Consejo Fiscal Autónomo alerta sobre proyecto que busca poner fin al CAE y dice que desembolsos deben contabilizarse como gasto fiscal: “Se identifican riesgos relevantes”

El Consejo Fiscal Autónomo emitió un análisis esta mañana, denominado “Impacto fiscal del nuevo instrumento de Financiamiento para la Educación Superior (FES)”, en el cual plantea duros cuestionamientos al proyecto de ley que se tramita en el Congreso.

El FES es la apuesta del Gobierno para finalmente lograr el fin al CAE antes de que termine su periodo el próximo 11 de marzo, pero el proyecto no ha estado exento de críticas tanto por parte de las universidades como en el Senado.

Ahora el CFA apunta a los informes financieros de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que estiman que el proyecto generaría un ahorro fiscal neto a diez años, entre otros puntos, y al igual que lo hizo Contraloría, estiman que el FES no cumple con las condiciones para ser considerado un activo financiero.

Entre los principales mensajes que transmite el análisis, está que “el ahorro fiscal estimado depende de medidas externas al FES, como la eliminación de becas de arancel y la postergación de la extensión de gratuidad”.

Así también que “el mecanismo propio del FES mantiene un efecto fiscal negativo en el horizonte de 10 años, incluso considerando gastos institucionales”.

Y agrega que “en el largo plazo, el desbalance entre desembolsos y contribuciones no se revierte completamente, y el ahorro neto proyectado a 74 años continúa siendo negativo”.

“El CFA recomienda ampliar la proyección más allá de 10 años y detallar supuestos como número de usuarios, aranceles regulados y rentas estimadas, equiparando el estándar de los informes financieros al utilizado en reformas previsionales”, lee entre sus planteamientos.

Además, postulan que “contablemente, los desembolsos del FES deberían registrarse como gasto y las contribuciones como ingreso, ambos sobre la línea, de acuerdo con reciente dictamen de Contraloría sobre la materia”.

Así, el Consejo Fiscal Autónomo concluye que “se identifican riesgos relevantes, entre ellos: mayor proporción de estudiantes que no contribuyen, contribuciones bajas y subestimación de aranceles regulados, entre otros”.

“El CFA subraya la necesidad de incorporar ejercicios sistemáticos de sensibilidad o estrés fiscal, lo que permitiría anticipar desviaciones y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, lee.

María Paz Adriasola, investigadora y experta de educación en Libertad y Desarrollo, dice que “el informe es demoledor, en el sentido que ratifica y refuerza los cuestionamientos que se han levantado sobre el FES. Se trata de un proyecto que deja importantes dudas por los efectos que tendrá sobre las finanzas públicas, aspecto que no se resuelve con cambios cosméticos o parciales, como ha pretendido el gobierno, sino que exigen de una reformulación significativa”.