Pabellón Esperanza: los detalles del módulo que alberga a la exministra Ángela Vivanco y las diligencias que prepara su defensa para sacarla de la cárcel de San Joaquín

“Era una cuestión conocida en el medio, esto es la venta de fallos de Vivanco”. 

Era el 6 de enero pasado, y el abogado Eduardo Lagos dejaba cristalizada esa frase ante el fiscal Marco Muñoz en dependencias del OS.7 de Carabineros. El imputado había declarado por más de ocho horas y había decidido confesar el engranaje implementado con su socio Mario Vargas para, supuestamente,–mediante el pago de coimas–conseguir fallos favorables en medio de la batalla judicial que sostenían contra Codelco. 

El interrogatorio fue clave para el Ministerio Público, pues las frases de Lagos–que reconocían el pago de coimas– era la pieza que le faltaba para afirmar esta red de corrupción y la puesta en escena que afinaban contra la exministra Ángela Vivanco para dejarla en prisión preventiva.  

Al día siguiente, el exdiputado radical regresó al cuartel policial para continuar con los interrogatorios.

Venía molesto, porque, a pesar de haber firmado un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, no quisieron quitarle las esposas. Alardeaba de un fuerte dolor en sus muñecas. Un malestar que empeoró cuando le hicieron un resumen de sus confesiones: desde los millonarios sobornos hasta un desvío de dinero a la senadora Loreto Carvajal (PPD), pareja de su entonces socio Gabriel Silber. 

El relato no lo convenció o lo asustó e inició una controversia con su abogado que derivó en la decisión de no aceptar la transcripción de sus palabras. Pidió corregir algunas frases y matizar otras. Como los fiscales no aceptaron, Eduardo Lagos decidió no poner su firma. Peso a ello, el Ministerio Público adjuntó igualmente las dos jornadas de interrogatorios en la carpeta investigativa.

Este altercado sólo se conoció en las jornadas de formalización de Ángela Vivanco, durante la última semana de enero cuando la fiscal Carmen Gloria Wittwer usó varias de las confesiones del abogado Lagos para justificar el rol principal que cumplió la exmagistrada en esta red de corrupción.

Según el ente persecutor, la declaración aclaró cómo la exjueza habría favorecido los intereses del Consorcio Belaz Movitec, cuya organización recibió $17 mil millones en conceptos de indemnización por parte de Codelco tras terminar anticipadamente el contrato que habían suscrito para alargar la vida útil de la división El Salvador, en la Región de Atacama.

A pesar del episodio, el juez Cristián Sánchez declaró válida la declaración de Eduardo Lagos, la cual le permitió dictaminar la prisión preventiva de Vivanco, el pasado viernes 30 de enero. Toda esa semana fue seguida con atención por Gendarmería, pues sabían que la exministra de la Suprema podía quedar con esa medida cautelar, lo que generó un gran dolor de cabeza y la constante interrogante de qué centro penal la podría recibir.

Esto, porque sería la primera vez que un ministro de la Corte Suprema quedaría privado de libertad en el contexto de una investigación judicial.

Si bien, todos los caminos mostraban la cárcel de San Miguel, donde la exalcaldesa Cathy Barriga y la abogada Leonarda Villalobos estuvieron recluidas, para la institución, la defensa de Vivanco y otras autoridades de gobierno no era algo lógico: el riesgo de sufrir un ataque era evidente dado su connotación mediática y el rango de autoridad que mantuvo. 

Sin embargo, el factor suerte jugó para todos los intervinientes. Había un solución y estaba disponible con capacidad inmediata: el poco conocido Pabellón Esperanza en la cárcel de mujeres en San Joaquín.

Se trata de dormitorios que anteriormente fueron utilizados por programas de asistencia evangélica y que habían sido reacondicionados pocos días antes para recibir a internas de alta connotación pública, como Vivanco.

El espacio respondía a una necesidad operativa evidente: mantenerla separada de la población penal común y de internas con perfiles complejos o de alto riesgo, como María del Pilar Pérez —conocida como la “Quintrala”— y Jeannette Hernández, madre de los hermanos Rojo, ambas condenadas a presidio perpetuo. 

Una cárcel VIP que nunca fue: cómo es el módulo que habita Ángela Vivanco

Una de las cuestiones que más preocupaba al abogado Jorge Valladares era preservar la salud de la exjueza Vivanco. Intentó convencer al Tribunal que ella no estaba en condiciones de internarse en un centro penal. Incluso, solicitó que la transmisión en vivo de la audiencia fuera interrumpida para argumentar ese factor de salud.  

Al no lograrlo, insistió con el magistrado Álvarez que Gendarmería pudiera conocer el recetario médico de su clienta, pues a los factores psicológicos se debía sumar un estricto cóctel de pastillas asociado a la remisión de un cáncer que no la tenía en condiciones óptimas. 

En ese sentido, en medio de ese debate, comenzaron aparecer algunas versiones que Ángela Vivanco sería trasladada a una reciente cárcel VIP que se había acondicionado especialmente para ella: una especie de anexo Capitán Yáber para mujeres. 

Pero la realidad ha sido otra. A casi tres semanas de la decisión que la dejó en prisión preventiva, la exvocera de la Corte Suprema ha transitado por un bosque complejo en su celda, la cual es bastante reducida–dicen sus cercanos–en comparación a otras instalaciones. 

De acuerdo a fuentes de Gendarmería, Vivanco está recluida en el pabellón Esperanza desplegado en un primer piso, cuya zona está totalmente separada de la población común. Cuenta con patio y cocina. Y sus tres dormitorios están pensados para ocho internas cada uno. 

