Baños con jacuzzi, criptomonedas, terrenos en EE.UU. y tarjetas con libre disposición, la grotesca máquina de corrupción que condenó a los exalcaldes de Algarrobo y Rancagua

Un mini resort con casas de varias habitaciones, una amplia cocina americana, un baño con un jacuzzi XL y una piscina casi olímpica fue lo que alcanzó a construir Belén Carrasco–mano derecha y novia secreta del alcalde Algarrobo–con parte de los dineros que ambos sustrajeron bajo un sofisticado modelo de malversación de fondos desde el municipio de la Región de Valparaíso. 

Este condominio privado, ubicado en la comunidad Altos de Rudilla, era un secreto a voces, pero los imputados lo levantaron a pulso a partir de los más de mil millones que alcanzaron a sacar de la alcaldía durante un período de 20 meses, entre 2022 y 2023. 

Según la revisión de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, Belén Carrasco y José Luis Yáñez (UDI) destinaron más de $40 millones para estas remodelaciones. 

Pero no fue sólo eso lo que alcanzaron a adquirir para esconder los dineros robados de Algarrobo. La investigación del fiscal Claudio Rebeco detectó que para estas maniobras de ocultamiento de bienes patrimoniales de la alcaldía, el alcalde Yáñez y su mano derecha y encargada de las finanzas, usaron más de 20 productos bancarios distribuidos en casi 10 cuentas corrientes. 

“Un sistema espurio”, dice el persecutor, quien empezó las pesquisas en 2017 cuando la concejala de la comuna Marcela Mancilla se querelló al sospechar que habían irregularidades en algunas licitaciones.

Sin embargo, el caso se estancó al no detectar delitos. Pero todo dio un giro cuando Rebeco logró autorización judicial para levantar el secreto bancario del jefe comunal tras la denuncia de un funcionario que detectó movimientos extraños en la contabilidad en 2023. 

“La Fiscalía se movió súper rápido y nos constituimos de inmediato en la municipalidad con allanamientos y las primeras declaraciones. Eso dio pie a las primeras detenciones”, comentó a The Clinic, el fiscal Rebeco.

El modus operandis usado por los imputados sorprendió a los investigadores: Belén Carrasco, por instrucciones de su jefe y entonces amante, manipularon las planillas de pagos masivos al detectar que el sistema tenía un vicio informático, el cual permitía editar los nombres y montos. Incluso, la autorización de “segunda firma”–que correspondía a otro funcionario de Finanzas–también pudieron intervenirla. 

Así diseñaron un planificado esquema para sacar el dinero y triangular hacia las cuentas bancarias del alcalde y su novia secreta durante casi dos años.

En este aparataje aparece una figura clave. Se trata de Sixto Carrasco, hermano de la imputada, quien tenía la misión de reclutar a los testaferros y acordar las “comisiones” por el servicio falso de las facturas a los empresarios que facilitaban los documentos tributarios. 

En ese sentido, los testaferros–familiares, amigos o inversionistas de la zona– iban a una ventanilla del Banco Estado para canjear el dinero que, por lo general, alcanzaba un cobro de $5 millones. 

“Siempre se retiraba en efectivo y se entregaba en efectivo”, detalla el fiscal Rebeco. 

Eran cuidados. Tanto que fraccionaban los montos al momento de ingresarlo al sistema formal. Por ejemplo, los $5 millones en billetes, se depositaban en las cuentas de Belén Carrasco o el alcalde Yáñez por cifras de un millón, según los reportes de la Brilac de la PDI.   

¿Cómo nadie los descubrió? Es la principal pregunta que intentaron responder en el Ministerio Público, pues $1.160 millones no pueden desaparecer de la nada sin dejar de afectar algún programa social o proyecto municipal. Menos en una ciudad como la de Algarrobo, que alberga unos 18 mil habitantes. 

Tras varias declaraciones de testigos y los propios imputados, la respuesta apuntó a la “fortuna” y el superávit de recursos que dejaron los permisos de circulación. Eso dio pie a que Yáñez y Carrasco no dudaran en manipular el sistema para malversar esos dineros, pues sabían que de ser “prolijos” nadie sospecharía de una alteración del presupuesto municipal. 

