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11 de Febrero de 2026La denuncia de Alberto Eguiguren, director de Australis, contra exejecutivo de la salmonera por calumnia: lo acusó de estar involucrado en coima a exministra Vivanco
El exgerente legal de Australis, Rubén Henríquez, presentó una denuncia ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en la que sostiene que el jurista y actual director de la salmonera, Alberto Eguiguren, quien asesoraba a la empresa en un principio, conoció el contenido de un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema seis meses antes de su publicación, cuando Ángela Vivanco integraba el tribunal. La defensa del abogado respondió con una querella por denuncia calumniosa y acusa una maniobra para dañar su reputación.
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Una nueva arista se abre en el caso que involucra a la exministra Ángela Vivanco. El exgerente legal de Australis, Rubén Henríquez, denunció ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago que el abogado y actual director de la salmonera, Alberto Eguiguren, habría accedido de manera privilegiada a información reservada de una causa tramitada en la Tercera Sala de la Corte Suprema, cuando Vivanco —hoy en prisión preventiva en el marco de la llamada “trama bielorrusa”— integraba ese tribunal.
En respuesta, Eguiguren interpuso una querella por denuncia calumniosa en contra del exgerente legal de la salmonera, Rubén Henríquez.
En el documento de la primera demanda, al que tuvo acceso The Clinic, Henríquez detalla que, a inicios de 2022, la Tercera Sala de la Corte Suprema emitió un fallo favorable para Australis justo después de que Alberto Eguiguren, un legislador poderoso de la plaza, además de director y asesor legal de los actuales dueños de la sociedad, ingresara como asesor de la compañía.
“Lo que, en su minuto constituía para mí un uso inapropiado de contactos en la tramitación de causas judiciales, ha pasado a contener, con la información disponible hoy relativa a la destitución de la señora Vivanco y la formalización en su contra, elementos que permiten sospechar de manera fundada que el mismo modus operandi descrito en la referida audiencia de formalización pudo haber sido empleado en este caso, lo que amerita que ello sea investigado por el Ministerio Público”, de acuerdo con el escrito presentado por Henríquez.
El caso se remonta a otra disputa desarrollada entre 2021 y 2022 en la Suprema, cuando Australis se enfrentaba a organizaciones ambientales y representantes de comunidades que rechazaban una planta de procesamiento de salmones en Puerto Natales, en la Región de Magallanes, que implicaba una inversión de US$100 millones.
En concreto, según publicó el medio Reportea, la iniciativa contaba con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, pero hubo reclamos ante el Tercer Tribunal Ambiental, que ratificó la decisión. Fue entonces que la disputa escaló hasta la Corte Suprema, luego de que los opositores a la planta presentaran recursos de casación, buscando que todo se anulara. En ese momento, de acuerdo a la denuncia del exgerente legal de Australis, Eguiguren empezó a participar del proceso.
De este modo, el exgerente legal acusa que el abogado comenzó a asesorar a la salmonera en diciembre de 2021, cuando la causa en la Suprema estaba lista para ser debatida. Y tres meses después, en febrero de 2022, les informó que habían ganado la causa con el voto favorable de ministros como Ángela Vivanco, y con un solo voto en contra: el de Sergio Muñoz.
¿El problema? La sentencia recién se hizo pública seis meses después. En ese contexto que, según Henríquez, Eguiguren les comunicó el resultado el mismo día en que la Corte Suprema, decidió, a través de una llamada grupal por WhatsApp.
“El 10 de febrero de 2022, apenas tres meses después de haber quedado en relación la causa Dumestre, la Excelentísima Corte Suprema vio los recursos de casación respectivos. La causa quedó en estado de acuerdo y, por lo tanto, la decisión tenía carácter reservado hasta que se diera a conocer la sentencia. Pero ese mismo día, y para nuestra gran sorpresa, Alberto Eguiguren nos informó a Ricardo Misraji, a José Luis Fuenzalida y a mí, a través de un llamado telefónico vía WhatsApp, que Australis había ganado el caso con el único voto en contra del ministro Sergio Muñoz”, indica.
Ricardo Misraji, quien falleció a inicios de 2023, era entonces el gerente general de Australis, mientras que José Luis Fuenzalida era el abogado que tenía la representación de la salmonera ante el máximo tribunal.
“De los hechos expuestos se concluye claramente que Alberto Eguiguren cobró más de $200 millones de pesos de la época contra resultados por su participación en una causa en la que, sin siquiera intervenir como ‘abogado litigante’, conoció el contenido de un acuerdo de la Corte Suprema seis meses antes de que se diera a conocer la sentencia. Mucho antes de que el fallo fuera conocido, nos informó con absoluta precisión cómo había votado cada uno de los cinco ministros de la sala”, según la denuncia.
Y desliza que “esa información era secreta en ese momento, por lo que solo podía provenir de una fuente interna del supremo tribunal. Este resultado promovió la designación por parte del Grupo Joyvio de don Alberto Eguiguren como director de Australis, cargo que mantiene hasta la actualidad”.
La ofensiva de Eguiguren
En representación de Alberto Eguiguren, los abogados Jorge Bofill, Claudio Fierro y Jaime Winter, presentaron una querella en contra de Rubén Henríquez por el delito de denuncia calumniosa. Así, cuestionan que el exgerente legal de Australis “atribuyó participación a don Alberto Eguiguren Correa en hechos que califica como constitutivos de delito, específicamente, el delito de cohecho, de acuerdo con el Certificado de Envío de Causa disponible en la Oficina Judicial Virtual”.
Junto con ello, aseguran que se trata de “una imputación que es falsa, infundada y carente de antecedentes mínimos, buscando únicamente lesionar gravemente la reputación de nuestro representado y provocar la apertura de una investigación penal sin sustento”.
Tras ello, acusan que Henríquez “formula una imputación gravísima respecto de la participación de nuestro representado en un presunto delito de cohecho, apoyándose únicamente en inferencias y en un contexto construido a partir de menciones laterales, con la finalidad de activar indebidamente la persecución penal y generar un daño reputacional evidente”.
Más allá de eso, sostienen que la acción legal de Rubén Henríquez “no busca esclarecer un eventual delito de cohecho, porque no lo describe ni lo sustenta con hechos. Lo que hace es utilizar una imputación penal de máxima gravedad como arma de revancha en el marco del conflicto de fondo vinculado al caso Australis y a su propia participación en los hechos que en ese contexto se investigan“.
“Para ello, construye un relato basado en insinuaciones, conjeturas y dramatizaciones de elementos contractuales lícitos, con el único objeto de gatillar una investigación penal sin fundamento, y lo acompaña de una difusión anticipada destinada a ‘condenar’ mediáticamente a don Alberto Eguiguren Correa mediante la sola apertura de una causa”, declaran los abogados.



