Tras reclamo de la ANP, Ministerio de Minería decidió suspender licitación de servicio de clipping

Un reclamo presentado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ante la Dirección de Compras Públicas logró suspender una licitación del Ministerio de Minería para contratar servicios de monitoreo de prensa o “clipping”.

El proceso, publicado el 14 de abril por el ministerio, buscaba acceder a contenidos de medios de comunicación relacionados con la cartera, la industria y sus políticas. Sin embargo, fue dejado sin efecto antes de la recepción de ofertas.

La decisión se adoptó tras detectar que las bases no incluían exigencias relacionadas con normas que permiten resguardar la propiedad intelectual en el uso de contenidos periodísticos.

Falta de regulación en derechos de autor al usar clipping

Según la resolución, la ANP advirtió sobre la ausencia de mecanismos que aseguren el cumplimiento de la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual en este tipo de contratos.

El gremio de prensa alertó que estos servicios implican la reproducción, almacenamiento y distribución de contenidos periodísticos -de prensa escrita, digital, radio y televisión- sin necesariamente contar con autorización de sus autores.

El 28 de abril, la Subsecretaría de Minería ordenó revocar la licitación mientras se realiza un análisis jurídico y de mercado sobre este tipo de servicios. La autoridad señaló que es necesaria una revisión detallada de la normativa vigente y sus implicancias.

El caso es el primero en que una licitación pública es detenida por este tipo de observaciones, algo llamativo considerando que, de acuerdo a antecedentes de Mercado Público, diversos organismos estatales han contratado servicios de clipping en los últimos años, incluyendo ministerios, municipalidades y entidades autónomas como el INE o el Consejo de Rectores.

Un mecanismo de acción que se repite

La ANP ha trabajado en el último tiempo para que tanto empresas como organismos del estado y ministerios “tomen conciencia de que la contratacion de estos servicios (de clipping) son ilegales“. Como resultado, se dejó sin efecto a la licitación que llevaría a cabo el Ministerio de Minería, así como también se descubrió que el Ministerio de Defensa estaba licitando un servicio de clapping, por lo que se interpuso la acción de un abogado.