Mauricio Duce, uno de los padres de la reforma procesal penal: “Nuestro sistema institucional, en distintas dimensiones, era mucho más vulnerable de lo que esperábamos”

El abogado Mauricio Duce estuvo más de 30 años ligado a la Universidad Diego Portales. En ese tiempo, no sólo logró un impecable prestigio en materia de justicia criminal y enseñanza de nuevas metodologías del derecho que impartió en casas de estudios chilenas, europeas y de Estados Unidos. También cumplió un rol relevante en el diseño del Ministerio Público a fines de los 90: fue el secretario del equipo técnico que puso en marcha la revolución de Justicia en Chile. 

Esa trayectoria provocó que la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica lo fichara en 2024 como uno de sus investigadores claves, para seguir aportando desde la academia mejoras al sistema de persecución criminal del país enfocada en la arquitectura de políticas públicas.  

Por ello, su palabra es escuchada y respetada en esta materia, cuyo sector ha estado en primera línea durante los últimos años ante la creciente alza del crimen organizado y los delitos de corrupción política. 

El también director de Espacio Público recibe a The Clinic en su nueva oficina, ubicada en el piso cuarto de un moderno edificio del Campus San Joaquín. Amoblada por él mismo para lograr que sus cientos de libros lo acompañen día a día en sus labores investigativas, se refiere a la polémica votación del Senado sobre el proyecto de conmutación de penas para adultos mayores, de los cuales se beneficiarían 370 condenados por causas de derechos humanos y otros cientos reos más que cumplen prisión por cometer delitos graves como homicidios, secuestros y crímenes sexuales.  

Si bien anticipa que no ha estudiado en profundidad la materia legal, explica que como principio general es que las legislaciones tengan una válvula de escape para personas de “muy alta edad” y que tengan problemas serios de enfermedad. 

“Que salgan de la cárcel es razonable. Es algo que está en todos lados del mundo, pero también hay que compatibilizar con estándares de derechos humanos que para el caso de violaciones graves, masivas y sistemáticas pueden pedir algunas exigencias adicionales. Sobre todo por la creación de controles efectivos, para que esto no sea objeto de abuso por parte de personas que cumplen una edad, pero que no tienen ningún problema”, asegura Duce. 

En esa línea, el investigador de la UC refuerza que la “situación de derechos humanos hay que ponerla en el contexto nacional. Tenemos que hacernos cargo de la historia de lo que hay detrás, los significados e impactos que podía tener esta cuestión. Lo peor sería que se hubiera aprobado una ley que no se haga cargo de esto y se deje abajo de la alfombra”. 

–En esos 30 años, tuvo un rol relevante en el diseño de la reforma procesal de Chile. Se han insertado más de 47 modificaciones ¿Cómo esos cambios han impactado al sistema?

–La reforma de muy temprano, ha sido un objeto de seguimiento y mucha crítica por algunos sectores políticos que han siempre encontrado como una justificación de varios problemas más estructurales del Estado chileno, un poco el garantismo de la reforma. Y eso ha llevado desde muy temprano, desde el año 2001, a algunos cambios.

–¿Cuáles?

–En algunas áreas esas reformas han cambiado completamente el Código Procesal Penal, por ejemplo, en materia de prisión preventiva. El objetivo fue establecer un régimen legal de la prisión preventiva que más o menos equilibrara por una parte que los delitos puedan ser investigados, las personas no se escapen y no vuelven a cometer delitos y por otra que los derechos de una persona, que en principio no está condenada, sufra la restricción más importante de sus derechos, que es estar privado de libertad en una cárcel mientras no se establezca su culpabilidad. Este es un equilibrio super complejo de lograr, pero bueno, se instaló culturalmente la idea de que tal vez la reforma era muy blanda con esto y se ha ido crecientemente endureciendo la prisión preventiva. Es un tema que debe tener ocho a diez cambios legales y por tanto que hoy día alguien siga diciendo que el problema son las garantías, no sabe que el legislador ha reformado cuántas veces ha querido y cómo ha querido este tema.

