que “los motivos de rechazo no pueden ni deben ser meramente económicos, pues ello iría en contra del espíritu de la normativa”, que en realidad, tiene que ver con “la existencia o no” de este uso consuetudinario.

Independientemente de que la solicitud se apruebe o se rechace, la crítica de la industria subyace en que durante todo el tiempo que se demora su tramitación, se congela la inversión en la zona. Y la tramitación de estas dos ECMPO, antes de la votación de 2024, tardó siete años.

Incluso, luego del primer rechazo a las solicitudes, el propio representante de las comunidades, Daniel Caniullán, acusó un abandono político de los pueblos originarios, lamentando que los argumentos expuestos hubieran demorado tantos años en llegar.