Lo que se sabe tras la decisión judicial que elimina a BYD de la lista de empresas vinculadas al trabajo forzado

Treinta y un hombres en una sola casa. Un único baño. Comida apilada en el suelo junto a ropa y pertenencias personales. Así describieron los inspectores laborales brasileños las condiciones en que encontraron a decenas de trabajadores chinos en Camaçari, estado de Bahía, en diciembre de 2024. Eran obreros contratados para levantar la fábrica insignia de BYD en América Latina, y su rescate encendió el debate sobre BYD y el trabajo esclavo en Brasil. El escándalo tardó más de un año en convertirse en sanción oficial. Y la sanción duró menos de 48 horas antes de que un juez la suspendiera.

La “lista sucia” y lo que significa quedar en ella

El 7 de abril de 2026, el Ministerio de Trabajo de Brasil incluyó a BYD Auto do Brasil Ltda. en el registro oficial de empleadores que someten a trabajadores a condiciones equiparables a la esclavitud. El mecanismo, conocido como la “lista sucia”, tiene consecuencias concretas: impide a la empresa obtener ciertos tipos de préstamos de bancos brasileños, aunque no afecta al funcionamiento de la planta ya inaugurada en Camaçari. Las empresas permanecen en el listado durante dos años, salvo que un juez ordene su exclusión anticipada.

Dos días después de la inclusión, esa exclusión llegó como medida cautelar. El juez Luiz Fausto Marinho de Medeiros retiró provisionalmente el nombre de BYD de la lista hasta que se alcance una resolución definitiva. El magistrado argumentó que incluir a BYD era posiblemente ilegal. La decisión, sostuvo, partía de asumir que BYD era el empleador real de los trabajadores. El fallo puede apelarse, de modo que el caso BYD y trabajo esclavo en Brasil todavía tendrá que evolucionar.

163 trabajadores, pasaportes confiscados y salarios enviados a China

El origen de todo es una inspección sorpresa del 23 de diciembre de 2024. Los inspectores encontraron que los trabajadores no podían salir de sus dormitorios sin autorización. Los obligaban a cumplir largas jornadas sin descanso semanal. Además, les retenían los salarios y los pasaportes.

Jinjiang Construction Brazil, una subcontratista de BYD, había reclutado a los obreros en China. El contrato laboral que revisó Reuters —firmado por uno de los 163 obreros— incluye cláusulas que violan la legislación laboral tanto de Brasil como de China. Los términos eran duros: Jinjiang retenía los pasaportes y aproximadamente el 60% de los ingresos, pagando el resto en moneda china para evitar que los trabajadores abandonaran el trabajo. Cada empleado debía depositar casi 900 dólares, recuperables solo tras seis meses de trabajo.

Cuando los inspectores llegaron, casi no había trabajadores en las instalaciones y la maquinaria estaba paralizada. Los trabajadores brasileños contaron que sus colegas chinos trabajaban siete días a la semana, feriados incluidos. Los supervisores les habían dado el día libre porque sabían que vendría el equipo de inspección.

El número total de trabajadores rescatados ascendió finalmente a 224. El impacto mediático fue enorme, incluso en China, y complicó las relaciones entre ambos países.

BYD entre el apoyo político y la presión regulatoria

El caso expone una paradoja: BYD recibió respaldo institucional al más alto nivel mientras los inspectores avanzaban en su contra. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva asistió personalmente a la inauguración de la planta en octubre de 2025. La fábrica de Camaçari ocupa las antiguas instalaciones de Ford. BYD invirtió 5.500 millones de reales —unos 1.000 millones de dólares— y la considera la mayor fábrica de vehículos eléctricos de América Latina.

En enero de 2025, BYD y sus contratistas firmaron un acuerdo de 40 millones de reales con los fiscales laborales para compensar a los trabajadores rescatados. Pero ese acuerdo no incluyó a los inspectores laborales que realizaron la redada. Esa distinción fue clave: la inclusión en el registro solo procede tras un proceso administrativo con los inspectores, no con la fiscalía.

En mayo de 2025, la Fiscalía Laboral demandó a BYD, al Grupo Jinjiang y a otra contratista llamada Tecmonta por tráfico de personas y esclavitud, y reclamó cerca de 50 millones de dólares en daños. Jinjiang rechazó las acusaciones desde el inicio.

BYD y trabajo esclavo en Brasil: La pregunta que el fallo judicial no responde

La medida cautelar no absuelve a BYD ni cierra el proceso. Solo lo congela. El juez estimó que incluir a BYD era “posiblemente ilegal” por asumir que era el empleador directo. Es un argumento jurídico, no una exoneración de los hechos.

Matheus Viana, jefe interino de la División de Inspección para la Erradicación del Trabajo Esclavo, sostiene que BYD es “directamente responsable” porque una automotriz responde por las acciones de su contratista dentro de su propia planta. Ese principio —que una corporación no puede tercerizar la violación de derechos laborales— es exactamente el que el tribunal dejó en suspenso.

La planta de Camaçari sigue operando. BYD vendió 100.000 vehículos en Brasil durante 2025. El gobernador de Bahía aún espera que la empresa genere 10.000 empleos locales. El caso de los 224 trabajadores chinos que llegaron a construir ese futuro y encontraron sus pasaportes en manos ajenas aguarda todavía una respuesta definitiva de la justicia.