“Muchas de estas reformas, hay que reconocerlo, también son adaptaciones y modernizaciones que naturalmente cualquier sistema legal requiere con el paso del tiempo. La reforma lleva 25 años, pero fue diseñada hace más de 30. Y obviamente en este periodo han cambiado muchas cosas, no hablo a nivel legal, sino que como sociedad. Hay objetivos que han quedado muy fuertemente tensionados. Se han alivianado los controles que el código original preveía. La persecución penal, que en mi opinión son muy importantes para mantener un sistema sano de funcionamiento. Una justicia penal sana, es una justicia penal que intenta al máximo equilibrar los intereses que siempre van a estar en conflicto. Yo creo que el código perdió un poco de equilibrio”.

–Y ese equilibrio, ¿cómo se podría ir recuperando? 

–Hoy día el principal problema del sistema tiene que ver más bien cómo está culturalmente instalado los niveles de credibilidad y legitimidad que tienen la ciudadanía en general y en la clase política, lo deja muy expuesto a transformaciones inorgánicas o cambios que le hacen perder el equilibrio. Me parece que un objetivo central de las instituciones y del sistema es desarrollar una política de mayores niveles de legitimidad y confianza en la ciudadanía acerca del funcionamiento del sistema.

“Y eso pasa por políticas mucho mejores a nivel de mayor niveles de transparencia, mejores niveles de comunicación de los resultados que tiene el sistema. Hay varias líneas que se podrían trabajar para tratar de mejorar un poco los niveles de legitimidad. En la medida en que eso mejore, probablemente el sistema va a estar en mejores condiciones de equilibrar cuestiones que se han desequilibrado, pero hoy día más bien el riesgo es que frente a la poca credibilidad que tiene, algunas causadas por escándalo, otras tal vez por información que es incorrecta, pero que se instaló públicamente el sistema está permanentemente se viendo expuesto a estas reformas inorgánicas”.

–Otra de las críticas que se hace al Ministerio Público apunta a la pérdida de calidad de las investigaciones ¿Cómo analiza ese aspecto detonado por los errores en los últimos casos vinculados a políticos?

–Efectivamente con el transcurso del tiempo, el sistema ha experimentado alguna pérdida en calidad en general y en particular en el área de investigación. Esto tiene que ver con una cierta burocratización de procesos investigativos. Los que se producen en los casos comunes y corrientes.

“Los casos de más alta connotación pública que en general generan mayor atención ciudadana son casos, que tienen un tratamiento premium por parte del sistema, en donde hay equipos de fiscales que se hacen cargo, equipos especializado de las policías que los toman, en donde se les dedica más tiempo que el promedio habitual. Por cada caso de alta connotación pública, premium, por así decirlo, hay 100 casos comunes y corrientes. Y ahí uno ve que hay un deterioro en las cifras, por ejemplo, aumentando los archivos provisionales, disminuyendo la tasa de condena y un aumento muy significativo de los tiempos de tramitación de los casos en sus distintas etapas. Esta falta de legitimidad o credibilidad en el sistema”.

–Para entender ese análisis. ¿Usted plantea que los fiscales adecuan sus casos para atender mejor las causas que usted llama Premium?

–Las causas masivas terminan teniendo un tratamiento un poco más burocrático. En ese tratamiento burocrático más estandarizado, a veces se te pasan cosas. Recibes 100 casos de robos comunes y corrientes por cada caso de corrupción. Y claro, la tendencia del sistema es a tratar muy estandarizadamente todos esos casos, pero de repente y que muchos de ellos, lo normal y lo natural, no solo en el sistema de justicia penal chileno, sino que en cualquier sistema de justicia penal del mundo es que no van a ser esclarecidos.

