Las causas de Máximo Pavez contra el Ejecutivo: la principal carta de Kast para asumir en la Subsecretaría del Interior representó a extranjeros que ingresaron de forma ilegal a Chile

La venezolana Lucero Valle Dávila no solo escapó de la dictadura de Nicolás Maduro. También huyó de un ambiente de drogas, delincuencia, prostitución y violencia intrafamiliar que vivía a diario en el barrio de la Parroquia San Juan del municipio Libertador de Caracas.

Fue madre a los 15 y 17 años. Con un puesto de venta callejera, solo obtenía cinco dólares a la semana, lo que no le alcanzaba para cubrir los gastos de alimentación para sus hijos. Sumado a las veladas amenazas de su expareja, en junio de 2021 decidió partir a Chile. 

Lucero ingresó por un paso no habilitado en Colchane, junto a su hijo de un año de vida, quien no tenía ningún documento de identidad, dado que la legislación de Venezuela solo otorga esos documentos a los nueve años.  

En enero de 2022, la mujer realizó la declaración voluntaria de Ingreso Clandestino ante la PDI, la cual no tuvo respuesta. Por ello, repitió el procedimiento en marzo de 2023, lo que le permitió obtener la tarjeta de extranjero infractor. 

En diciembre de ese año, Valle presentó la solicitud de Regularización Extraordinaria ante la Subsecretaría del Interior, lo que a la fecha no ha tenido una resolución definitiva, a pesar de que ha insistido por varios canales en la repartición. Incluso, solicitó un pronunciamiento de Contraloría. 

Sin embargo, para sorpresa e impacto de la ciudadana extranjera, el 6 de agosto de 2024 fue notificada en la oficina de Policía Internacional de la PDI el inicio de un procedimiento de expulsión en su contra. Esa medida fue apelada, argumentando que su hijo, ahora de cuatro años va a un colegio en Santiago y que sus hermanos también vivien en Chile y de manera legal. 

Pero estos descargados, a la fecha, aún no han sido resueltos, por lo que en diciembre pasado presentó un recurso de protección contra la entidad de gobierno, advirtiendo “una clara vulneración de sus derechos”. 

Esta acción judicial fue representada por el abogado–militante de la UDI– Máximo Pavez Cantillano, quien se ha dedicado a estas labores los últimos cuatro años desde la Clínica de Derecho de la Universidad Católica, donde apoyan a ciudadanos extranjeros a regularizar su situación migratoria tras haber ingresado de manera ilegal a Chile. 

Según una revisión en el Poder Judicial, Pavez interpuso más de 70 escritos en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde recurrió de amparo o protección por el rechazo y demora de regularizaciones, temas de nacionalización y situaciones arbitrarias de expulsiones y negaciones de residencias en contra del Ejecutivo, algunos de ellos contra la propia Subsecretaría del Interior.

Este desempeño le podría traer problemas a Máximo Pavez en un futuro cercano. En los últimos días ha trascendido su nombre como el futuro subsecretario de Interior del Presidente José Antonio Kast. Lo que a todas luces abre posibles flancos y dilemas de conflictos de interés, pues en la práctica los recursos que ha patrocinado los tendrá que resolver él en su despacho desde el 11 de marzo próximo al asumir su cargo. Es más, podría dejar en una posición compleja a quienes representó, ya que sus causas quedarían sometidas a un dilema complejo.

A esta situación, también se le podría sumar una discusión ética, ya que si se concreta su designación, pasará a ser “enemigo” de sus antiguos representados, dado que el presidente electo Kast ha sido claro que los extranjeros que ingresaron a Chile deberán refregar a sus países de origen y no podrán optar a una regularización aunque tengan una vida armada como es el caso de Lucero Valle. 

En el entorno de Máximo Pavez, quien se desempeñó como subsecretario de la Segpres en el Gobierno de Sebastián Piñera, están al tanto de estas dificultades que se podrían presentar. Sin embargo, han transmitido que no debieran existir conflictos de ningún tipo. 

Por ejemplo –lo que han conversado con el ministro Claudio Alvarado– es que las acciones judiciales presentadas en estos cuatro años fueron en el marco de espacios académicos a partir de la Clínica Jurídica de la UC, por lo que no hubo un cobro o lucro por el trabajo en Tribunales. Pavez, además explicó a las futuras autoridades, que no todos los recursos abordaron a ciudadanos extranjeros que entraron por pasos ilegales. También trabajaron con personas que entraron como turistas y quisieron extender su vínculo en Chile. 

De todas formas, esta semana ya ingresó escritos en todas las causas para delegar poder a otros académicos de la Escuela de Derecho de la UC y no tener la titularidad en los casos.

Desde el entorno del militante UDI también descartaron eventuales contradicciones pensando en su gestión en el futuro. Si bien litigó a favor de extranjeros que entraron por pasos no habilitadores para obtener una residencia definitiva, aseguraron que su gestión mantendrá la visión del presidente electo Kast sobre expulsar a los migrantes ilegales.

De acuerdo a las acciones judiciales, Máximo Pavez presentó recursos en contra de la Subsecretaría del Interior (38), Servicio Nacional de Migraciones (33), Delegación Presidencial Metropolitana (2) y la Delegación Presidencial en Tarapacá (1). 

Desde esa perspectiva, el futuro subsecretario tendrá que evaluar caso a caso si ameritará una posible inhabilidad, a pesar que el abogado ha comentado en privado que la mayoría de estas reclamaciones no pasarán por su despacho sino por el Departamento de Migraciones.