Censo 2024: nuevos desafíos para la política de vivienda

Según el Censo 2024, el déficit habitacional cuantitativo alcanza a las 491.904 viviendas, equivalente al 7,5% de los hogares del país. Es una cifra alentadora, que representa una disminución del 33,7% desde 2002. Sin embargo, el problema persiste y nos enfrenta a nuevas complejidades.

El déficit no es solo una cifra, nos muestra la magnitud de una de las necesidades más sentidas y urgentes de las personas. Chile tiene hoy alrededor de 35 mil dólares de ingreso per cápita, y, aun así, los ingresos de las familias han crecido a un ritmo muy por debajo del valor de la vivienda, el que se ve elevado por el costo del suelo sin regulación efectiva, el reciente encarecimiento de los materiales y la baja productividad del sector.

Para hacer políticas públicas efectivas debemos mirar la realidad en su conjunto y el censo es el instrumento más valioso para analizarla y comprenderla. Sus resultados revelan que una de las mayores dificultades que enfrentaremos en el corto plazo es el cambio demográfico: en 2024 el Índice de Envejecimiento en Chile muestra que por cada cien personas de 14 años o menos hay 79 personas de 65 años o más, proporción que en 2002 era sólo de 22,2 personas cada cien. Este cambio acelerado implica, entre otras cosas, adaptar viviendas y barrios a necesidades de accesibilidad universal y dependencia. A esto se suma la reducción del tamaño de los hogares, el aumento de hogares unipersonales, la baja en la fertilidad y la migración, que presionan la demanda y, por consiguiente, el precio de la vivienda en las principales áreas urbanas del país.

El desafío es claro: debemos reflexionar sobre la realidad para generar políticas habitacionales basadas en la evidencia, flexibles y diferenciadas según las necesidades locales y hacerlo con los especialistas, con las regiones y comunas y con las familias y sus organizaciones. La diversidad territorial y demográfica del país exige soluciones que vayan más allá de la cantidad y consideren también la calidad, localización y la asequibilidad, entre otros factores, para avanzar en el derecho al acceso a la vivienda digna y adecuada.