“Pero producto del tratamiento estandarizado a veces se te escapan un pequeño porcentaje de casos que sí podría esclarecerlos con una estrategia investigativa un poco más sofisticada. Y esto, por ejemplo, lo hemos aprendido a propósito de los éxitos preliminares que está teniendo el Ministerio Público con el cambio de estrategia de persecución penal en los delitos contra el crimen organizado”.

“SQM es un caso que se resolvió con gran escándalo el año pasado con la absolución de todos los involucrados”

–Vamos a esas causas premium que usted denomina ¿Cómo ha visto el funcionamiento del Ministerio Público frente a casos como SQM, Procultura, Sierra Bella, entre otros?

–Es bien interesante porque claro, efectivamente hubo una explosión de un tipo de caso que antes no se veía en Chile. Estos casos de corrupción, su legislación en en esta materia era muy precaria hasta el 2018- 2019, en donde hubo cambios muy significativos que le dieron herramientas y tipificaron mejor esta figura, lo que le ha permitido el Ministerio Público desplegar una actividad bastante intensa de persecución penal. Creo que para evaluar el resultado esto es todavía un poco temprano. 

“Déjame poner un ejemplo. SQM es un caso que se resolvió con gran escándalo el año pasado con la absolución de todos los involucrados, luego de cerca de siete años de tramitación. Era un caso que hasta esa decisión y descontando el problema de la excesiva duración de su tramitación, era un caso exitoso. Había logrado formalizar la investigación en contra de muchas personas, varias de ellas altas autoridades que incluso se obtuvo la prisión preventiva de ellos por largos periodos, pero luego se terminó absolviendo. Ese caso todavía no está terminado. Puede haber algún vuelco, pero lo que nos muestra es que hay que tener mucho cuidado con los éxitos tempranos”.

–¿Existe un cierto exitismo en el Ministerio Público?

–Si uno ve qué es lo que ha pasado en términos muy generales, considerando todos estos casos, el Ministerio Público no le ha ido para nada mal. Como nunca hemos tenido una cantidad de diputados desaforados, persecución penal de otras autoridades como exministros de la Corte Suprema, exdirectores de la Policía de Investigaciones, abogados que ocuparon una posición muy expectante en el sistema y en general lo que uno observa como tendencia general de estos casos es que el Ministerio Público ha logrado formalizarlo, ha logrado obtener los desafueros en el caso que ellos se requerían, ha obtenido medidas cautelares, muchos de ellos prisiones preventivas y que se han extendido por largo tiempo.

–Pero también han tenido fracasos

Han tenido fracasos también. SQM, el desafuero del gobernador de la región metropolitana. Un fracaso muy importante por la contundencia de la votación 24/0 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero es natural que el Ministerio Público tenga algunos fracasos. Si no estaríamos frente a una institución única en el mundo que solo acierta.

“La complejidad que tienen en estos casos y las dificultades probatorias que muchos de ellos presentan hacen que socialmente también nosotros queramos como sociedad que a veces el Ministerio Público se la juegue por poner algún concepto en algunos casos que están en el límite. Para evitar que eso se transforme en abuso, tenemos jueces. Y es sano que cada cierto tiempo los jueces le recuerden al Ministerio Público que en algunos casos no están cumpliendo con los estándares. Esta es una cuestión clave. Si uno en el futuro cercano vuelve a ver que se producen situaciones como la del gobernador Orrego o SQM, uno diría, hay poca capacidad de aprendizaje y esto sí es muy problemático”.

–¿Qué problemas ha visualizado en el desempeño de la Fiscalía?

–Hay cuestiones bien problemáticas que se han producido en la persecución penal de estos casos que en mi opinión es urgente corregir. En primer lugar están los tiempos que se están demorando las investigaciones y en general la persecución penal de estos casos. Esto no es solo un problema del Ministerio Público, hay que hacerlo claro. Por ejemplo, en SQM buena parte de los problemas de excesiva duración fueron problemas judiciales. Fijación de los de las audiencias, suspensiones permanentes de ellas, mala gestión judicial de las audiencias.

