“Esto ya es insostenible”: Fonasa gastó casi $80 mil millones en 2025 en financiar medicamentos de alto costo por demandas el Estado

Desde 2018 la Corte Suprema ha consolidado múltiples fallos que obligan a Fonasa a cubrir fármacos de alto costo, generalmente para enfermedades raras o poco frecuentes que no están incluidos en la Ley Ricarte Soto o alguna otra normativa.

Basado en que cuando la vida del paciente está en riesgo inminente el Estado debe asegurar el tratamiento independiente del costo, la Corte Suprema ha fallado a favor de las personas.

Sin embargo, la judicialización a favor de los pacientes desencadenó en un monto donde la tendencia, hasta el año pasado, era a ir aumentando. En 2024, por ejemplo, la cifra superó los $90 mil millones, y en 2025 se esperaba que superara los $80 mil millones (cifra que se había alcanzado en noviembre).

Cifra muy por sobre lo proyectado inicialmente por la cartera, donde el presupuesto inicial que tenía el asegurador público para 2025 en dicho ítem era de $28.914 millones. Es decir, se terminó desembolsando casi el triple de lo estimado inicialmente.

Entre los medicamentos más requeridos están Spinraza, Risdiplam y Zolgensma para la atrofia muscular espinal; Trikafta para la fibrosis quística y Vimzim para el síndrome de morquio A.

Según el informe de gasto público en Chile 2025-2050 de la Dipres, con información de Fonasa, “en 2021, los medicamentos Vimizim y Spinraza, cuya comercialización a nivel global se inició en 2014 y 2016, respectivamente, representaban más del 80% del monto total de judicialización, mientras que para los años 2024 y 2025, la concentración del gasto se dirigió hacia el medicamento Trikafta (aprobado por la FDA el año 2019)”.

Como sea, sin importar el presupuesto que se le asigna a este ítem en Fonasa, todos los años el financiamiento ha superado las suposiciones del Gobierno, pese a que en 2025 se prevé que disminuyó por primera vez, entre otras razones, debido a que el medicamento Trikafta fue incorporado al GES.

De todas formas, la opinión entre expertos es clara: el modelo de salud está obsoleto en lo que respecta este tema, y el Estado debe hacerse cargo de corregirlo.

“La judicialización está ocurriendo porque no se está accediendo a los tratamientos oportunos”

“Esto ya es insostenible”, dice la directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza.

Según la exsubsecretaria de Salud Pública, “la judicialización está ocurriendo porque no se está accediendo a los tratamientos oportunos. Las personas recurren a los tribunales para exigir el derecho a la vida y eso hace que finalmente la Corte termine aprobando los recursos”.

“Aquí lo complicado es que hay que tener un gasto fiscal que no es planificado y no hay equidad en el acceso porque tienen acceso a las personas que demandan. Por otro lado, el gasto es mucho más alto y es menos eficiente, lo que aumenta finalmente la presión sobre el presupuesto público, que ha sido cada vez mayor sin resultados de una mejor salud para la población”, dice Daza.

Cambios a la Ley Ricarte Soto y avanzar en el registro de enfermedades poco frecuentes

Según la doctora Daza, en este tema lo que hay que hacer no solo va de la mano con los desafíos de Fonasa, sino que se debe “crear un fondo de medicamentos de alto costo que sea oportuno, que sea rápido, que sea transparente. Que las personas entiendan y sepan ‘estas son las priorizaciones que ha puesto el Estado, porque no se puede financiar todo, y en base a esta priorización, estos son los el porcentaje de financiamiento que le vamos a dar'”.

Además, la exsubsecretaria menciona que hay tratamientos o medicamentos que si bien están en la Ley Ricarte Soto, destinada precisamente a cubrir enfermedades de alto costo, hoy podrían estar en el GES, como los de cáncer de mama.

Y agrega: “Tenemos que hacer una planificación presupuestaria a largo plazo, porque estamos haciendo las planificaciones año a año y probablemente cada autoridad decide financiar más de esto o menos de esto. Y eso produce mucha incertidumbre, mucha desconfianza en los pacientes, y finalmente las personas terminan judicializando, que claramente significa una falla de la política pública”.