Columna de Luis Cordero Vega: Pragmatismo

Uno de los problemas centrales en las democracias contemporáneas es cómo hacer compatibles las promesas de campaña con las acciones concretas que se ejecutan una vez que se gobierna. Cuando esas promesas se incumplen o son calificadas bajo alguna fórmula retórica, la disonancia pública es escandalosa, porque si la política y la ley son promesas de algún cambio en el bienestar, su incumplimiento o ineficacia se transforma en una defraudación de consecuencias impredecibles.   

Esa distancia es la que está alimentando los niveles crónicos de desconfianza en nuestro país, motivada principalmente por la incapacidad del sistema político para canalizar las demandas sociales, generando desafección y malestar. El aumento de esa desconfianza afecta la vida cotidiana de las personas, los mercados, la lealtad a la democracia y el cumplimiento de la ley. 

Maquiavelo sostenía que la eficacia política dependía de “la verdad efectiva de las cosas”, donde el gobernante no puede darse el lujo de gobernar en su mundo ideal, sino que debe adoptar decisiones considerando la realidad y el país que lidera tal cual es. Weber señaló que quien toma decisiones en política debe regirse por la “ética de la responsabilidad”, según la cual debe adoptar sus decisiones teniendo presentes las consecuencias previsibles de sus actos. 

De este modo, tener una gestión eficaz en el Estado exige tener en consideración las consecuencias que un proceder torcido, mendaz y especialmente inútil provoca en la lealtad a las reglas. Por eso es tan relevante la sinceridad, especialmente cuando los contextos cambian o la realidad al momento de gobernar implica reconocer posibilidades distintas de las prometidas.

Como está ampliamente documentado, las elecciones de los últimos años en el mundo estuvieron marcadas por tres temas esenciales: seguridad, migraciones y costo de la vida. Chile no fue una excepción en su última campaña presidencial y tampoco lo es en cómo se evalúa a los gobiernos que asumen.

Pero los contextos exigen adaptarse y actuar en consecuencia frente a “la verdad efectiva de las cosas”. Es lo que sucede precisamente hoy en materia de seguridad penitenciaria y migraciones, dos ejercicios de pragmatismo a los que la actual administración deberá enfrentarse.

Chile tiene un sistema penitenciario sobrepoblado, esencialmente por decisiones públicas deliberadas. En la actualidad existen más de 64 mil personas privadas de libertad en un sistema de 42 mil plazas. En los últimos cuatro años la población penal creció aceleradamente por las modificaciones legales que aumentaron las penas, la reducción de beneficios penitenciarios, un aumento de la eficacia policial y cambios de estrategias para una persecución penal inteligente. Ese aumento fue deseado, sin embargo, la infraestructura pública no creció al mismo ritmo por un sinnúmero de razones, pero principalmente por la oposición a cada nuevo proyecto de construcción de cárceles en los últimos veinte años.

El Gobierno tiene entonces el dilema de enfrentarse a un sistema que siga sobrepoblándose, con el riesgo de seguridad y especialmente de facilitar conciertos para actuaciones disruptivas dentro de los penales, o bien descongestionar el sistema penitenciario recurriendo a conmutación de penas o indultos generales para las personas con menor compromiso delictual. La disyuntiva real no es entre seguridad y liberación, sino entre un colapso que nadie gobierna y una descompresión gradual y condicionada que el Estado todavía está a tiempo de administrar. No hacer nada es allanar el camino a una tragedia.

Algo similar ocurre con las migraciones. La idea de que el país pueda expulsar a personas que ingresaron irregularmente, que se encuentran desde hace varios años, que han generado arraigo con sus familias y que desarrollan actividades económicas productivas pareciera en algún sentido contraproducente. Como lo ha demostrado el BID, una regularización para nuestro país tiene efectos positivos mayores que los negativos, tales como la reducción del envejecimiento acelerado en el que nos encontramos, el impacto fiscal de su actividad productiva y los beneficios macroeconómicos. Los riesgos de seguridad cuentan con mecanismos eficaces de mitigación para abordar los temores que una iniciativa así genera.

Gobernar exige pragmatismo, pero sobre todo sinceridad entre lo prometido y lo posible. Creer que se puede liderar solo un país deseado y no el real, con sus contingencias, además de demagógico, es una manera anticipada de garantizar el fracaso.