Los gestos, errores y contradicciones del gobierno del Presidente Boric con el legado de Salvador Allende y el año en que derrumbó a sus herederas
La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, las polémicas previas sobre cómo se quebró la democracia en 1973 de cara a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, e incluso el triunfo del Rechazo, fueron eventos que tensionaron la relación que intentó construir el Presidente Gabriel Boric con el líder de la Unidad Popular. Si bien hubo un esfuerzo por heredar una dimensión simbólica de Allende, en lo práctico ese vínculo terminó afectado. “Si de verdad había un compromiso tan grande con la familia Allende, este se vio malogrado por estos profundos desaciertos”, afirma uno de sus críticos.
Por Rodrigo Córdova 28 de Diciembre de 2025
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Era el 11 de marzo de 2022. Gabriel Boric ya había asumido como Presidente de la República y estaba a punto de entrar por primera vez a La Moneda investido en el cargo. Afuera, frente al Palacio, la guardia había entonado el himno nacional. Entonces, el general Cristián Vial —hoy senador electo por el Partido Republicano— se inclinó hacia él y le susurró al oído: “Regimiento de escolta presidencial, muy buenas tardes”. El Presidente, aún nuevo en el protocolo, repitió la frase en voz alta, mirando hacia los uniformados.
Luego, le dio la mano a Vial y a otro uniformado que lo escoltaba. Tras el apretón, este último le hizo un ademán para ingresar al Palacio de La Moneda. Pero, en ese momento, el Presidente Boric, aún de pie frente a la entrada principal, desvió la mirada hacia su hombro izquierdo. Allí, se alzaba la estatua de Salvador Allende.
Con un leve gesto de la mano, Boric pidió a los uniformados que lo acompañaran. Fuera del protocolo, cruzó unos metros hasta la figura del expresidente. Se detuvo frente a ella, llevó su mano derecha al pecho y, en silencio, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto.
Exactamente 45 minutos más tarde, desde uno de los balcones de La Moneda que da hacia la Plaza de la Constitución, Boric retomó esa imagen en su primer discurso como Presidente. Ante la multitud, evocó las palabras finales de Allende —aquellas que resonaron desde Radio Magallanes el 11 de septiembre de 1973, día del golpe militar— como si trazara una línea de continuidad simbólica, con el proyecto de la Unidad Popular.
“Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos. ¡Viva Chile!”, cerró Boric con la voz alzada, marcando con esa frase el arranque de su administración.
La figura de Allende y su órbita en Boric
Durante los primeros meses de la administración Boric, se instaló con fuerza la idea de que el mandatario era la figura presidencial más cercana a Salvador Allende desde el retorno a la democracia. Así lo reconocen incluso miembros de la exConcertación, quienes apuntan a su cercanía con el Partido Comunista —una tienda históricamente excluida de las alianzas de gobierno hasta el 2014— y a su trayectoria como parlamentario, en donde había mostrado señales de afinidad con el PC.
Uno de los gestos más simbólicos en esa línea fue el nombramiento de Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende, como ministra de Defensa: la cartera encargada de la coordinación política y administrativa de las Fuerzas Armadas, las mismas que 49 años antes habían traicionado a su abuelo. Para el mundo político, ese nombramiento fue una señal potente: una reivindicación histórica de la figura de Allende.
Desde entonces, el Presidente Boric ha invocado el legado del exmandatario en diversas intervenciones públicas, incluso en los momentos más difíciles de su administración.
Allende como referente aún en la derrota
En 2022, el gobierno de Boric enfrentó su primera gran derrota política: el plebiscito constitucional que terminó con un rechazo del 62% a la propuesta de nueva Carta Magna. La magnitud del revés desordenó las prioridades del Ejecutivo, que hasta entonces había apostado su capital político al éxito del proceso constituyente.
Sin embargo, incluso en esa noche amarga, Boric recurrió a Allende. “Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para arribar a un texto que refleje los anhelos de justicia y dignidad que han sido expresados colectivamente tantas veces a lo largo de nuestra historia”, afirmó esa noche.
Y aunque cambió el tono de su gobierno para enfocarse en las demandas ciudadanas más inmediatas —“la seguridad, el costo de la vida, las listas de espera en salud, la falta de vivienda”—, cerró su mensaje con una frase del expresidente derrocado: “Eso es lo que nos tiene que mover. Como decía Allende: ‘Las cosas sencillas del bienestar del pueblo’”.
Allende y los 50 años del Golpe
El punto de mayor intensidad simbólica en torno al vínculo entre Boric y Allende ocurrió el 11 de septiembre de 2023, cuando se conmemoraron 50 años del golpe de Estado que puso fin al gobierno de la Unidad Popular y a la vida del propio Allende.
Desde inicios de su mandato, Boric había dado señales de que esta fecha sería una prioridad para su administración. En diciembre de 2022, designó al periodista Patricio Fernández como asesor presidencial encargado de coordinar la conmemoración. Su nombramiento generó desconfianza, especialmente en el Partido Comunista y entre organizaciones de derechos humanos, debido a su tono considerado “conciliador”.
