Guerra de minutas: el texto interno de la oposición que acusa al Gobierno de “trabajar para los súper ricos”

La bencina de 93 octanos subirá $370 y el diésel, $580. Así se tradujo la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de modificar, por vía administrativa, los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

El Ejecutivo aseguró que realizó dicha acción en respuesta al shock de precios que sufrió el petróleo luego de que se desatara la guerra en Irán y para ahorrarle al fisco los recursos que gasta en el Mepco. Es por eso que las alzas se habrían visto reflejadas en el mercado local.

“Me habría encantado heredar otra situación, pero mi rol como ministro de Hacienda es velar por la hacienda pública, es velar por las finanzas públicas y por el dinero de todos los chilenos. No es ser popular ni es permitir que esta cosa siga, como si aquí no hubiese pasado”, sostuvo ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Los dichos del secretario de Estado, además, estuvieron respaldados por una minuta que compartió el Gobierno con sus colaboradores para acompañar a Quiroz en la defensa de esta impopular medida.

Sin embargo, no fue la única bajada comunicacional que circuló ayer tras el anuncio del ministro, sino que también, entre parlamentarios y dirigentes de oposición, circuló una que no solo hacía referencia al alza de los precios de la bencina, y a la que tuvo acceso The Clinic, sino también a otras políticas que ya ha adoptado el gobierno de Kast.

La minuta

El documento que circuló, de cinco páginas, encuadra la instalación del Ejecutivo señalando que el Presidente Kast “quiere usar un marco de emergencia falso para beneficiar a los súper ricos, sosteniendo medidas extremas sobre los hombros de la clase media y los más pobres, a través del recorte de beneficios sociales y con ello generando incertidumbre”.

Sin embargo, la minuta pone un foco especial en las medidas que afectaron el precio del combustible.

“Restringir el MEPCO es un golpe duro al bolsillo de las familias de clase media. No solo el transporte se verá afectado. Se desencadenará un alza en el costo de la vida en general al afectar la cadena productiva”.

El documento indica que, si bien “no es fácil equilibrar la responsabilidad fiscal”, se puede usar como ejemplo lo que realizó el gobierno anterior cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia. “Las autoridades se dedicaron a buscar soluciones, no a quejarse por los problemas que debían enfrentar”, reza el documento.

De hecho, agrega que incluso bajo ese contexto “se logró compatibilizar ayudas con un ajuste importante del gasto público”.

Otro punto que aborda la oposición en esta bajada es que “las medidas focalizadas no sirven cuando el impacto es generalizado. El alza de los combustibles no solo afecta a quienes tienen auto, sino que se traspasa a todos los bienes y servicios, golpeando transversalmente el costo de la vida”.

Luego, despliegan datos respecto de que la medida afectaría la inflación. Sin medidas de contención, indican, esta podría subir “entre 1,3 y 1,5 puntos, es decir, casi 15 veces más, empujando la inflación anual hacia el 4%”.

La apertura al diálogo

Con todo, en el documento aparece como relevante dejar en claro que “estamos disponibles para dialogar y buscar soluciones, pero también es importante decirlo con claridad: este no es momento para gustitos ideológicos. Si faltan recursos para apoyar a las familias, hay que revisar dónde se está gastando y cuáles son las prioridades”.

En esa línea, el documento apunta a que la clave está en que “no puede seguir siendo la clase media la que se lleve todo el peso de la principal prioridad de este gobierno: bajarle los impuestos a los súper ricos”.

Otros frentes de ataque

A eso agregan que el Gobierno del Presidente Kast ha impulsado medidas en seguridad, economía y medioambiente. Sin embargo, alegan que en ninguna de estas predominan “iniciativas de impacto directo en la vida cotidiana”, junto con una nula disposición al diálogo con la oposición y actores sociales.

En el área ambiental, se sostiene que el retiro de normas ha sido calificado como un retroceso por la sociedad y la oposición, y que no ha existido diálogo sobre estas medidas con dichos actores.

En cuanto a seguridad, apuntan a que, tras la muerte del carabinero Javier Figueroa, el Gobierno ha entregado “una respuesta centrada en gestos simbólicos, mientras se advierte desde la oposición un posible uso del tema para endurecer políticas”.