“Es un hecho muy grave, pues esos $1.160 millones era lo que se gasta en un año en Salud en Algarrobo”, comenta el fiscal Rebeco.

Para lavar el millonario botín, a usanza o imitación de una organización de crimen organizado, no sólo construyeron un mini resort, sino que también realizaron inversiones en criptomonedas, compraron terrenos en Miami (EE.UU.) e incluso el alcalde y la encargada de finanzas se dieron el lujo de viajar a Europa por tres semanas en una especie de “luna de miel” secreta. 

El plan lo tenían tan bien armado que incluso ya sabían que hacer si es que la policía llegaba a detenerlos. Por ello cuando Belén Carrasco fue detenida en noviembre de 2023 se inculpó totalmente del fraude. 

En medio de eso, la PDI no pudo detener al jefe comunal, pues logró escapar y se mantuvo prófugo por casi dos días. Al ser capturado en las cercanías de un motel de Cartagena mantuvo el diseño y descartó los delitos que se le imputaban. Incluso, ver a su pareja embarazada en prisión preventiva, tampoco hizo desistir de su versión.

“Sólo cambió y confesó al verse presionado cuando llegó a la cárcel de Casablanca”, cuenta un investigador que conoció de cerca esta causa de corrupción. 

Y así fue. Al declarar ante el fiscal Rebeco por zoom desde el centro penitenciario reconoció los delitos de malversación y cohecho. Estaba presionado el edil, pues se “le presentó mucha evidencia”. Sobre todo de las maniobras de lavado de activos. 

“Es de alto impacto para un municipio como este las conductas acreditadas. Hechos como estos merman a las autoridades y aparece la apatía electoral”, resalta el fiscal de alta complejidad, Claudio Rebeco, que logró condenar a los dos imputados después de varias semanas de juicio oral en el Tribunal de San Antonio. 

La sentencia está fijada para el 8 de enero próximo. El Ministerio Público pidió 20 años–12 por malversación de recursos públicos y 8 por lavado de dinero–y en la institución tienen la convicción de que los jueces puedan otorgarle penas de cumplimiento efectivo en la cárcel para el exalcalde José Luis Yáñez y su pareja Belén Carrasco. 

El “Pastorcito” de Rancagua: Fraude de exalcalde se estimó en más de $3 mil millones para sus privilegios

La corrupción municipal no tiene ideología política. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional cifró en 600 causas activas en municipios. Es decir, gran parte de las tiendas políticas estaban salpicadas por las malas conductas de sus militantes. 

Así, los tentáculos de la corrupción lograron entrar sin cortafuegos en las municipalidades del país, escenario que la contralora Dorothy Pérez ha calificado como una situación de “emergencia democrática”. 

Y una de esas explicaciones de esta emergencia las detectó un estudio que hizo Chile Transparente y la AMUCH, una asociación de municipios, presentado a inicios de diciembre pasado. Las cifras impactan: Más del 80% de los gobiernos locales no cuentan con políticas propias anticorrupción. 

Pero no es todo. El análisis dio cuenta de una “precariedad administrativa”, pues más de la mitad del personal está contratado a honorarios y sólo un 37% cuenta con un rango de estudio profesional con lo que se debilita los controles y crece el riesgo de irregularidades.

Y para continuar con las alertas, la investigación detectó que un 64% de los municipios no disponen de modelos de prevención de delitos. 

“Para las autoridades municipales, tanto los alcaldes y alcaldesas como los integrantes del Consejo Municipal, hoy día los temas anticorrupción no son relevantes y terminan siendo más bien parte de una estrategia electoral, más que una intención de hacer bien las cosas”, asegura Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente.

Es ese contexto y con evidente ausencia de control interno actuó el entonces alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (PS hasta el 2023), quien inició su periodo en mayo de 2021. Tan solo un par de meses le bastaron para estructurar una “gobernanza fraudulenta”, según describió el Ministerio Público en la acusación de 136 páginas que presentó al Tribunal de la ciudad. 

Para resumir este modelo de corrupción, en que la Fiscalía pide 23 años de cárcel para el –además– ex intendente de la Sexta Región durante el gobierno de Michelle Bachelet, la investigación detectó que Godoy fragmentó compras, “burlando la normativa”, adjudicó múltiples contratos vía trato directo “sin justificación”, no cobró multas y decretó pagos a empresas que no ejecutaron las obras a cambio de coimas. 