Las tensiones escalaron a fines de junio de 2023, cuando Fernández dio una entrevista en la que afirmó: “Podrá seguir discutiéndose por qué sucedió o cuáles fueron las motivaciones del Golpe (…), pero lo que podríamos intentar acordar es que los sucesos posteriores al Golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”.
La frase encendió alarmas. Familiares de detenidos desaparecidos y dirigentes del PC acusaron a Fernández de eludir la condena explícita al Golpe de Estado, y enviaron una carta al Presidente. Días después, Fernández presentó su renuncia, admitiendo que su figura se había convertido en un “escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración”.
Si bien su salida calmó los ánimos en el oficialismo, complicó los esfuerzos del gobierno por lograr una declaración transversal con la oposición. La idea era reunir a todos los partidos con representación parlamentaria para suscribir un compromiso con la democracia y los derechos humanos. La iniciativa fracasó: la oposición se restó del acto.

El día de la conmemoración
El 11 de septiembre de 2023, la Plaza de la Ciudadanía fue el escenario principal. En primera fila estaban figuras como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, el expresidente uruguayo Pepe Mujica, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, y el entonces presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, además de la familia de Allende: Isabel Allende, senadora e hija del expresidente, y Maya Fernández, entonces ministra de Defensa.
Desde el escenario, Boric entregó un discurso cargado de memoria y símbolos. “Allende fue un hombre de impecable trayectoria democrática, que fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y las leyes, y así lo hizo”, dijo. “Por ese compromiso y consecuencia, a 50 años de distancia, el mundo le sigue rindiendo homenaje y lo respeta”.
Y luego, cerró con una anécdota personal, una que según él mismo, ha vivido varias veces a lo largo del país: “Me ha tocado, muchas veces, encontrarme en pueblos pequeños, en pueblos olvidados, con personas que me dan la mano y me dicen con emoción: ‘Yo le he dado la mano a dos presidentes: a Salvador Allende, y hoy a usted’”.
Con todo, desde el oficialismo y también algunas voces de La Moneda, reconocieron que el diseño inicial de esta conmemoración tenía por objetivo tener presentes a miembros de la oposición y que se hiciese un acto transversal, algo que no ocurrió e incluso, tensó aún más las relaciones entre oficialismo y oposición.
El legado de Allende en política pública
Desde el oficialismo, sin embargo, sostienen que el Presidente Gabriel Boric ha dado señales concretas, más allá de lo simbólico, que dialogan con el legado de Salvador Allende y que dan cuenta de una herencia en clave de Estado con perspectiva pública.
Uno de los ejemplos más destacados —y que se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado— es el Plan Nacional de Búsqueda, una política pública permanente cuyo objetivo es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar. En particular, busca reconstruir las trayectorias de las víctimas y garantizar la participación activa de sus familias en el proceso.
En esa misma línea, la decisión de modificar el penal Punta Peuco para convertirlo en una cárcel común también ha sido destacada por el oficialismo como un gesto de justicia y de fin a los privilegios carcelarios para condenados por violaciones a los derechos humanos.
Otro de los ejes donde el gobierno reivindica una conexión con el legado allendista es la política minera. Por un lado, la Estrategia Nacional del Litio sitúa al Estado como actor central y propietario mayoritario del recurso, bajo un modelo de colaboración con privados, en una fórmula que apunta a garantizar soberanía y desarrollo sostenible. Por otro lado, el royalty minero, ya aprobado, redistribuye parte de los ingresos del norte del país hacia los municipios con menos recursos, como una política de equidad territorial que —dicen en La Moneda— encarna el ideal de justicia social.
A esas medidas, se pretendía sumar un gesto simbólico y cultural: la compra de una de las casas de Salvador Allende para convertirla en museo. Sin embargo, lo que se pensaba como un homenaje terminó convirtiéndose en uno de los golpes políticos más duros del último tramo del gobierno que no solo frustró la iniciativa, sino que derivó en la destitución de la senadora Isabel Allende como vicepresidenta del Senado y en la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández tras verse envuelta esta polémica.

El golpe la familia Allende
Fue el último día de 2024, el 31 de enero, que inició el escándalo. Ese día, el Ministerio de Bienes Nacionales difundió un comunicado en que se planteaba que existía un “proceso en curso” para la adquisición, por parte del Estado, de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende. La operación, según explicó en ese momento la entonces vocera subrogante Aisén Etcheverry, buscaba ser “una forma de resguardar el patrimonio intangible de nuestro país”.
Sin embargo, más que consolidarse como una medida en favor de la memoria histórica, el intento terminó transformándose en un flanco crítico para el Gobierno. Desde la oposición, se presentó un requerimiento ante la Contraloría, alegando que entre las personas beneficiadas por la eventual compra figuraban la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario —quien reside parte de la semana en dicho inmueble— y su nieta, la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Mientras en La Moneda acusaban una operación política de la derecha para levantar una polémica ideológica, dos artículos de la Constitución terminaron por sepultar la iniciativa. El primero establece que los ministros están inhabilitados para celebrar contratos con el Estado durante su mandato. El segundo señala que los senadores que hagan lo mismo, deben cesar en el cargo.
La omisión de esas inhabilidades fue un error político grave que terminó cobrando varias facturas. El más afectado en la interna fue Miguel Crispi, jefe del Segundo Piso de La Moneda, y Leonardo Moreno, jefe de la Unidad de Seguimiento de Compromisos Presidenciales. Pero sin duda, los mayores costos políticos fueron para la familia Allende: Isabel Allende debió dejar la vicepresidencia del Senado y Maya Fernández salió del gabinete.
“El Presidente Boric siempre ha declarado y testimoniado su profunda admiración por el expresidente Salvador Allende. Sin embargo, es cierto que se cometieron errores, y eso ojalá no opaque el legado de Boric”, señala el senador socialista Juan Luis Castro.
Sobre el episodio de la casa, Castro fue claro: “Es un contrasentido que la casa del expresidente no se haya podido comprar por incompatibilidades simplemente abismantes legalmente, con las consecuencias que eso tuvo para su hija Isabel y para su nieta. Todo esto, la verdad, es un hecho que pudo haber sido evitado”. Y añadió: “Debió haber habido más prolijidad y menos improvisación en todas esas gestiones, si de verdad había un compromiso tan grande con la familia Allende, que se vio malogrado por estos profundos desaciertos”.
Desde una mirada más institucional, Tatiana Klima, quien fue jefa de prensa del Presidente Boric hasta el 27 de diciembre de 2023, sostiene que la relación entre Boric y la figura de Allende debe leerse con cuidado. “La valoración o admiración que un presidente como Gabriel Boric pueda tener por la figura de Salvador Allende no guarda una relación directa con la evaluación que se haga de su propio gobierno”, afirma. Y añade: “El desempeño del gobierno de Boric no impacta, ni positiva ni negativamente, la figura histórica del expresidente Allende, que tiene un lugar propio en la historia del país, más allá de los gobiernos posteriores”.

La voz de los analistas
El director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, comenta a The Clinic que “el gobierno de Boric buscó inscribirse en el legado de Allende desde una cercanía ideológica y generacional evidente, pero terminó administrándolo más como memoria simbólica que como proyecto político actualizado”.
A su juicio, “la conmemoración de los 50 años del golpe, y episodios como el de la casa de Allende, reforzaron una identidad, pero también expusieron la dificultad del gobierno para traducir ese referente histórico en mayorías, gobernabilidad y agenda de futuro, tensionando su capacidad de ampliación política y dejando un balance más identitario que transformador”.
Por su parte, la magíster en Ciencia Política y Gobierno, y militante socialista, Javiera Arce Riffo, sostiene que “hay un problema de base ahí que tiene que ver más allá de lo performático”. A su juicio, la figura del expresidente Allende “es extremadamente controversial en nuestra historia reciente. Es un referente muy fuerte para la izquierda, pero también hay mucha mitología y desinformación en torno a su figura”.
En esa línea, Arce afirma que al Gobierno “le faltó una interpretación menos simbólica y más ceñida a los hechos” sobre lo que representa Allende. Reconoce que esta administración ha hecho “cuestiones clave” como el royalty minero o la política del litio, pero critica que también “se solidificó el sistema de AFP”.
Respecto a la conmemoración de los 50 años del Golpe, Arce considera que “se produjo un problema muy fuerte con el revisionismo histórico injusto de la derecha”, pero también culpa al Ejecutivo por haber promovido, a su juicio, “una conmemoración casi performática, como un Lollapalooza para los 50 años”.
Para ella, un punto especialmente controvertido fue la recomendación presidencial del libro de Daniel Mansuy sobre Allende, justo en el marco del aniversario. “Ese libro es sesgado y omite el contexto internacional del gobierno de la Unidad Popular. Recomendarlo abre la puerta a esta tesis absurda de que sin Allende no hay Pinochet, lo que me parece atroz”, sostiene.
Sobre el caso de la casa de Allende, Arce es tajante: “Me parece uno de los episodios más negros que hemos tenido”. En su diagnóstico, hubo fallas institucionales, desconocimiento de las normas por parte de Isabel Allende y Maya Fernández, y un gesto político “desacertado” por parte del Presidente. “Prefirió defender a su amiga Francisca Moya antes que a la senadora Allende. Son puros desaciertos”, dice.
Para muchos socialistas, ese episodio golpeó simbólicamente al legado vivo del expresidente. Varios recuerdan una frase que aún resuena desde 2021, cuando el entonces presidente del PS, Álvaro Elizalde, no logró acordar primarias con Daniel Jadue ni Gabriel Boric para inscribir a Paula Narváez como candidata: “No se humilla al partido de Salvador Allende”, repiten hoy algunos, convencidos de que esa cuenta sigue pendiente.



