Cámara de Diputados aprueba con amplia mayoría proyecto misceláneo de Reconstrucción y lo despacha al Senado

Por una holgada mayoría la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el megaproyecto de Reconstrucción despachando el articulado al Senado para iniciar el segundo tramite constitucional, otorgando un triunfo al gobierno.

La idea de legislar se aprobó por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, para luego dar paso a una larga sesión de 4 horas donde se votaron en particular varios artículos solicitados por los parlamentarios.

Por contundente mayoría, se aprobó casi toda la iniciativa, excepto dos articulados. En general, el texto que va al Senado comprende la rebaja del impuesto de primera categoría para las empresas, la integración del sistema tributario, la propuesta de invariabilidad del sistema impositivo por 25 años para proyectos de inversión, la exención de contribuciones para los mayores de 65 años, el crédito tributario por emplear a personas con un salario cercano al mínimo, la indemnización fiscal a proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea rechazada, entre otros temas.

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, valoró este avance calificándolo como “un paso de tranquilidad”.

“Se incorporan en esta iniciativa US$400 millones para el fondo de Reconstrucción. Estamos dando un paso importante en los compromisos del Presidente en torno a generar los recursos para la reconstrucción de las zonas de Biobío, Ñuble y Viña del Mar; y generar las bases para una economía más dinámica, que permita más inversión, que facilite los permisos y hace más competitivas las tasas tributarias y que todo eso se traduzca en mayor crecimiento y en mayor empleo”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, agradeció el respaldo oficialista y del PDG, que calificó de histórico. “Esta votación nos permite avanzar con confianza al siguiente trámite, para devolver al país un entorno despejado para aumentar la inversión y el empleo”, acotó.

Tal como  se había adelantado, se rechazaron por amplia mayoría los artículos que eliminaban la franquicia Sence para capacitación laboral siguiendo la línea que habían formulado las comisiones de Hacienda y Trabajo. Cabe considerar que el ministro Quiroz se comprometió a proponer en el Senado un perfeccionamiento del sistema de capacitación.

También fue rechazada la norma que afectaba la propiedad intelectual al permitir reproducir o comunicar al público una obra para la realización de actuaciones judiciales, administrativas y legislativas sin requerir autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna. Esta propuesta fue ampliamente resistida por los actores de la cultura y de los medios de comunicación.

Nuevas ideas: sala cuna y servicios básicos

Durante la sesión, los diputados de oposición presentaron algunas indicaciones al proyecto que obtuvieron el respaldo de la Cámara, aunque desde el oficialismo se realizaron reservas de constitucionalidad.

El primero referido a sala cuna del diputado Jorge Brito (FA) para que los empleadores cuenten con salas cuna anexas o independientes del local de trabajo para niños menores de 2 años.

La segunda es una indicación de la diputada Ana María Gazmuri que obliga a las empresas concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de distribución de gas a “reconectar, de forma gratuita y sin condición previa de pago”, a los usuarios residenciales y empresas en zonas declaradas en estado de catástrofe “que hubieren sido desconectados con anterioridad por causales vinculadas al no pago de obligaciones dinerarias”. Se contemplan plazos para efectuar la reconexión: 48 horas para suministro eléctrico y de gas, y 24 horas para agua potable y alcantarillado.

También se aprobó una indicación del diputado Raúl Soto (PPD) acerca de no cobrar intereses sobre intereses a deudores.

La oposición lamentó el despacho del proyecto. “No fue con nuestros votos. Estamos unidos para advertir de los riesgos que este proyecto trae, riesgo fiscal para favorecer a los super ricos y recortar programas. Esperamos este sea el inicio de un trabajo fortaleciendo la unidad para impedir que este gobierno nos lleve al abismo fiscal”, indicó el diputado Brito al término de la sesión.

Además anunciaron que están evaluando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional por lo que denominó vicios en la tramitación.

De acuerdo al Informe Financiero el proyecto tendría un costo neto, durante el primer año, de $838.430 millones, para ir subiendo paulatinamente y llegar al cuarto año a $2.789.888 millones, manteniendo un déficit en recaudación hasta el año 25 de vigencia. El Gobierno ha sostenido que si se incorpora el componente crecimiento que induciría esta iniciativa el costo estimado iría descendiendo y llegar al año 10 pasaría a una mayor recaudación.