–¿Y en segundo lugar?

–El Ministerio Público lamentablemente ha consolidado una visión bien problemática en estos casos de que la prisión preventiva tiene que ir sí o sí en ellos y por tanto de que la prisión preventiva es una suerte de respuesta necesaria. Una pena anticipada, que es indispensable, aún cuando no existe en el caso ningún riesgo en la que persona se fugue o vuelva a cometer otro delito. 

“Un tercer factor que percibo, que ha habido una mejora importante en el último tiempo, pero que siempre hay que tener mucho cuidado del tema de las filtraciones. Y cómo las filtraciones a veces se utilizan estratégicamente para litigar los casos y eso es muy impropio por muy distintas dimensiones. No solo los derechos de las personas que están involucradas, sino que por el tipo de vinculaciones que a veces se genera entre los fiscales y la prensa. También cómo eso le mete ruido a las decisiones jurisdiccionales y afecta a la calidad del sistema. Pero noto hoy por lo menos que el Ministerio Público ha intentado hacerse cargo de controlar los accesos más o menos liberales que ellos mismos tenían antes a la información de los casos por terceras personas que ni siquiera estaban a cargo de ellos”. 

–El fiscal Ángel Valencia planteó la necesidad de reformar el sistema y quitar acceso a ciertos querellantes. Sobre todo, los vinculados a sectores políticos ¿Usted está de acuerdo?

–Sí, absolutamente, cuando ya no entran las cuestiones técnicas de cómo podría resolverse varios de estos problemas. Me parece que esa es una reforma importante. La evidencia muestra que en general los querellantes no tienden a aportar mucho. Además expone al sistema de filtraciones. Buena parte del problema de las filtraciones ha estado en el acceso que los querellantes tienen a la información y luego ellos son las que lo ocupan. Hay una investigación que yo he hecho en persecución del delito de corrupción, donde pudimos detectar que había varios entrevistados que trabajaban en el sistema que nos decían: ´Oye, mira, hay querellantes fantasma´ O sea, lo hacen para obtener información y poder tener manejo de esa información para otros fines que no tienen nada que ver con la persecución penal.

El exceso de figuración de algunos fiscales: “Hay que tener mucho cuidado que los personajes no se coman al funcionario”

–Otra crítica que se hace al Ministerio Público, es la sensación de que existe la figura de “Fiscales Estrellas” ¿Usted ha notado ese protagonismo en las causas?

–Se produjo un fenómeno natural. Es decir, llevar adelante la persecución penal va a generar que haya personas que destacan porque precisamente se le entregan casos complejos, casos delicados.

–¿Y qué le parece?

–A mí me parece que esto tuvo mucha fuerza tal vez hace algunos años donde un poco surgieron por primera vez estas figuras que eran desconocidas para la opinión pública y por tanto fiscales que se hicieron muy famosos. Me parece que hoy día ya un poco está más asimilado. Se comprende el porqué ocurrió esto. Lo que hay que tener mucho cuidado es que claro, los personajes no se coman al funcionario. Y por eso es importante también el cómo el Ministerio Público distribuye las competencias. Pero yo diría que es más o menos natural y también es un incentivo importante para que el sistema funcione bien. El que si tú llegas un caso importante y lo haces bien, eso venga aparejado con cierto nivel de prestigio y reconocimiento, creo que es un valor para que los fiscales estén motivados, no se dejen estar en el tiempo, no se achanchen. Hay que evitar los excesos y decisiones puramente personalísimas, que esos fiscales se crean dueños exclusivos de los casos. Y para eso el Ministerio Público tiene el sistema de control interno que tiene que estar permanentemente reforzando.  

–Le hacía esa pregunta, porque el caso Procultura es donde se han visto esos excesos, problemas o falta de control, los cuales han impacto en todo sentido en esa causa: tres fiscales regionales, una escucha ilegal vinculada al Presidente de la República, un desafuero fallido y rechazo de prisiones preventivas ¿Cómo se entienden todos estos yerros? 