“De partida no tiene celdas”, cuenta un exfuncionario que conoce esa área del penal femenino, ubicado en San Joaquín. Tampoco dispone de baños individuales, sino que son grupales y deben alternar para usarlos por medidas de seguridad. 

Según las mismas fuentes de la institución, este apartado antes era usado por el programa APAC (Asociación de Protección de Asistencia a Condenados), liderado por asociaciones de evangélicos para rehabilitar a las personas privadas de libertad. 

En un comienzo, Gendarmería analizó dejar el espacio para internos de la tercera edad y se refaccionó. También, sostienen otros funcionarios, ese módulo era usado para los menores infractores de Ley que no se adaptaban en los centros especializados. Una de las ultimas internas que pasó por el Pabellón Esperanza fue una gendarme, que fue acusada de actos de corrupción.

“Por lo general, pasaba vacío. Incluso, en algunas oportunidades se usó como bodega para almacenar colchones”, relata un oficial que estuvo destinado en el centro penal femenino. 

Por lo visto, no resulta un lugar de reclusión en malas condiciones o con densidad de población apunto de estallar por su hacinamiento. Sin embargo, Ángela Vivanco no estaría conforme e instruyó a su abogado agotar las instancias para obtener un cambio de cautelares que le permitan, al menos, un arresto domiciliario.  

En medio de esas tratativas, el pasado 10 de febrero, la imputada recibió en la sala de visitas al notario titular de la Novena Notaría de San Miguel, Jorge Reyes, y la notaria suplente Tamara Díaz para tramitar una serie de documentos para legalizar y traspasar algunas funciones ante la imposibilidad de ejecutarlas por estar privada de libertad. Instancia que alertó a los abogados de Codelco, quienes sospechan que esté traspasando algunos bienes.

“Tiene una fortaleza admirable. Yo la veo entera, pero siempre la procesión va por dentro. No es una persona que no le importaba lo que está pasando (…)No es una situación cómoda para alguien que se está medicando y que estuvo en radioterapia”, comentó el abogado de la exministra, Jorge Valladares, a fines de enero, cuando se decretó la prisión preventiva. 

Esa visión no ha cambiado en absoluto. The Clinic solicitó una versión sobre la situación carcelaria de la exministra de la Corte Suprema, pero Valladares optó por no hablar más. Indicó que ese debate prefieren darlo en sede penal y no por los medios de comunicación. 

En esa línea, adelantó que está preparando un nuevo recurso con el objetivo de rebajar la intensidad de la medida cautelar, específicamente porque, aparentemente, a su clienta no se le han dado los cuidados necesarios por las diversas enfermedades que atraviesa. 

Además, consignaría la última resolución del Séptimo Juzgado de Santiago que declaró “ilegal” el interrogatorio a Eduardo Lagos al constatar ciertos vicios en la diligencia, con lo que podría abrir una puerta, ya que parte de los argumentos usados para dejarla en prisión preventiva fueron construidos por la declaración del abogado. 

Una batalla que no será fácil. En medio de todos estos enredos, el Ministerio Público pidió una nueva audiencia para reformalizar a Vivanco por nuevos delitos de cohechos acreditados en las pesquisas.

Lo que viene en el caso “Muñeca Bielorrusa”: nuevas imputaciones por cohecho y diligencias con antenas telefónicas

El 17 de marzo próximo todos los intervinientes se verán las caras por primera vez. Lo que antes ocurría en casa de Ángela Vivanco con las conocidas reuniones sociales, ahora tendrá cita en la sala 101 del edificio C del Centro de Justicia. 

Ese día, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer comunicará nuevas imputaciones a los imputados. Se trata de dos cohechos nuevos con su respectivo movimiento de lavado de activos. 

De acuerdo al escrito que presentó la Fiscalía al Tribunal, estos presuntos delitos se cometieron en febrero de 2024: en cuatro jornadas–entre 8 y 9 y el 27 y 28–, cuyo mecanismo de ocultamiento del dinero se habría ejecutado durante el día 12 de ese mismo mes. 

Además de Ángela Vivanco, la persecutora a cargo del caso “Muñeca Bielorrusa, pidió la comparecencia de Gonzalo Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quien logró una pequeña victoria en la última audiencia que revisó una cautela de garantías.  

La magistrada Patricia Ibacache aceptó la petición de su defensa, encabezada por el abogado Sergio Contreras, de autorizar el monitoreo de los dos teléfonos incautados a la exmagistrada de la Corte Suprema en las oficinas del estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, en Las Condes.

El objetivo busca mantenerlos prendidos por 12 horas contínuas para verificar si el plan de datos se conecta a las antenas telefónicas indicadas por el Ministerio Público y el OS.7 de Carabineros al momento de acreditar la presencia de los imputados en esas dependencias con la triangulación de los aparatos electrónicos.

Eso sí, el tribunal ordenó que esa diligencia sea realizada por un perito privado y no por por la policía uniformada bajo la condición que sea “solicitada” por todas las defensas. Y una vez que los aparatos electrónicos ya estén habilitados tras los peritajes forenses.

En ese sentido, la jueza Ibacache instruyó a los persecutores a dar cuenta sobre la totalidad de las diligencias realizadas sobre los celulares incautados, el próximo 7 de marzo próximo.

Un caso que empieza a enredarse como el de Procultura al no lograr prisiones preventivas y el desafuero del gobernador Claudio Orrego.

¿Perderá fuerza la acusación del Ministerio Público? Una respuesta que solo tienen la Fiscalía, que decidió recluirse y evitar nuevas vocerías hasta el 17 de marzo, luego de que el Tribunal acogiera la denuncia de “filtraciones” y solicitara formalmente al fiscal nacional Ángel Valencia designar a un persecutor especial para esa cacería.