Directora ejecutiva del SEA: “Tengo la convicción de que la evaluación de impacto ambiental no ha sido un desincentivo para la inversión”

No siempre las autoridades de Gobierno logran mantenerse en sus cargos durante todo el periodo, pero ese no es el caso de Valentina Durán. Asumió junto con la administración de Gabriel Boric en 2022 y ahora se retirará con el traspaso a José Antonio Kast.

La abogada especialista en derecho medioambiental fue una de las 12 “balas de plata” del Presidente Boric, designada en el cargo para manejar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que cada cierto tiempo genera polémica por los pasos que deben cumplir los titulares de proyectos de inversión para llevarlos a cabo. La denominada “permisología”.

Y es que un proyecto de inversión debe pasar por una serie de pasos antes de recibir su autorización, lo que Durán defiende pese a las críticas que suelen recibir, dado que defiende que de todas formas el año pasado lograron un “récord histórico”, con 41.500 millones de dólares, y en estos cuatro años fueron 97 mil millones de dólares. “Sobre el promedio de los tres últimos gobiernos”, asegura.

“Tenemos buenas cifras de ingresos de proyectos, de aprobación de proyectos, lo que muestra que la evaluación de impacto ambiental lejos de ser un obstáculo para el desarrollo, es un activo del país que tenemos que cuidar y es una condición del desarrollo sostenible”, asegura.

—¿Es sinónimo también de que en Chile hay más inversión?

—En Chile hay expectativas de inversión. Chile es un país que da seguridad y certeza para la inversión. Y eso es producto también de que tenemos un sistema de evaluación impacto ambiental moderno que requiere, por cierto, mejoras, pero que tiene mucha legitimidad y seriedad. 

—Se habla mucho de la permisología y de los trámites ambientales, ¿cómo se compatibiliza el acortar los plazos de aprobación de un proyecto con tampoco dejar de lado lo que es el trámite ambiental? 

—Nadie duda de que los permisos son importantes y cuando algo sale mal todo el mundo se pregunta quién lo autorizó. Entonces hay consenso que los permisos son necesarios y son además un requisito de la legalidad del desarrollo de cualquier proyecto. Dicho esto, este gobierno ha entendido y ha recogido en los consensos que han existido ya desde muchos diagnósticos, la necesidad de agilizar la obtención de permisos que son necesarios para los proyectos de inversión. Y tal como lo dice el Presidente, la protección del medio ambiente no ha sido y no es nunca un obstáculo para el crecimiento, para el desarrollo, sino que una condición del desarrollo sostenible. Entonces el desafío es cómo poder tener procedimientos que tengan el mismo rigor en la protección del medio ambiente, de salud y seguridad que todos los ciudadanos esperamos, y que al mismo tiempo sean ágiles para que puedan facilitar y favorecer la inversión y dar certeza jurídica. Entonces, ha existido una tendencia al aumento de plazos y a la complejización, en general. Y eso se resuelve a través de medidas legislativas, reglamentarias, de gestión. Este gobierno ya logró aprobar la ley en marco de autorizaciones sectoriales, hay un proyecto de ley que quedó en una etapa intermedia para la modernización del SEIA. Y nosotros como servicio en lo que nos compete hemos tomado distintas medidas de gestión para poder lograr mayor agilidad (…). Además, los proyectos que hacen un buen trabajo previo al ingreso, hacen una participación ciudadana anticipada, siguen los alineamientos del sistema, les va bien.

—Pero entonces, ¿hay formas de acelerar los trámites solo que también depende del titular entregar bien la documentación?

—Absolutamente, el Servicio de Evaluación Ambiental cumple siempre con los plazos legales de evaluación. Sin embargo, los proyectos tienden a extenderse porque naturalmente los titulares de proyectos solicitan extensiones de plazo para poder contestar algunas preguntas. Pero cuando un proyecto está bien preparado no requiere tanto tiempo para contestar esas preguntas. De hecho, los proyectos que finalmente terminan siendo rechazados son los que más excepciones de plazo necesitan. Y ahí está la tarea del privado. Bien preparado, con buenas consultorías, que entra al territorio mucho antes de su ingreso, fluye más rápidamente en el sistema. Así lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado, tuvimos un récord de inversión aprobada de 41.000 millones de dólares, tuvimos proyectos emblemáticos que se pudieron aprobar en un 20%, 30% o 40% menos de plazo que los promedios. 

—¿Y no se pueden acelerar más entonces los trámites? Porque el año pasado, por ejemplo, salió un estudio de Pivotes hablando de que la eficiencia del SEA en comparación a lo que era el 2006 había disminuido. 

—Claro, Pivotes hace una operación respecto de un año modelo. Ese mismo informe de Pivotes muestra que en el último trimestre existe una efectiva reducción de los plazos en los cuales se han aprobado los proyectos que yo diría que es fruto de los esfuerzos de gestión que hemos venido desarrollando. Y no se desarrollan en el último trimestre, sino que es fruto de una gestión de ya tres años en que decidimos modernizar el SEIA, en que hemos dictado guías y documentos, en que además hemos desarrollado capacitaciones para esos lineamientos, guías y criterios sean conocidos y así a través del diálogo creo que hemos tenido buenos resultados y estamos logrando quebrar esa curva de plazos.