Además, benefició a un grupo de cuatro amigos cercanos, quienes con sus empresas facilitaron los documentos tributarios falsos para lograr tales adjudicaciones, lo que causó un perjuicio a la municipalidad de Rancagua por $3.187.998.450.

Este esquema le valió el apodo de “El Pastorcito” al jefe comunal, pues por cada proyecto o gestión fraudulenta solicitaba una tarifa del 10% del convenio. Es decir un diezmo.

¿Cómo se tradujo esto en la práctica? 

La Brigada de Lavado de Activos de la PDI no sólo detectó un amplio pago de billetes en efectivo, cuyo dinero fue encontrado en su casa–escondido– al concretar un operativo de allanamiento. La policía también descubrió que uno de los empresarios le entregó un vehículo para su libre disposición, mientras que otro de los imputados le mantenía una tarjeta bancaria para sus gastos personales en regalos, supermercados y restaurantes, además de adquisiciones en sus viajes al extranjero.

Estas maniobras no sólo fueron comprobadas con el levantamiento de su secreto bancario. Sino que también con varios testimonios claves como el de su chofer privado cuando era jefe comunal. Se trata de Benito del Carmen González, quien se mantuvo en ese puesto hasta la detención de “El Pastorcito”. 

Según la declaración a la que accedió The Clinic, el chofer dijo ante la policía que en varias oportunidades el alcalde Godoy lo citaba a su oficina para pedirle que le hiciera depósitos bancarios con billetes que la autoridad mantenía oculto en su despacho.  

“Recuerdo que el alcalde andaba con un banano de color negro en el que manejaba dinero en efectivo, seguramente sacaba lo que iba a gastar durante el día”, confesó Gónzález, que además entregó otros secretos del exmilitante del PS.

“Frecuentaba muchos restaurantes (…) Cuando lo llevaba a esos lugares, recuerdo que la mayoría de las veces decía: Anda a dejarme a tal restorán, porque me voy a juntar para hacer ese proyecto”, detalló el conductor que también reveló que varias veces lo llevó a centros nocturnos, lo que generaba alertas en su gabinete. 

“Siempre los funcionarios de comunicaciones comentaban que iba a la Tía Ruth y decían: él alcalde se mandaba cagadas cuando iba a ese lugar´. Temían que en alguna ocasión se enterara la prensa (…) Una vez recuerdo que lo pasé a dejar a un club nocturno llamado Golden”, dijo González, que lo convirtió en un testigo clave para la Fiscalía de O´Higgins. 

Así, un día antes de navidad, el Tribunal en Juicio Oral de la ciudad lo condenó por cohecho reiterados y fraude al fisco, cuya condena se conocerá el 9 de enero de 2026. 

“Consideramos que esta es una condena histórica, pues se acreditó que el señor Godoy tuvo un gobierno fraudulento. Hemos solicitado una pena de 23 años de prisión y esperamos que sea efectiva”, indicó el fiscal del caso Nicolás Núñez al conocer el veredicto.

Río Bueno: El laberinto de conflictos de interés que tiene en la mira al alcalde, un exalcaldesa y una detective suspendida

Los tentáculos de la corrupción municipal están en casi todas las comunas del país. A las denuncias de irregularidades en el nuevo período que asumió el alcalde del PS, Maglio Cicardini–investigado por la Fiscalía de Atacama por una denuncia de Contraloría–, emerge un grave caso a 1.200 kilómetros de distancia en la Región de Los Ríos.

Dos días antes de Navidad, un equipo de la Policía de Investigaciones llegó en silencio a la Municipalidad de Río Bueno. Con una orden de allanamiento en mano ingresaron a las dependencias en busca de información clave sobre diversas licitaciones. 

Los movimientos policiales causaron asombro en la ciudadanía. En especial los vecinos que transitaban por la histórica plaza de armas de la comuna. Pero no por la presencia de los detectives si no por la lentitud que ha avanzado el proceso, pues las primeras denuncias se recibieron hace casi cuatros años, cuando el municipio era dirigido por la alcaldesa Carolina Silva, en marzo de 2022. 

