Con situación migratoria irregular y formalizado por participar en una barricada: lo que se sabe del argentino de 31 años expulsado por el Gobierno

Anoche el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que ayer se concretó la expulsión del territorio nacional de un ciudadano argentino llamado Andrés Alexis Vergara, luego de ser detenido el 26 de marzo en la Comisaría de Recoleta en el marco de desórdenes públicos graves en el contexto de una manifestación estudiantil y su participación en la instalación de barricadas incendiarias.

Andrés Vergara tiene 31 años, y llegó al país en calidad de turista, pero al momento de su detención se encontraba en situación migratoria irregular, luego de haber excedido el plazo de permiso de permanencia transitoria.

Se le formalizó por haber ejecutado la interrupción de la libre circulación de personas y/o vehículos en la vía pública, mediante violencia y/o intimidación de las personas. Finalmente, una vez que se decretó su prisión preventiva, es que el subsecretario del Interior dispuso su expulsión del país, fundada en razones de seguridad interior.

El 9 de abril Vergara fue notificado y aquello se ejecutó ayer, una vez verificado el término del proceso penal que derivó en su condena.

El ciudadano argentino fue trasladado bajo custodia de la PDI hasta el Complejo Fronterizo Los Horcones, donde fue entregado a personal de Gendarmería argentina, dando así cumplimiento efectivo a la medida de expulsión.

“La libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular de una persona”

“El Gobierno de Chile ha decidido ejercer esta atribución extraordinaria con el objeto de reafirmar la voluntad de que la libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular de una persona”, dijo el subsecretario Pavez.

Y agregó: “Por primera vez, en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se ha ejercido esta atribución legal, la que ejerceremos cada vez que sea necesaria como señal clara de que a Chile no se viene a delinquir”.

“Esta decisión, materializada rápidamente, es una muestra de que en Chile los extranjeros deben respetar la ley”, concluyó.