–Es un caso bien particular. Tuvo mucho cambio de dirección en la investigación y esto podría ser primero una explicación y un aprendizaje desde el Ministerio Público en estos casos. Los costos que tiene el cambio de equipo investigativo se pagan luego en los resultados. Pero tal vez esto es indicador de un fenómeno que te sugería. Naturalmente es bueno que tiren el chicle y lleven las persecuciones penales, pero con el cuidado de que no adquieran una visión de túnel, sesgos que los nublen en términos de las decisiones que toman.

“Esto está muy descrito hoy día en toda la evidencia comparada y tenemos varios indicadores en Chile, algunas investigaciones sobre este tema, que la visión de túnel también se da en Chile. Los fiscales a veces se fijan un final y dejan de ver todo lo que hay al lado. Esto tiene un prejuicio de confirmación y leen, por tanto, toda evidencia como rectificadora de una tesis que tienen instaladas desde el inicio. No me cabe la menor duda que en este caso se produjo visión de túnel”.

–Vamos al Caso Audio. Esta bomba ha sido como una explosión subterránea en el Ministerio Público. Ese teléfono ha impactado incluso a la fiscal que dirige la persecución penal ¿Cómo analiza estos dos años de investigación?

–Hay pronunciamientos pendientes pero comparto el análisis. Ha sido una bomba de estas que se mete kilómetros adentro. Diría que lamentablemente lo que ha develado este caso es que nuestro sistema institucional y en distintas dimensiones era mucho más vulnerable a lo que esperábamos.

“No soy un abogado que litigue, pero llevo 35 años trabajando en el área. Todos sabíamos que tráficos de influencia, llamados de distintos tipos siempre han existido. Sabíamos que un área muy problemática tenía que ver con la designación de los auxiliares de la justicia como conservadores, notarios y que había mucha plata. Las notarías tienen alta presencia de familiares, exjudiciales o expolíticos. Ha sido una caja pagadora. Eso estaba instalado hace mucho tiempo. Eran a nivel de rumores, había alguna evidencia, pero no conocíamos la profundidad de esto y menos que hubiera llegado a niveles tan altos como la Corte Suprema”.

“Entonces, si esto nos genera un remezón importante para revisar varias bases que hay detrás de esto, no solo el sistema de designación de jueces, sino que cómo se vincula la política. Esto es bastante más profundo y hay que entender todavía mucho mejor las distintas dimensiones del problema”.

–Pero con lo que hemos conocido hasta ahora ¿El Ministerio Público sale vivo del juicio oral del Caso Audio?

–Vamos a ver qué pasa, como te digo, es muy temprano para todavía decirlo. En ese caso ha tenido varios éxitos parciales en términos de formalizaciones y prisiones preventivas o medidas cautelares bien intensas que incluso por largo tiempo que no se esperaban. Había mucho más escepticismo al inicio de lo que podía pasar. 

“Pero los partidos se juegan en la cancha. Hemos tenido buenos entrenamientos, los primeros minutos hemos tocado bien el balón, pero esto se juega en la cancha y ojalá se juegue en forma relativamente rápida. El transcurso del tiempo en esto excesivo tiene costos para el Ministerio Público aún cuando obtenga éxitos más adelante”.

–Esas demoras o resoluciones de casos más prolongados, los fiscales los atribuyen a un alta cantidad de trabajo. Se estima que hay un promedio de 500 a 1.000 causas por persecutor al año. ¿Qué diagnóstico se puede hacer?

–Tengo una sensación ambigua respecto a este argumento. Me toca participar en muchas actividades con actores del sistema de justicia penal y siempre explican todos sus problemas como primera razón por la sobrecarga de trabajo. Y estoy de acuerdo con ellos en que efectivamente, las cargas de número de casos fueron aumentando. Hoy día hay muchos más casos que los que había antes. Fundamentalmente, porque los últimos 10 años hemos legislado de una una cantidad gigantesca de tipificaciones de nuevos delitos o agravamiento de los delitos existentes y esto obviamente genera más carga.

