“Impulsos apresurados”: El portazo de los senadores oficialistas a la acusación contra Grau anunciada por diputados republicanos y libertarios

Una posición severa otorgó la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sobre la acusación constitucional contra Nicolás Grau (Frente Amplio) que el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron que impulsarían.

“Yo reservaría las iniciativas de fiscalización, legítimas por cierto, para después de la tramitación del proyecto (de Reconstrucción), una vez tengamos la ley aprobada (…). Si queremos construir un acuerdo serio, necesitamos coherencia política: no se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro“, sostuvo la parlamentaria ayer desde el Palacio de La Moneda.

La posición de Núñez fue entendida como un “llamado de atención” a los parlamentarios libertarios y republicanos quienes ayer se mostraron enérgicos en la ofensiva iniciada contra el exministro de Hacienda, apuntado por el último Informe de Finanzas Públicas (IPF) que entregó la administración de Gabriel Boric, documento que el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, denunció que presentaba millonarias “inconsistencias”.

No son pocos los integrantes del oficialismo que consideran que la arremetida contra Grau podría traer un efecto colateral indeseado: que las negociaciones del Gobierno con la oposición en el Senado en la discusión de su proyecto estrella se vean alteradas, si es que la incursión libertaria y republicana prospera.

De hecho, ese punto marcaron las bancadas de la UDI y RN, que aún no se han sumado a la jugada. Desde el partido dirigido por Guillermo Ramírez cuestionaron que no existiera una coordinación previa como sector, mientras que desde la colectividad de Andrea Balladares enfatizan en que se frustraría el diseño de La Moneda al impulsar una acción de este tipo. Por eso, desde ambos grupos están estudiando y evaluando los méritos de la acusación.

En todo caso, la resistencia no se cerró únicamente en los integrantes oficialistas de la Cámara de Diputados, pues desde el Senado otros miembros también han salido a desacreditar la acción de las bancadas lideradas por Cristóbal Urruticoechea (PNL) y Benjamín Moreno (P. Republicano), quienes tiene hasta el 11 de junio para acusar a Grau, antes de que venza el plazo estipulado de tres meses desde que dejó su cargo para presentar alguna objeción política.

El pulgar abajo de los senadores

La posición de Núñez expresada en la jornada de ayer recibió respaldos durante esta mañana.

El senador Sergio Gahona (UDI) señaló a The Clinic que “las acusaciones constitucionales son herramientas serias, que deben evaluarse con responsabilidad jurídica y política y no desde la lógica del enfrentamiento coyuntural“.

Si bien afirmó que los antecedentes dados a conocer por Quiroz se trataban de “inconsistencias graves” que por parte del exministro Grau que merecen su total esclarecimiento, también señaló que “cualquier decisión debe tomarse sobre la base del mérito de los hechos y no de impulsos apresurados“.

De todos modos, no descartó que la Cámara Alta pueda oficiar como fiscalizadora y, a su vez, como promotora de acuerdos.

Su par Gustavo Sanhueza (UDI), en tanto, dijo no ser “partidario de las acusaciones constitucionales” y que estas actualmente se trataban de hitos que “no generan el efecto que se esperó cuando se hizo la norma”.

“Entiendo que todas las personas que participan en un Gobierno, independiente del sector, lo hacen con buena intención. Sancionar a una persona por 5 años para ejercer un cargo público, sobre todo cuando salió del Gobierno, no le veo mucho sentido”, postuló el parlamentario, quien dijo inclinarse más por la interpelación parlamentaria, y que la definición de sanciones “no debiera ser el rol del Parlamento”.

El senador Miguel Ángel Becker (RN), si bien no tiene reparos con las acusaciones constitucionales, señala a este medio que “no es el momento” de impulsar una contra Grau, apelando a que la negociación de la megarreforma está en plena ejecución.

“Después si hay antecedentes que sí lo ameriten, tendremos que tomarlo en consideración. Pero no es el momento ni precisamente la situación que queremos vernos involucrados en este tiempo”, afirma.

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), tampoco tuvo una valoración positiva sobre la acusación.

“El momento político es cuestionable, porque si había una evidencia tan sólida debió presentarse con anterioridad y no ad portas de una megarreforma prioritaria, urgente, que demanda el país”, cuestionó el senador, a la vez que afirmó que una acción de ese tipo “enrarecía” el ambiente político, además de que se le abría la puerta a que la oposición presentara futuras acusaciones contra ministros de la administración Kast.

El senador Andrés Longton (RN) también se manifestó al respecto. En Radio Duna el representante de la Región de Valparaíso sostuvo esta mañana que iniciar la acusación contra Grau generaría un ambiente que sólo polarizaría más la relación entre el oficialismo y la oposición.

Aunque dijo que “tenemos un problema respecto a cómo se ejecutaron y calcularon los gastos del gobierno del expresidente Boric”, también afirmó que “estamos frente a quizás el proyecto más importante que va a tener el Presidente Kast en sus cuatro años“. Es por eso que, señaló, “el clima también tiene que estar acorde a aquello, independientemente de eventuales responsabilidades políticas“.

En la corporación no pasaron por alto que el propio biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado (UDI), comentó ayer que “no sería serio negar que (la acusación) afecta el ánimo de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan y aprender a trabajar en varios ámbitos a la vez“.

Es al propio Alvarado y a su par Segpres, José García Ruminot (RN), a quienes se les sindica como los negociadores en la Cámara Alta del proyecto de Reconstrucción y los principales golpeados en caso de que la ofensiva contra Grau se presente efectivamente en la Cámara de Diputados.

Desorden en bancada de diputados de RN

Pese a que ayer la bancada de diputados de RN persistían dudas sobre si sumarse o no a la ofensiva, hubo un descuelgue en el grupo.

Fue el diputado Daniel Valenzuela (ind.-RN), quien adelantó su posición respecto a la acusación a pesar de que el jefe de bancada de la colectividad, el diputado Diego Schalper, sostuvo que darían a conocer su posición la próxima semana.

Valenzuela señaló que la acusación “es un instrumento del que no hay que abusar, pero cuando hay $3 billones en pagos pendientes, compras sin licitar y déficit que pagan las familias chilenas, no podemos encogernos de hombros.

En ese sentido, dijo apoyar la ofensiva contra Grau porque “si no marcamos un límite ahora, mañana vamos a seguir pagando los errores con más alzas y menos servicios”.

La posición alteró, de alguna manera, la estrategia interna de RN, quienes están en desacuerdo con la premura de los libertarios y republicanos y están a la espera de que ellos envíen su trabajo jurídico para recién evaluar sumarse o no a la ofensiva.