Columna de Carmen Soza: Contribuciones: el ajuste pendiente de los municipios

La propuesta de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años, incluida en el proyecto de Reconstrucción Nacional, es uno de los temas que ha generado discusión pública durante las últimas semanas. ¿Qué entendemos que hay detrás de esta propuesta? Un acto de justicia y de sentido común con miles de familias que han vivido décadas en su hogar y que hoy ven cómo con cada reavalúo se amenaza su permanencia en él. 

Al detenerse a analizar este tema conviene recordar algo básico que la lógica estatista suele olvidar: los recursos públicos no son del Estado ni de los municipios, son de las personas. Un tributo solo se justifica cuando guarda relación con la capacidad de pago de quien lo soporta y cuando se traduce en la producción de bienes o servicios destinados a mejorar la vida de las personas. Cobrar contribuciones crecientes a un adulto mayor por una casa por la cual ya pagó impuestos, que se valorizó por el solo paso del tiempo, sin que sus ingresos hicieran lo mismo, no cumple ninguna de las dos condiciones antes mencionadas.

La reacción, sin embargo, no se hizo esperar. Apenas conocida la propuesta, buena parte del mundo municipal encendió las alarmas y exigió, casi al unísono, compensaciones, advirtiendo que sin reponer esos ingresos se afectarían servicios esenciales. Efectivamente las contribuciones son una fuente relevante de financiamiento del Fondo Común Municipal que sostiene a las comunas más pobres. El propio proyecto, de hecho, se hace cargo del tema y contempla aportes adicionales del Estado para cubrir gran parte de la potencial merma. Lo que no se considera es cubrir lo que los municipios perciben como ingreso propio permanente (IPP). Es clave destacar que en los últimos 5 años el IPP por contribuciones aumentó en promedio un 50% para todas las municipalidades. Pongamos cabeza fría para entender la magnitud de las cifras de las que hablamos: el 97% de las comunas verían disminuidos sus ingresos disponibles en menos de 3% y un 85% en menos de 1%. 

La mirada a las cifras genera una asimetría que incomoda. Se exige con fuerza que alguien más reponga lo que se dejará de recaudar, mientras casi nadie se pregunta, con la misma energía, en qué se está gastando hoy y dónde están los espacios de ajuste. La primera reacción “natural” y “simple” es extender la mano, no ordenar la casa ni ajustar el gasto. Y esa es, justamente, la conversación que se evita.

Como botón de muestra miremos el reciente informe de la Contraloría sobre los gastos municipales en celebraciones durante 2024 y 2025: más de 31 mil millones de pesos en total, de los cuales casi 2.700 millones se fueron en celebrar el “Día del Adulto Mayor” —el mismo grupo al que ahora cuesta tanto aliviar— y un 39%, más de 12 mil millones, en baños químicos, equipos de sonido y catering. La propia Contraloría recordó que estas conmemoraciones debían ser un medio para servir a la comuna y no un fin en sí mismo. Estas fiestas tienen un valor cuando se trata de reunir a la comunidad en torno a una tradición y van en directo beneficio de sus vecinos. Pero cuando un municipio gasta desproporcionadamente cientos de millones en fiestas sin sentido, mientras posterga la asistencia social, y acto seguido reclama que le compensen cada peso, la contradicción la percibe cualquiera.

Llevamos demasiados años acostumbrados a no discutir el fondo, a dar soluciones parche y a responder a cada problema con más gasto y burocracia. Lo responsable es exactamente lo contrario: revisar cómo estamos gastando, en qué y dónde están las mejoras posibles antes de pedir que otro pague la cuenta. Sabemos que ese ejercicio es incómodo, porque obliga a romper con la inercia y con otras malas prácticas por todos conocidas: gastos superfluos, contrataciones innecesarias que se multiplican muchas veces en forma escandalosa en años electorales y programas sin impacto. Pero eludirlo es, una vez más, dejar que gane la indolencia.

Por eso el debate en el Senado no debe ni puede reducirse al monto de la compensación. Aliviar a los adultos mayores es un acto de dignidad que corrige una injusticia evidente; pero la sostenibilidad del sistema no se logra trasladando en forma automática y mecánica el costo a otros, sino exigiendo el mínimo rigor para que los municipios vuelvan a estar al servicio de los vecinos y no de su propia maquinaria. El verdadero ajuste, el que sigue pendiente, no es el del bolsillo de las familias: es el del gasto de quienes administran lo que es de todos.