—Cerrando esta administración, ¿qué se puede esperar de la próxima? ¿Qué línea debería seguir?

—Tengo la convicción de que hemos modernizado la evaluación de impacto ambiental. Un servicio que ya tiene 15 años, que lo hemos preparado para los próximos 15 años a través de acciones para asegurar una evaluación técnica y de excelencia, para poder implementar el Acuerdo de Escazú que busca asegurar la participación informada en la evaluación de impacto ambiental y también incorporar el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Esto ha sido siguiendo lineamientos que vienen de políticas de Estado que ha adoptado el país desde hace ya más de 30 años. Yo lo que podría esperar y quiero tener la confianza, es que se van a seguir esos lineamientos de Estado, esas políticas de Estado que le han dado el prestigio que tiene nuestro país, que tiene la evaluación de impacto ambiental en Chile, que es admirada por su plataforma, por sus lineamientos técnicos.

—Pero igual lo que es la revisión de los proyectos con otro gobierno que tiene otra mirada la tramitación cambia, ¿no? Por ejemplo, en el Comité de Ministros o en el Coeva.

—El 95% de los proyectos que llegan a ser calificados es aprobado. En general lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es asegurar que los proyectos cumplan con la normativa ambiental y que adopten las medidas eficaces y adecuadas. Por lo tanto, yo imagino que esa lógica va a continuar porque tiene que ver con promover la presentación de proyectos robustos, sólidos y bien presentados. A nadie le gusta llegar a rechazar un proyecto, es un fracaso tanto para el gobierno como para un titular de un proyecto. La idea es poder asegurar que los proyectos cumplan con la normativa ambiental, que se hagan cargo adecuadamente de sus impactos y eso con participación ciudadana. Este es un servicio técnico muy orgulloso de su carácter técnico en que todo lo que hemos podido avanzar nosotros también ha sido gracias a la gestión de los directores que me antecedieron. Y espero y confío también en que los directores que sigan, frente a los cuales tengo por supuesto la mejor disposición de hacer un buen traspaso, puedan seguir modernizando el servicio en beneficio del país.

—¿Y qué le pasa cuando entonces hay futuros ministros que critican lo que son las tramitaciones ambientales, o el mismo José Antonio Kast, que el año pasado, por ejemplo, hablaba del comité de ministros y la lentitud que había tenido en aprobar los proyectos? Es una crítica al trabajo del SEA.

—No me quiero referir a las campañas políticas, yo creo que hay un gobierno que va a asumir en los próximos días, frente al cual tenemos la mejor disposición de hacer un traspaso impecable con toda la disposición de poder facilitar ese traspaso para que continúe el funcionamiento de las instituciones como corresponde.

“Si había alguna desconfianza (en el sistema), rápidamente disminuyó”

—Se ha hablado de que tanto trámite ambiental y participación ciudadana a veces puede llevar a desincentivar la inversión en el país. ¿Se enfrentó con ese escenario o no?

—Yo tengo la convicción de que la evaluación de impacto ambiental no ha sido un desincentivo para la inversión. Hemos funcionado sobre reglas claras, que se agradecen por los titulares y por la ciudadanía, y creo que hemos podido dar garantías de que las instituciones funcionan, y que se cumple con los procedimientos.

—¿Cómo evalúa lo que fueron los primeros años, sobre todo enfrentando este servicio post-pandemia, con todas las críticas que había por inversión, de construcción, de trámites ambientales, de permisología y de las demoras que se criticaban del sistema?

—Yo creo que si había alguna desconfianza, rápidamente disminuyó. Fuimos un servicio muy dialogante. De hecho, debo ser de las autoridades que más audiencias de lobby ha tenido y dialogamos con los distintos gremios, con las ONG, con todos los actores para poder comunicar los lineamientos técnicos del servicio. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido siento bastante reconocimiento hacia el trabajo, más allá de lo que en la contingencia política o electoral se puede decir. Siento, por las personas que conocen el trabajo del servicio, que hay un reconocimiento importante al trabajo del servicio.

—¿Cómo se evita que haya cierto conflicto de interés o cierta celeridad dependiendo de los intereses del Ejecutivo al momento de tramitar proyectos?

—El Comité de Ministros lo que hace es resolver los recursos de reclamación de los proyectos que ingresaron como estudio de impacto ambiental. Existe consenso en que sería más adecuado y daría más confianza a la sociedad que no existiera, por eso es que el gobierno presentó en el proyecto de ley, que reforma el SEIA, la propuesta de eliminación del Comité de Ministros, lo cual ha recibido el consenso de todos los actores. Pero el Comité de Ministros existe, y lo que podemos señalar nosotros como Secretaría Técnica es que hemos trabajado con todas nuestras capacidades técnicas y jurídicas para poder ofrecer a la presidencia del Comité de Ministros que está en el Ministerio del Medio Ambiente un ritmo ágil de resolución de los proyectos.