Sobre política exterior, por otra parte, se critica que “la decisión de no adherir a una declaración sobre derechos LGBTIQ+ en la OEA se interpreta como un retroceso y un giro en la tradición diplomática del país, priorizando definiciones ideológicas por sobre consensos previos en materia de derechos humanos”.

De ello, el documento desprende que, en el marco de los indultos, La Moneda ha impulsado “indultos a exuniformados condenados por crímenes durante el estallido, justificados por el gobierno como un gesto de reconciliación”.

Todo esto, se lee en la minuta, “configura un inicio de gobierno de alta intensidad, con rápida instalación de agenda y críticas por eventuales retrocesos en derechos y condiciones de vida”.

“Caracterización del Gobierno”

Con esto, se puntualizan seis aspectos para “caracterizar” al Gobierno de Kast.

El primero apunta a que la nueva administración es “un gobierno que trabaja para los súper ricos y le carga la mano a la clase media, generando incertidumbre a las familias”.

El segundo acusa que es “un gobierno que se queja: los ministros de Kast están constantemente analizando y declarando los problemas que enfrentan, en vez de resolverlos, como lo debe hacer un gobierno”.

La tercera idea insiste en que esta administración es “indolente, insensible, que no conoce la realidad de las personas”.

En cuarto lugar, asegura que este es “un gobierno que destruye lo que hemos avanzado como país”. El quinto, por otra parte, expresa que el Ejecutivo tiene un discurso incoherente, pues “dice que hay que bajar el gasto fiscal, pero que al mismo tiempo se sube el sueldo y le baja los impuestos a los súper ricos”.

Y el último punto afirma que, con todo, este es “un gobierno que miente”.

Esto, puesto que aseguran que “no están gobernando para las mayorías, sino que para los más ricos. Están priorizando su ideología por sobre el bienestar de las personas”.

“Ocho retrocesos”

Con esto, la minuta establece al menos ocho retrocesos a destacar. Como, por ejemplo, el anuncio de “la exclusión de las personas mayores de 30 años en la gratuidad en educación superior universitaria”.

El indulto a uniformados que cometieron delitos durante el estallido social, “bajo la justificación de que deben ser entendidos como una herramienta de reconciliación nacional, buscando justificaciones, sosteniendo —incluso— que el gobierno anterior, si tenía reparos, podría haber impulsado la eliminación de esta figura”.

En medioambiente, apuntan al retiro de 43 decretos que estaban en trámite en Contraloría y que fueron presentados entre 2023 y 2026.

El costo de la vida ante la modificación del Mepco, pues “una vez más son las familias de clase media y trabajadora las que pagan los costos, mientras se proponen beneficios para los más ricos”.

El retiro de cinco decretos en el Ministerio de Energía, uno de los cuales “buscaba corregir distorsiones que beneficiaban a grandes empresas extranjeras y que afectaban el bienestar de las familias”, se lee en la minuta.

En materia internacional, apuntan a la decisión de no adherir “a una declaración de derechos LGBTIQ+ en la OEA, el apoyo a la iniciativa de Trump en la ONU para limitar el concepto de género y el respaldo público a las acciones de política exterior de EE.UU., que dan cuenta de que el Presidente busca hiperideologizar la política internacional y no respetar la tradición republicana del Estado de Chile”.

En materia de derechos laborales, la minuta establece que “el gobierno ha señalado que revisará la implementación de la Ley de 40 Horas, que el 26 de abril debería disminuir la jornada a 42 horas, planteando ajustes de la banda horaria, el artículo 22 y la hora de colación”.

En esa línea, insisten en que “el gobierno está trabajando para beneficiar a las grandes empresas, a costa de perjudicar a los trabajadores y trabajadoras”.

Sobre eso, se destaca la intención del gobierno de hacer un recorte fiscal “sin un análisis riguroso de las necesidades de cada sector y sin transparentar a la ciudadanía qué beneficios o programas se verán afectados”.

Aquí el documento que tuvo acceso The Clinic: