Javiera Toro (FA), exministra de Desarrollo Social y recortes en la cartera: “Lo que necesita el país no es menos protección social, sino fortalecerla”

La exministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, fue una de las pocas integrantes del gabinete del expresidente Gabriel Boric en mantenerse durante los cuatro años dentro del gobierno, aunque en esa cartera estuvo los últimos dos años y siete meses. Antes, se desempeñó como ministra de Bienes Nacionales.

Si bien hoy su agenda está centrada en la vida partidaria —participando en las instancias del Congreso Ideológico del Frente Amplio—, ha seguido de cerca la instalación del nuevo Gobierno de José Antonio Kast.

En ese contexto, dice recibir con preocupación el recorte impulsado por Hacienda para esa cartera, de más de $32 mil millones. Esto, explica Toro, porque durante su campaña presidencial el actual mandatario “había señalado que no habría afectación de programas sociales”.

En esa línea, advierte: “Aquí se requiere, y las familias de Chile merecen, mayores certezas que el Gobierno no está dando”.

—¿Cuál es el límite entre ordenar cuentas públicas y desmantelar políticas sociales? El Gobierno ha defendido que el recorte no va a afectar beneficios directos y la vocera sostuvo que no se van a cortar beneficios sociales.

—Siempre existe la necesidad de estar revisándose y, por supuesto, cuando se pueden hacer mejoras en eficiencia no se puede discutir. Pero lo que tenemos en Chile es una protección social que vemos que da resultado. Cuando vemos, por ejemplo, los resultados de la última encuesta Casen, donde se aprecia la tendencia sostenida a la baja de la pobreza, gracias en parte a la política social, no se entiende que esta retroceda.

En materia de niñez, por ejemplo, la ley de garantía y derecho a la protección de la niñez y adolescencia debe plantearse con una mirada de no regresividad. Entonces, más que recortar los presupuestos, uno debe pensar dónde deben invertirse según las necesidades actuales. Por eso es de preocupación que estos recursos se recorten.

—El ministro de Hacienda ha dicho que muchos programas no se van a eliminar, sino que se van a reformular. A propósito de su experiencia, ¿cómo interpreta eso en términos prácticos?

—Por un lado, tenemos a un Gobierno que está presentando una reforma tributaria encubierta para beneficiar a quienes más recursos tienen en el país, que señala permanentemente que busca darle certeza y estabilidad a los grandes inversionistas; y, por otro lado, transmiten una serie de mensajes y acciones que son de incertidumbre para las familias.

Entonces, la verdad es bastante preocupante ahora escuchar una reinterpretación de lo que señalan oficios que están escritos, donde las palabras son claras.

La revisión de los programas es algo que, por supuesto, siempre es posible. Durante nuestro gobierno también lo hicimos y, de hecho, el Ministerio de Desarrollo Social cumple un rol importante en apoyar a los distintos ministerios y servicios en eso, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social. Pero otra cosa es cuando se señala que se van a descontinuar programas, que todos sabemos lo que eso significa en español y escrito en un acto administrativo. O cuando se señala que va a haber un recorte del 15% en programas sociales que son necesarios.

Lo que necesita el país no es menos protección social, sino que se necesita fortalecerla. Cualquiera que haya recorrido Chile sabe eso.

—Sobre los recortes que afectan áreas como niñez, juventud e infancia, ¿cuál es el impacto real que pueden tener esas decisiones en las poblaciones que son beneficiadas?

—Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Juventudes tiene un recorte que es prácticamente de la mitad de su presupuesto y eso, sin duda, va a afectar la política hacia ese segmento de la población entre los 15 y los 29 años. Y aquí quiero señalar que también existe un proceso de revisión de las funciones y los roles que tienen que cumplir el INJUV y la institucionalidad de juventudes. Esto es algo que se discutió el año pasado en el Congreso a propósito de la discusión de presupuestos.

Revisión y, eventualmente, una modernización de la institucionalidad sin duda podría ser deseable, pero aquí lo que vemos es todo lo contrario. Aquí lo que vemos es un recorte que afecta prácticamente a la mitad del presupuesto. Entonces, la señal es que no se requiere una institucionalidad de juventud.

