Subir el tono y el llamado a figuras clave de la oposición para tender puentes: el diseño de La Moneda para sortear la polémica “ley de amarre”

“Cuántos funcionarios de confianza van a permanecer: cero”. Con esa frase, el ministro Álvaro Elizalde materializó el primer paso, al menos en público, del diseño de La Moneda para enfrentar el embate que ha generado la conocida como “Ley de Amarre”.

El origen de la controversia está en el protocolo de acuerdo suscrito entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric, la CUT y las organizaciones sindicales del sector público, el cual incluye una norma que exige justificación para el despido de funcionarios públicos. Desde la oposición, esto fue interpretado como un mecanismo para dificultar la salida de personal afín al gobierno saliente.

El protocolo, en su punto 14, dice así: “Se incorporará una norma que dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relaciones con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables…”

La polémica, sin embargo, no bastó con la explicación de que los funcionarios de confianza de este Gobierno serán desvinculados una vez asuma el presidente electo José Antonio Kast.

Al contrario, el tono subió cuando el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, junto a su par Jorge Alessandri, anunció que estaban estudiando una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Sin embargo, desde Palacio descartan que esta amenaza tenga viabilidad real en el Congreso.

Con ese telón de fondo, el Gobierno optó por elevar el tono de su defensa. La primera línea de respuesta la lideró el ministro Elizalde, quien recalcó que el acuerdo no busca “atornillar con rosca” a funcionarios de confianza.

“Se ha pretendido hacer creer que esta norma se aplica a funcionarios de confianza”, dijo hoy en la vocería del Palacio. Ahí, aseguró que “ningún funcionario de confianza va a permanecer en su cargo a contar del 11 de marzo”.

Por ello, insisten en que se trata de un avance en materia de estabilidad laboral y no de una maniobra para blindar cargos políticos.

En esa línea, desde La Moneda sostiene que parte de la estrategia es realizar contactos con algunos personajes claves del bloque opositor, como el mismo diputado Ramírez, para zondear posibilidades de acuerdos.

De hecho, la semana pasada el ministro de Hacienda, Nicolás Grau llamó al presidente de la UDI para intentar contener las críticas y reforzar los canales de diálogo con la oposición. Cosa que , aparentemente dio resultados, pues Ramírez indicó esta mañana en Radio Universo que “esta semana deberían enviarnos una minuta o información de cuáles van a ser los temas que se van a presentar en esta ley”.

La Moneda activa sus cartas en enero

En Palacio explican que, si bien el tema ha estado marcado por el ruido político, las negociaciones de fondo comenzarán recién la semana del lunes 5 de enero. Será entonces cuando La Moneda se desplegará y la ministra Macarena Lobos será la calve para la articulación de las prioridades legislativas.

En ese paquete, además de las normas vinculadas al empleo público, están en carpeta los temas prioritarios para el Gobierno, como el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la tramitación del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES).

A eso, aseguran en el Ejecutivo, se suma la Ley General de Cuidados y Sala Cuna para Chile, que son dos herramientas para la incorporación de las mujeres al mundo laboral y la Ley Nacional de Inteligencia.

Desde el Ejecutivo indican que las conversaciones siguen “líquidas” y que, pese a los cuestionamientos, el gobierno mantendrá su estrategia de salida y defensa de lo que consideran una interpretación errónea o incluso maliciosa de los términos del acuerdo.

Ahora, parlamentarios del oficialismo reconocen que este acuerdo y defensa de los empleos públicos se hace necesario en un contexto en el que José Antonio Kast ha prometido reducir en 6 mil millones de dólares el gasto fiscal en18 meses, algo que preocupa al sector de los empleados públicos. Con eso sobre la mesa, estas voces confirman que se hace necesaria la protección de los empleados público,