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Opinión

31 de Enero de 2023

Más amplitud y menos sesgos

Agencia Uno

Hace casi dos semanas las universidades de Chile, de La Frontera y de La Serena entregamos al gobierno y a la ciudadanía el informe Más amplitud, más voces, más democracia. Lo hicimos con la convicción de que somos universidades públicas que históricamente han aportado al desarrollo del país.

Por Dino Pancani C

Hace casi dos semanas las universidades de Chile, de La Frontera y de La Serena entregamos al Gobierno y a la ciudadanía el informe Más amplitud, más voces, más democracia. Lo hicimos con la convicción de que somos universidades públicas que históricamente han aportado al desarrollo del país y que, en este nuevo ciclo social, no debíamos romper con esa tradición.

Trabajamos con diversas organizaciones e instituciones vinculadas al sistema de medios en Chile y elaboramos -de manera autónoma- treinta y siete recomendaciones para mejorar nuestro sistema medial; veintiséis de ellas dependen de la creación o modificación de políticas públicas y otras once de tramites legislativos que requieren de la participación y aprobación de sectores políticos que no son parte del gobierno.

Durante los últimos días The Clinic y algunos medios de comunicación pertenecientes a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), y el presidente de la ANP, han expresado una serie de argumentos imprecisos y/o incorrectos sobre el informe.

La ANP inicia los escritos justificando su negativa al diálogo, esgrime dos razones: es un informe gubernamental y fue elaborado por tres universidades estatales, las que no serían parte de la sociedad civil.

La ANP hace caso omiso de información pública y privada entregada a sus controladores: el gobierno no tuvo participación en sus contenidos; su apoyo fue logístico, es decir, desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno se enviaron correos de invitación y se acondicionaron espacios para que parte de las trece entrevistas colectivas y los cinco grupos de discusión tuvieran la posibilidad de realizarse en las mejores condiciones posibles.

Se acusa la ausencia de sociedad civil en la producción de los contenidos, desconociendo sea por ignorancia o ausencia de buena intención, que las universidades estatales son autónomas (Ley 21.091, año 2018) y que una de sus funciones es actuar como mediadoras entre las personas y el Estado. En otras palabras, las universidades son parte de la sociedad civil, constituyen un fragmento de la sociedad valorado por la ciudadanía de acuerdo con diversos estudios de opinión.

En los textos escritos en formato columnas de opinión o editorial, se expresa consenso respecto a que la libertad de expresión puede estar en peligro. Este argumento se ha desarrollado sobre la base de supuestos que contiene el informe; no obstante, si se revisan las treinta y siete recomendaciones se observa que en ninguna se tensa la libertad de expresión.

El documento desarrolla sugerencias para tres temas transversales: interculturalidad, perspectiva de género y educación, sugiriéndose que la libertad de expresión se ejerza en el marco de respeto hacia grupos vulnerados en sus derechos humanos e identidades. Solo se propone un proyecto de ley que tipifique y condene los discursos de odio que se publican en los medios de comunicación.

El Estado tiene la obligación de involucrarse en la creación de un sistema de medios equitativo. Si bien hoy las barreras de entrada son accesibles, la sustentabilidad de un medio de comunicación independiente de las empresas privadas y del Estado es inviable, pues no existen vías de financiamiento que permitan un ejercicio periodístico autónomo de los poderes que se fiscalizan, incluido el poder económico.

En los escritos se visualizan dos temas que preocupan a ANP, ambos se reducen a la obtención de recursos económicos: el primero se hace cargo de que la hegemonía de las plataformas pertenecientes a empresas multinacionales actúa como un factor de inequidad para los ecosistemas locales. Para corregir en parte esa desigualdad, recomendamos que el avisaje estatal no supere “el diez por ciento del gasto total en publicidad y campañas en medios de comunicación y redes sociales que no tributen en Chile”. Esto obliga al Estado a avisar en todos los medios nacionales, no solo en los pertenecientes a las grandes empresas de la prensa escrita.

El segundo asunto tiene que ver con la creación de medios públicos que, según ANP, “tendrán un impacto monopólico en regiones, haciendo peligrar a los medios locales”. Entendemos el temor y lo compartimos, por eso se propone no solo la creación de medios públicos, también planteamos ayudar a los medios de comunicación de regiones que tengan una facturación menor a cinco millones de pesos, es decir, a la abrumadora mayoría de los medios de comunicación locales.

Chile vive una crisis del sistema medial donde la proliferación de noticias falsas y/o informaciones parciales han agitado y ofuscado a una parte importante de la población. Si bien la dificultad que padecemos es multifactorial, no podemos negar que se debe -además- al comportamiento irresponsable de propietarios y profesionales que trabajan en los medios de comunicación; ¿Recuerdan que, a propósito de las movilizaciones estudiantiles del año 2018, Canal 13 emitió una fake news que involucraba a grupos subversivos con las estudiantes del Liceo 1 de niñas? Bueno, un código de ética periodística podría haber evitado ese atentado a las personas y a la fe pública.

Entonces, proponemos conversar, buscar acuerdos a través de un diálogo que se canalice a través de una comisión que cree un código de ética, en donde la ANP también participe: “Esta instancia a lo menos debiese considerar la participación del Colegio de Periodistas, el Consejo de ética de los Medios de Comunicación Social, el Consejo Nacional de Televisión, una universidad estatal y otra privada”.

Por último, señalar que el estudio se encargó a tres universidades sin concurso ni licitación es equívoco. Una universidad pública no necesita participar de una licitación o concurso para ejecutar un proyecto ad honorem, es decir, que no involucra recursos fuera de los propios. Solo requiere tener la disposición de promover ideas y debates que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida; precisamente de esto se trata el informe, de la promoción de discusiones y de la entrega de información fidedigna y oportuna para la toma de decisiones del gobierno y de la ciudadanía que confía en tener más y mejores medios de comunicación.

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