Ciudad
6 de Mayo de 2026Formalización de Joaquín Lavín: cuestionado secretario de la Corporación de Las Condes fue vinculado a los despidos “políticos” ordenados por exdiputado en municipalidad de Maipú
Nicolás Pizarro, a cargo de la corporación municipal, fue nombrado por la fiscal Lorena Parra como una de las contrataciones que ejecutó el exparlamentario para la administración de Cathy Barriga en Maipú bajo la lógica de “sus intereses económicos y políticos”. El Ministerio Público también nombró a Eugenio Aguiló, a quien la persecutora calificó de “especial confianza” de Lavín León tras su nominación como DIDECO en 2017. Ambos habrían colaborado en la confección de un listado de 497 funcionarios públicos de Maipú–por petición del exdiputado–quienes fueron desvinculados por razones políticas, lo que tuvo un perjuicio de más de $1.000 millones por las demandas laborales. Hace unos días, Nicolás Pizarro y Eugenio Aguiló fueron denunciados a Contraloría por un millonario contrato de chatbots en Las Condes.
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Tres jornadas lleva la extensa formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, quien es acusado por el Ministerio Público de ser autor de los delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado.
En la audiencia de ayer, la Fiscalía Oriente solicitó la prisión preventiva del exparlamentario al considerarlo un peligro para la sociedad. La decisión de aceptar esa medida cautelar está en manos del juez Daniel Urrutia, quien debe esperar las intervenciones de los querellantes–CDE y Municipalidad de Maipú– y las defensas para adoptar el fallo.
Dentro del relato encabezado por la fiscal regional Lorena Parra respecto al supuesto esquema de corrupción instaurado por Joaquín Lavín León en los inicios de la administración de Cathy Barriga, fueron mencionados varios directivos del municipio de ese entonces, quienes–según el ente persecutor–fueron “contratados” por instrucción del imputado.
Entre ellos, aparecen Nicolás Pizarro Juliá, actual secretario general de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, y Eugenio Aguiló Armstrong, exsubsecretario de la Segegob y dueño de la empresa Impacte Spa, la cual fue denunciada a Contraloría hace unas semanas por un contrato de chatbots que obtuvo en la mencionada entidad municipal, en enero pasado, y que fue constatado en un reportaje de The Clinic.

En el escrito que llegó al ente fiscalizador se da cuenta del vínculo directo que existiría entre Nicolás Pizarro y Eugenio Aguiló, quienes no lo informaron al momento de cerrar un contrato en la Corporación de Las Condes por 590 UF, unos $20 millones. En la denuncia se expuso que ambos se conocieron en la municipalidad de Maipú cuando ejercieron altos cargos en la primera administración de Cathy Barriga.
Pizarro fue nombrado administrador municipal, mientras que Aguiló asumió como Director de Desarrollo Comunitario (DIDECO).
Antes de que el secretario de la Corporación validara la contratación del sistema de chatbots por parte de Impacte, cuya empresa compitió en un proceso entre cuatro compañías vinculadas a convenio marco, Nicolás Pizarro se reunió dos veces con Eugenio Aguiló para “enterarse” del servicio de inteligencia artificial.
De acuerdo a las audiencias registradas por ley de Lobby, ambos concretaron la primera cita el 7 de noviembre de 2025. Mientras que la segunda no fue en el despacho del secretario de la Corporación de Educación. Sino que autorizó que su excompañero de labores en la municipalidad de Maipú hiciera un taller para los directores de colegios y jardines con el objetivo de mostrar su producto, el 28 de ese mismo mes.
Ante la acusación por “trato privilegiado” y no inhabilitarse por la cercanía que alcanzaron–incluso fueron compañeros en la universidad en sus estudios de derecho–ambos descartaron tener vínculos de amistad entre ellos.
“Desde el primer momento hemos sostenido que no es efectivo que exista una relación personal de amistad cercana, fuera de una relación profesional común, entre personas que se encuentran cada algunos años en contextos laborales, profesionales, comerciales”, señaló a The Clinic, Eugenio Aguiló, tras el reportaje.
Lo que fue complementado por la autoridad municipal. “Respecto al representante legal de la empresa adjudicada debo señalar que compartimos ramos en una generación de más de 100 alumnos, donde egresé el año 2009 (hace 17 años), y coincidimos dos meses en la municipalidad de Maipú tras lo cual presenté mi renuncia a dicha administración”, indicó Pizarro.