Así sucede también con la política nacional de jóvenes rurales: personas de carne y hueso a las que el Estado estaba llegando y que ahora se van a ver perjudicadas.

—¿Cree que se está rompiendo un consenso básico de no tocar ciertos beneficios?

—Aquí vemos una noción que, además, es coherente con lo que el propio gobierno ha señalado. Cuando hace algunos días el ministro Quiroz señalaba algo así como que esperaba que la única política social fuese el empleo y que no debiese haber, en el fondo, programas de protección social, es muy preocupante. Porque Chile tiene una senda que demuestra que tanto el crecimiento como la generación de empleos, junto con la protección social, son los que están dando resultados positivos.

Por ejemplo, los resultados de la última encuesta Casen nos muestran que hay una tendencia clara a la baja de la pobreza, pero todavía persisten desafíos. Por lo tanto, venir a atentar contra esta estructura que se ha construido con mucho esfuerzo, sin duda produce incertidumbre para las familias.

Toro: “Una cosa es que los programas puedan revisarse, y otra cosa distinta es que los recursos disminuyan”

—De todas formas, el Gobierno alega que hay muchos programas que efectivamente están mal evaluados o que son ineficientes...

—Insisto, la posibilidad de revisar programas, de ajustar la oferta programática, de hacerla más eficiente, por supuesto que es deseable, y eso ha sucedido en todos los gobiernos, en el nuestro incluido. Pero eso es muy distinto a lo que estamos viendo acá. Tenemos un oficio con más de 100 programas que el Ministerio de Hacienda recomendaba descontinuar el año 2027.

Concretamente, ya hay recortes que están reduciendo o descontinuando programas sin que haya un reemplazo para ello. Y, por ejemplo, vuelvo al tema de niñez: la ley de garantía de la niñez tiene un principio de protección universal y un principio de progresividad y no regresividad en los recursos. Una cosa es que los programas puedan revisarse y los recursos puedan destinarse a programas distintos, y otra cosa distinta es que los recursos disminuyan.

—¿Cree que hay una responsabilidad en los gobiernos anteriores, incluido en el que usted participó? ¿Faltó una mejor evaluación sobre cómo destinar los recursos?

—Siempre hay espacio, por supuesto, para ir mejorando la acción del Estado, y eso es algo que nosotros hicimos durante nuestro gobierno, con iniciativas, por ejemplo, como la ventanilla única social; con iniciativas como la evaluación de sistemas por parte de la Subsecretaría de Evaluación Social; o la revisión de todo el subsistema de seguridad que estaba realizando el Comité de Desarrollo Social y Familia, que va en la línea de ir mejorando la oferta programática.

Pero lo que vemos hoy día es un gobierno que hace vista gorda de todos esos avances producidos en los años anteriores y pretende partir de cero. Es muy difícil, porque justamente impacta en familias y en personas concretas.

—Si usted estuviese en el Ministerio de Desarrollo Social nuevamente, ¿Dónde haría ajustes o dónde cree que hay espacio para hacer ajustes?

—Bueno, hoy día son otras las autoridades responsables de las decisiones, pero yo, en términos generales, lo que señalaría es que tenemos que avanzar en fortalecer la protección social y no debilitarla. Y por eso mismo preocupa tanto que un gobierno que señaló que no habría afectación de programas sociales.

Entonces, si me pregunta a mí, yo creo que la respuesta no va por qué programas o qué dimensiones de la protección social sí se pueden debilitar. La protección social en su conjunto requiere ser fortalecida. Lo que no quita que puedan existir ajustes, y así sucedió durante nuestro gobierno, pero sin debilitarla y sin recortes.

—¿Qué señal cree que está dando el Gobierno con estos actos?

—Este Gobierno ha hecho de la certeza jurídica y económica su principal promesa para las grandes fortunas y los empresarios. Esto, mientras trabajan para los que más tienen, las familias que más necesitan apoyo viven en la incertidumbre constante.