“Por otro lado, donde estoy más o menos en desacuerdo, los problemas de pérdida de calidad y deterioro de algunos resultados no tienen que ver necesariamente con la sobrecarga, tienen que ver con la forma en que están trabajando los fiscales. Con este fenómeno que te describía de cierta burocratización que se ha ido produciendo en las investigaciones penales, sobre todo en los casos masivos, que el Ministerio Público recibe 1.700.000 casos”.

“Lo masivo son estos cientos de miles de robos, de delitos, de lesiones que ingresan, que a veces pueden ser no tan graves y en donde el Ministerio Público fue perdiendo capacidad de discriminar, seleccionar, procesar rápidamente por distintas razones. Entonces, aunque le pongas más recursos, no va a mejorar sustancialmente los resultados, si no haces cambios metodológicos. Y es aquí donde veo el vaso medio lleno. Muchas expectativas de lo que podría aportar la fiscalía supraterritorial en la medida en que tiene la posibilidad de fijar metodología y formas nuevas de hacer las cosas. Para tener un tratamiento más eficiente de caso”. 

–¿Qué otro aspecto hay que mejorar en ese trabajo diario según la evolución que ha tenido la reforma que usted ayudó a implementar?

–El Ministerio Público no trabaja solo. Hoy tenemos muchos cuello botella. Los fiscales no salen a recoger huellas digitales en los sitios del suceso. No es su pega, eso lo hacen los laboratorios, las policías y hoy día tenemos muchos cuello botella ahí. Entonces, si queremos tener investigaciones más rápidas, más sofisticadas, también hay que sofisticar nuestra capacidad investigativa policial y del laboratorio forense, que es un tema que ha estado completamente al debe en Chile y las mejoras no han ido de la mano del crecimiento que ha ido teniendo el sistema. 

“Nuevamente. Todos estos cambios hay que verlo de una manera más sistémica y con equilibrio. No es por garantismo. Tiene que ver cómo construimos o avanzamos un sistema de manera equilibrada, de manera tal de que pueda avanzar en todos estos desafíos”.

–En ese equilibrio que plantea, ¿cómo analiza el movimiento de Trinidad Steiner. De Fiscal Regional a la próxima ministra de Seguridad del Gobierno de Kast?

–No creo que esto sea problemático per se. Pero, creo que ella va a tener que tener mucho cuidado, particularmente por las relaciones que tenga con el Ministerio Público y evitar cualquier suspicacia que pueda haber. Pero nuestro sistema institucional tiene una regulación que le da niveles de autonomía importante al Ministerio Público. No creo que sea algo inmanejable. Tomando los resguardos que obviamente son necesarios para que las cosas se vean y parezcan como tienen que parecer. 

“La conozco a ella, vi como positivo el que una persona con el tipo de experiencia que tiene en una fiscalía regional y que tiene además muchos años de persecución penal, pueda asumir un cargo de este tipo. Creo que el riesgo más importante en mi opinión tiene que ver más bien con el perfil político que el nuevo gobierno quiere darle a ese cargo. Ahí está el principal riesgo, lo que más me preocupa que se espere que la ministra de seguridad sea casi una funcionaria operativa que se constituye en sitios del suceso para dar instrucciones y que, por tanto, los fracasos y los logros de investigación específica un poco dependan o se los atribuyamos a ella. Esa no es su función”. 

“Y claro, si cada alcalde que tiene un problema, llama y pide que la ministra se constituya, no va a tener el tiempo para hacer la pega en donde sí el ministerio puede hacer la diferencia. Veo mucha tentación en la narrativa que se instaló en la campaña sobre todo presidencial del presidente electo y de muchos de sus asesores. Un poco esta idea de operatividad. Creo que eso es una visión incorrecta y ahí hay un riesgo grande que podría eventualmente desperfilar la tarea”.