“Ocurrieron varios hechos llamativos y curiosos hasta que la causa tomara una conducción seria”, sostiene uno de los intervinientes que ha tenido acceso a los antecedentes. 

El caso recayó en el fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, quien lideró las diligencias durante seis meses sin detectar nada relevante. Sin embargo, tras llegar una querella de algunos concejales de Río Bueno en junio de 2022 que denunciaban graves irregularidades en la administración anterior de Luis Reyes–que en ese momento figuraba como concejal tras cumplir tres períodos como jefe comunal–, el persecutor decidió inhabilitarse. 

Según un documento, al que tuvo acceso The Clinic, el fiscal Fuentes argumentó su decisión al indicar que “con el señor Reyes, ex alcalde y actual concejal, tengo hasta fotos juntos al Fiscal Nacional (Abott) en mi oficina”. 

Así, el caso fue traspasado al fiscal de La Unión, Raúl Suárez, quien también argumentó algunos inconvenientes para asumir la investigación en enero de 2023. Un funcionario de su jurisdicción era casado con la exdideco de la municipalidad de Río Bueno. 

Con este laberinto de conflictos de interés, la Fiscalía Regional de Los Ríos determinó traspasar esta sartén caliente a Tatiana Esquivel que por ese entonces ejercía como persecutora jefa de Valdivia. 

Sin embargo, no hubo mayores avances, a pesar de las graves acusaciones contra Reyes y cuyas esquirlas ya empezaban a llegar a la alcaldesa de ese época Carolina Silva, ambos vinculados a la UDI.  

Esto generó algunos cuestionamientos, sobre todo porque Esquivel asumió en octubre de 2023 como fiscal regional de Los Ríos. Tras una serie de reportajes televisivos, que advertían graves situaciones de corrupción y eventuales pagos de sobornos a las autoridades de Río Bueno, la causa fue nuevamente traspasada. La misión quedó en manos de la fiscal María Consuelo Oliva, quien tras la presión de los querellantes, solicitó inéditas medidas intrusivas que ningún persecutor quiso solicitar durante los tres años de investigación y diligencias en curso. 

Con esto, por primera vez se conseguía levantar el secreto bancario del alcalde Luis Reyes y los otros imputados de la causa. Los primeros análisis llevaron a que Oliva solicitara el secreto de la investigación, pues–según fuentes del caso–aparecieron más de $350 millones sin justificar en las cuentas corrientes del alcalde Reyes y la exalcaldesa Silva. Todo vinculado a depósitos en efectivo vinculados a empresarios locales. 

Incluso, se descubrió que parte de ese recursos cayeron en la detective Sandra Verdejo, quien lideraba las diligencias en la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en Valdivia, lo que derivó en su suspensión y la apertura de un sumario interno del departamento V.

“Esta es la segunda vez que venimos. Es una gran cantidad, por cuanto abarca dos períodos, tanto del actual alcalde como la alcaldesa anterior (…)Hay varias denuncias y son 17 los hechos“, sostuvo la fiscal Oliva, tras terminar los allanamientos autorizados por un juez en el marco de los delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.

Para el querellante Helmuth Palma el caso de Río Bueno es una de los más grave a nivel municipal de los últimos años y quizás no ha tenido tanto revuelo por la lejanía con la Región Metropolitana.

“Tanto por la magnitud y cantidad de hechos investigados. Además, involucra el análisis de más de $40 mil millones en fondos públicos, provenientes no sólo del municipio, sino que también de otras instituciones, y a una cantidad significativa de imputados a la fecha”, detalla Palma.

Las casos de Algarrobo, Rancagua y Río Bueno, tres ejemplos que ya parecen emblemáticos de maniobras de pagos de coimas y lavado de dinero, no parecen impactar en los gobiernos locales.

“Hoy pareciera ser que muchas autoridades ni siquiera con estos casos emblemáticos están aprendiendo la lección y continúan justamente cometiendo ilícitos”, dice Michel Figueroa, de Chile Transparente, que advierte que se debe prevenir estas maniobras, porque sino tendrán que seguir llevando a los alcaldes y concejales a Tribunales.

“Trabajar en el Estado, en el municipio o cualquier institución pública, sea un deber ético”, finaliza.