Antiguamente había proyectos que demoraban dos o tres años en ser resueltos en el Comité de Ministros. Esta administración no ha terminado y ya ha tenido 29 sesiones en que se han realizado 47 proyectos de inversión por 25.000 millones de dólares. La administración anterior, por dar un ejemplo, tuvo 26 sesiones realizando 37 proyectos que involucraban 11.788 millones de dólares.

—¿Debería ser una prioridad de la próxima administración continuar con la reforma al sistema?

—Yo creo que ahí hay algo pendiente, han habido muchos consensos que se lograron, pero también muchas diferencias. Por lo tanto, sí es una tarea que el mundo político tiene que desarrollar de buscar los consensos para modernizar la evaluación de impacto ambiental, sin dejar, por supuesto, de cumplir con nuestros compromisos de cuidar al ambiente, de acción climática, porque estamos en una crisis climática, estamos en una crisis de pérdida de biodiversidad y también en una crisis de contaminación que afecta los derechos humanos y la salud de las personas.

—¿Y qué le parece que haya gente que critique que esta reforma podía implicar un retroceso en términos ecológicos medioambientales?

—El debate público es siempre necesario y útil. No le tengo jamás miedo al debate, creo que es necesario. Y que se dé en todos los espacios, pero con la base, sobre todo, de la evidencia. Por eso tengo la convicción de que hemos contribuido también, a través de la transparencia que tiene nuestra plataforma, a generar información trazable que también va a servir para esa modernización del SEIA. Porque esta plataforma que es el SEIA electrónico, que es muy admirada de hecho en el mundo…

—Se quería implementar en la plataforma el uso de Inteligencia Artificial, ¿no?

—Sí, tenemos una plataforma que es muy reconocida y admirada en el mundo. Y a partir de esa plataforma hemos podido transformar esos millones de datos en información útil para la evaluación. Hemos incorporado de manera inédita inteligencia artificial en la evaluación de impacto ambiental y todos esos son antecedentes que van a permitir una mejor gestión privada y pública y realmente poder tener iniciativas de ley o proyectos de inversión sobre la base de evidencia. 

—Ahora, pareciera que siempre va a haber un problema entre el mundo medioambiental y el de las inversiones.

—Claro, pero hemos hecho un gran esfuerzo también por dar certezas técnicas y por unificar criterios. Por lo tanto, estoy convencida de que la modernización que hemos emprendido y que espero que continúe, también va a dar excelentes insumos para poder reformar y modernizar la ley y el sistema de evaluación de impacto ambiental. 

Acuerdo de Escazú: “Desarrollamos enormes avances”

—¿Cuál diría que fue el hito de su gestión? ¿La modernización del SEIA?

—Nos planteamos tres grandes objetivos, que eran avanzar en una evaluación técnica y de excelencia, implementar progresivamente el Acuerdo de Escazú e incorporar el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Tengo la convicción de que avanzamos enormemente en estos tres objetivos.

—El Acuerdo de Escazú era una de las grandes promesas del gobierno en un comienzo, ¿se avanzó lo suficiente?

—Se avanzó muchísimo. El Acuerdo de Escazú compromete a los países a implementar progresivamente estos estándares de acceso a la información, acceso a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Y la verdad es que desarrollamos enormes avances. Por ejemplo, uno de los últimos instructivos que yo firmé tiene que ver con la radiodifusión de los proyectos. Cuando ingresa un proyecto, tiene que emitirse un aviso radial en que se informa que ha ingresado un proyecto (…). En general vemos que los gremios están muy conformes y exigen los lineamientos del Acuerdo de Escazú porque se dan cuenta de que la participación ciudadana informada y la transparencia nos conduce a un Estado de Derecho más sólido y a instituciones que funcionen y a mayor certeza.

—En estos cuatro años, ¿Cuál es el proyecto más destacable que se logró tramitar?

—Yo destacaría el proyecto de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que se evaluó acá desde la dirección ejecutiva. Porque fuera de que es un proyecto estratégico para el país, es un proyecto que como todo proyecto de inversión requería ser evaluado con todo el rigor que tiene cualquier proyecto público o privado. Y eso requirió toda una planificación, porque era un proyecto que abarca más de 30 comunas, desde Antofagasta a la Región Metropolitana. Y eso requirió un gran esfuerzo de planificación y de gestión, y nos ayudó también a implementar distintas modernizaciones (…). Se armó un equipo especial para que se pudiera desplegar por el territorio para poder evaluar el proyecto en los mismos plazos que cualquier otro proyecto. Para hacer las participaciones ciudadanas, para cerrar los siete procesos de consulta indígena que llegaron a acuerdos finales.

—También por lo que representa para el país, ¿no?. 

—Por supuesto, es un proyecto muy importante para el país, pero un proyecto por más importante que sea para el país, si no se presenta bien y si no viene con toda la información completa, no logra tener la suficiente legitimidad. Es necesario por eso que los proyectos ingresen de manera robusta y sólida para que puedan ser aprobados en los plazos necesarios y además que luego puedan sostenerse sus resoluciones ante los tribunales y tener legitimidad social.