Fiscal Parra: “Valiéndose de la jerarquía de su cargo de diputado ejerció influencia en los referidos empleados públicos para que adoptaran decisiones favorables para Lavín León”
Si bien ambos ex directivos de la municipalidad de Maipú rechazaron tener vínculos directos, durante la formalización de Joaquín Lavín León aparecieron nuevos antecedentes que complica la versión entregada a este medio y a la propia alcaldesa Catalina San Martín.
En la audiencia del martes, la fiscal regional Lorena Parra realizó una larga exposición para argumentar la solicitud de prisión preventiva, en la que detalló cómo el exparlamentario montó un esquema para ser una especie de “alcalde en las sombras” en la época que su esposa Cathy Barriga obtuvo el sillón municipal de Maipú.
Además, la persecutora explicó el uso de los recursos municipales para hacer campaña en su gestión como diputado, además de implementar un diseño para identificar a los funcionarios municipales que no eran de su corriente política.

Es en ese escenario en la que encaja la participación de Nicolás Pizarro y Eugenio Aguiló.
“Del mismo modo, el imputado Lavín León gestionó la contratación de Nicolás Pizarro Juliá, quien fue el primer administrador de la municipalidad en esta nueva gestión hasta el 28 de febrero de 2017. Quien una vez contratado respondía directamente al diputado como indirectamente a él por intermedio de Carlos Farlie”, expuso la fiscal Parra.
A lo que complementó:
“En el mismo sentido, el imputado Lavín León gestionó la contratación de Eugenio Aguiló, quien fue otro de los directores que ingresaron desde el primer día a la administración de Barriga Guerra y que era de especial confianza del imputado ya que instruyó a sus subordinados informaran a Lavín León sobre todo tipo de detalles al interior de este departamento de la DIDECO del cual estaba a cargo y respecto de los funcionarios ideológicamente contrarios a la administración”.
En esa línea, la persecusión de empleados fiscales no fue al azar. El Ministerio Público reveló que usaron la sede distrital de Joaquín Lavín como base para generar una lista que alcanzó casi 500 funcionarios que venían de la administración anterior y podrían ser un problema para la recién asumida alcaldesa Barriga. Todo esto controlado por el imputado Arnaldo Domínguez, máximo asesor del exdiputado UDI.
“En las labores vinculadas a las desvinculaciones masivas también participó Diego Romo Morales, mientras colaboraba en la campaña de la alcaldesa, fue citado en las primeras semanas de 2017 para entrevistarse con el director de dideco de la época Eugenio Aguiló, siendo contratado por $600 mil. Tras su contratación en el municipio, el propio Arnaldo Domínguez le pidió identificar a funcionarios que participaron en campañas anteriores, instrucciones que también habrían sido reforzadas por el propio Aguiló”, reforzó la fiscal jefe de la Fiscalía Oriente.
Para el Ministerio Público, estas gestiones fueron calificadas como “una operación de desvinculación masiva de funcionarios municipales por razones de intereses política”, comandadas por Joaquín Lavín y ejecutadas por sus operadores: Carlos Farlie, Felipe Contreras, Nicolás Pizarro y Eugenio Aguiló.
La fiscal Lorena Parra indicó que estos antecedentes acreditan el delito de tráfico de influencias, el cual provocó que de las 497 personas desvinculadas por ser “contrarias” a Cathy Barriga, generó un perjuicio municipal de $1.149 millones en pago de condenas, transacciones y avenimientos de los exempleados que demandaron a la municipalidad.
Consultada la Municipalidad de Las Condes por esta nueva información que salpica al secretario general de la Corporación de Educación, optaron por no entregar una declaración.
Por su parte, Eugenio Aguiló descartó a The Clinic cualquier cercanía con Joaquín Lavín durante su paso por Maipú.
“Puedo asegurar que mi inclusión en el equipo social de la alcaldesa, en DIDECO, no tuvo relación alguna con el Diputado. Por no haber participado de ningún modo en sus campañas, no conocía a sus equipos ni tampoco a funcionarios del municipio antes de mi ingreso”, afirmó.
Frente a las desvinculaciones comentó que “una promesa de campaña de la alcaldesa era terminar con los operadores políticos y “fantasmas” en un municipio que estaba sumido en un escándalo de corrupción (Caso Basura); por tanto, no me llamó la atención que ejecutaran desvinculaciones o contrataciones como hace todo Alcalde entrante, lo que en su momento fue muy bien valorado por los vecinos”.



