¿El consultorio como puerta de entrada a la atención o a la expulsión de migrantes?

Cada vez que un migrante irregular cruza la puerta de un consultorio, el Estado chileno enfrenta una decisión silenciosa: ¿lo atiende como paciente o lo trata como problema? Por años, la respuesta ha sido ambigua. La normativa dice lo primero; el miedo cotidiano de quienes no tienen papeles dice lo segundo.

Chile tiene compromisos claros. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Trabajadores Migratorios ratificada en 2005 y la propia Ley 21.325 de Migración establecen que el acceso a la salud no puede condicionarse al estatus migratorio. No es una opción generosa del Estado: es una obligación jurídica. Sin embargo, una proporción significativa de migrantes irregulares evita el sistema sanitario por temor a consecuencias migratorias. El derecho existe en el papel; el miedo opera en la práctica.

En este contexto, se ha propuesto ir en la dirección contraria: obligar a los funcionarios de salud a denunciar a quienes carezcan de documentos. Sería un error grave. No solo vaciaría de contenido el derecho a la salud, sino que convertiría al consultorio en una trampa, alejando a personas enfermas del sistema con consecuencias de salud pública para toda la población. Las enfermedades contagiosas no respetan estatus migratorio. Asimismo, la tardanza en atender condiciones puede traducirse en muerte o en complicaciones.

La pregunta correcta no es cómo usar el sistema de salud para controlar la migración, sino cómo usarlo para reducir la irregularidad de manera voluntaria y digna. El contacto clínico es, en muchos casos, el único punto en que el Estado llega efectivamente a esta población. Desperdiciarlo sería una oportunidad perdida.

La propuesta es simple: crear en los establecimientos de salud de alta afluencia migrante una Ventanilla de Regularización Sanitaria, atendida por personal distinto del equipo clínico —idealmente, organizaciones de la sociedad civil con convenio estatal— que informe voluntariamente sobre los beneficios de regularizarse y permita iniciar a los migrantes el trámite en ese mismo momento, sin costo, sin que la negativa tenga consecuencia alguna para la atención recibida.

Quienes estén en tratamiento activo por enfermedades crónicas, quienes estén embarazadas, quienes cuiden a un menor o adulto mayor con condición de salud relevante, podrían acceder a una visa humanitaria temporal de 12 meses, renovable, cuya sola existencia los sacaría de la sombra. No como premio, sino como política de salud pública.

La clave es la arquitectura del sistema: los datos de salud nunca cruzan hacia Migraciones; el inicio del trámite no activa procedimientos de expulsión; la irregularidad previa no se penaliza. El migrante se regulariza porque le conviene, no porque le tema a las consecuencias de no hacerlo. Esa distinción —entre incentivo y coerción— es lo que hace la diferencia entre una política legítima y un mecanismo de control encubierto.

Chile tiene la oportunidad de transformar cada consulta médica en un momento de integración con los migrantes. No es utopía: Portugal, Alemania y varios cantones suizos lo han hecho. El consultorio puede ser una puerta. Depende de nosotros decidir si conduce a la atención o a la expulsión.