La incertidumbre que genera entre los restaurantes de BordeRío la impugnación a la nueva concesión: “Podrían producir un periodo de vacío”

Hace algunas semanas, el concejo municipal de Vitacura aprobó adjudicar al Consorcio Parque Río —ligado a Nicolás Álamos y Jorge Muñoz— la nueva concesión del centro gastronómico y cultural BordeRío por un periodo de 15 años. Sin embargo, cuando parecía que el proceso avanzaba sin percances, se abrió un nuevo flanco.

Y es que la empresa que quedó en segundo lugar —Minera y Constructora Río Grande, firma familiar del Biobío fundada por Juan Andrés del Río— decidió escalar el caso e impugnar el proceso ante el Tribunal de Contratación Pública.

En primera instancia, la empresa había presentado un recurso de reclamación ante el propio municipio, el que fue rechazado. Pero, según constató Diario Financiero (DF), lejos de dar por cerrado el episodio, la compañía optó por seguir adelante e ingresó formalmente un reclamo ante el tribunal especializado, acusando un “mal criterio” por parte del municipio.

Más allá del conflicto entre ambas sociedades, la situación ha levantado alertas entre los locatarios de BordeRío. Maxine Eijkman, gerenta de Zanzíbar, advirtió en una carta a El Mercurio que en la discusión pública sobre la concesión “se ha omitido a los principales afectados: los restaurantes y más de 400 trabajadores que hoy enfrentan una profunda incertidumbre laboral”.

Considerando que la concesión vigente termina el 4 de febrero, Eijkman acusa que “hoy no existe claridad sobre cómo se gestionará el periodo intermedio, generando una zona de indefinición que impide tomar decisiones responsables”.

“Para quienes dirigimos pymes, esta falta de información afecta directamente la continuidad de contratos, la planificación y la estabilidad de cientos de familias. No es razonable exigir formalidad al sector privado mientras se nos mantiene sin información básica para operar”, acotó.

“Por ello, hacemos un llamado a la alcaldesa de Vitacura a transparentar el plan y los plazos definidos. El silencio institucional, en este contexto, resulta especialmente grave”, señaló la dueña de Zanzíbar en BordeRío al diario antes mencionado.

“Generaría discontinuidad, no determinada ni determinable, en los contratos”

Una fuente cercana a los locatarios de BordeRío plantea a The Clinic que los propios dueños de los recintos “están muy preocupados por las impugnaciones a la licitación que aparecen en la prensa, ya que, si fueran acogidas por los entes pertinentes, podrían retrasar el perfeccionamiento del proceso y producir un periodo de vacío entre el término de una concesión y el inicio de la nueva”.

Lo anterior —explica— “generaría una discontinuidad, no determinada ni determinable, en los contratos de trabajo y en la estabilidad laboral de los trabajadores”.

Al ser consultado sobre el tema, Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), comenta a este medio que “BordeRío ha sido un tremendo aporte para el sector gastronómico, con una propuesta que, en su momento, fue muy innovadora y que le entregó valor a un lugar que estaba bastante abandonado. Luego fue incorporando otros usos, como centros de eventos y gimnasios, ocupando ese espacio público de manera de darle mayor valor tanto a la comuna como a la ciudad de Santiago”.

“Entendemos que la concesión haya tenido un plazo, pero lo lamentable es que ese plazo está próximo a vencer y hoy no existe ninguna claridad sobre quién será el nuevo concesionario ni cuál será la nueva propuesta. Por lo tanto, todos los locales que hoy operan en ese espacio viven una tremenda incertidumbre jurídica”, agrega Picallo.