“¿El demandante es una empresa íntegra?”: los duros descargos de Vitacura contra firma que busca frenar la licitación de BordeRío

A comienzos de enero, la Municipalidad de Vitacura presentó sus descargos ante el Tribunal de Contratación Pública luego de que este acogiera un discurso interpuesto por Minera y Constructora Río Grande SpA y ordenara la suspensión, por 15 días hábiles, del polémico proceso de licitación para la concesión de BordeRío, el centro gastronómico y cultural emplazado en el Parque Río Mapocho.

Cabe recordar que el contrato fue entregado al Consorcio Parque Río, ligado a Nicolás Álamo y Jorge Muñoz, por un periodo de 15 años. Y cuando parecía que el proceso avanzaba sin contratiempos, se abrió un nuevo flanco luego de que Minera Constructora Río Grande —firma familiar fundada por Juan Andrés del Río, que quedó en el segundo puesto— decidiera escalar el caso e impugnar el proceso ante el tribunal mencionado.

En un extenso escrito, al que tuvo acceso The Clinic, el municipio liderado por Camila Merino, solicitó dejar sin efecto la paralización, argumentando que la resolución del tribunal carece de fundamento suficiente. Según plantea la entidad , “es fundamental para esta parte conocer los argumentos de hecho y derecho que le permitieron al Honorable Tribunal arribar a la conclusión de la procedencia de la solicitud planteada por la actora para disponer la suspensión del procedimiento administrativo de que se trata, para tener la posibilidad real y útil de oponerse a ella”.

Por otro lado, Vitacura afirma que la demandante no cumple con los requisitos legales para decretar la suspensión de la licitación. Sobre este punto, el municipio recalca que “los capítulos de impugnación se refieren a tres vicios que se habrían cometido el municipio, los cuales no tienen sustento jurídico alguno”.

“Es decir, si se analiza desde la perspectiva de los principios concurrentes en compras pública, la Comisión Evaluadora tuvo a la vista, al momento de realizar la evaluación de las ofertas: las bases, la Ley de Compras, el Reglamento de Compras y los principios básicos en materia de Compras Públicas”, agregan.

En cuanto al fondo del reclamo, el municipio defiende la legalidad de la oferta adjudicada, descartando que debiera haberse declarado inadmisible por errores administrativos. Asimismo, señala que los antecedentes cuestionados —como declaraciones juradas— eran de carácter meramente informativo, no incidían en la evaluación y, en cualquier caso, eran subsanables en etapas posteriores del proceso, en línea con el principio de libre concurrencia que rige las compras públicas.

Vitacura cuestiona integridad de la empresa que busca frenar la licitación de BordeRío

Junto con ello, la entidad comunal cuestiona en duros términos la posición de Minera y Constructora Río Grande SpA, asegurando que su alegato sobre el incumplimiento del pacto de integridad resulta contradictorio, al existir causas penales en curso en otra comuna contra la empresa por presunta falsificación de documentos. A juicio de Vitacura, estos antecedentes debilitan la solidez del recurso presentado ante el Tribunal.

“Es menester preguntarse ¿El demandante es una empresa íntegra? ¿Ha cumplido toda la normativa y bases en la ejecución de un contrato? La respuesta a estas interrogantes es negativa, en atención a que es un hecho de público conocimiento que La Municipalidad de Lo Barnechea se querelló contra Minera y Constructora Río Grande SpA, en una causa penal por falsificación de documentos”, plantea Vitacura.

Y acota que “a través de la comisión de este delito se habría generado a la Municipalidad de Lo Barnechea una pérdida de $900.000.000, aproximadamente, en pagos, en el marco de la ejecución de un contrato, por la presentación de documentación falsa para hacerse del precio por servicios prestados”.

“Los fundamentos que sustentan su solicitud de suspensión se encuentran desvirtuados y no existiría así un peligro en la demora de la tramitación del juicio, por lo que no concurre el requisito exigido para la procedencia de la suspensión”, desliza Vitacura.

Por otro lado, aborda el impacto económico que tiene la suspensión de la licitación, remarcando que “de mantenerse la suspensión del procedimiento decretada por el H. Tribunal, se impide la entrega de un bien nacional de uso público (Parque Metropolitano Río Mapocho) a la comunidad, retrasando inversiones por más de 45.000UF  —más de $1.788 millones— y la mantención de áreas verdes críticas”.

Con estos argumentos, la municipalidad solicitó que se revoque la suspensión decretada y, además, anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago si la medida cautelar se mantiene.

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