“No resulta efectivo sostener que no generaron actuaciones investigativa”: Fiscalía Nacional niega haber ignorado alertas de bancos sobre el Tren de Aragua

Ayer CIPER reveló que entre 2024 y 2026 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) remitió al menos cuatro informes al fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtiendo de operaciones financieras sospechosas y vinculados a lavado de dinero por parte del Tren de Aragua.

Eran reportes de operaciones sospechosas emitidos por bancos que alertaban sobre movimientos de dinero del Tren de Aragua, donde se reportan operaciones de sociedades y personas que participaban en esta estructura, incluido el ejecutivo (ahora detenido) del Banco Santander, José Pérez Ascencio.

Al respecto, la Fiscalía Nacional emitió una declaración pública, con el objetivo de “evitar interpretaciones erróneas sobre el funcionamiento del Ministerio Público”.

“Los informes remitidos por la UAF fueron efectivamente recibidos por esta institución y, conforme al procedimiento vigente, analizados por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales que investigaban los hechos o las personas mencionadas en dichos reportes, para su incorporación a investigaciones en curso o el desarrollo de nuevas diligencias cuando correspondiera”, plantea el ministerio público.

Así, asegura que “la información contenida en dichos informes fue efectivamente utilizada en investigaciones relacionadas con el financiamiento y las estructuras patrimoniales de organizaciones criminales, incluyendo causas vinculadas al Tren de Aragua”.

Las explicaciones de Fiscalía

La declaración emitida por Fiscalía explica que “entre los resultados derivados de ese trabajo se encuentra el operativo desarrollado durante el año 2025 por equipos investigativos de tres regiones del país, conocido públicamente como ‘Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua’, que permitió la detención de más de 50 personas, el congelamiento de más de 350 cuentas bancarias y de criptoactivos, la identificación de operaciones de lavado de activos por varios millones de dólares y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional destinados a perseguir el patrimonio de organizaciones criminales transnacionales”.

“En consecuencia, no resulta efectivo sostener que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas”, aseguró la Fiscalía.

Y agregó: “Por el contrario, dicha información ha sido incorporada y utilizada en diversas investigaciones que han derivado en formalizaciones, medidas cautelares, condenas por lavado de activos, cooperación internacional y procedimientos de persecución patrimonial tanto en Chile como en el extranjero”.

“Asimismo, es importante precisar que la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia ni en el conocimiento personal del Fiscal Nacional. Conforme al diseño institucional del Ministerio Público, estos antecedentes son procesados y distribuidos a través de las unidades especializadas competentes y posteriormente remitidos a las fiscalías
regionales encargadas de dirigir las investigaciones correspondientes”, planea el Ministerio Público.

En esa línea, dijeron que por lo mismo “la recepción de estos informes por parte de la Fiscalía Nacional constituye una etapa del sistema de gestión y distribución de información especializada, y no la radicación de una investigación en la persona del Fiscal Nacional”.

De hecho, aseguran que “durante la actual administración se fortalecieron expresamente los mecanismos de coordinación con la UAF mediante el Oficio FN N°101/2025, que reemplazó al Oficio N°77/2019 e impartió nuevos criterios de actuación para la investigación de los delitos de lavado de activos”.

“Entre otras medidas, dicho instructivo estableció como diligencia mínima de investigación financiera y patrimonial la obligación de requerir información a la UAF cuando no conste en la carpeta investigativa un informe de esa institución, debiendo el fiscal consultar la existencia de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) o Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo respecto de las personas naturales o jurídicas investigadas. Esta coordinación debe realizarse a través de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, con el objeto de evitar duplicidades investigativas, optimizar el uso de la información disponible y resguardar la unidad de acción institucional”, lee la declaración pública.

Así, concluyen que el Ministerio Público continuará trabajando con la UAF y otros organismos nacionales e internacionales para “identificar, investigar y perseguir las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones criminales, teniendo presente que muchas de las diligencias desarrolladas en este ámbito permanecen sujetas a reserva legal para resguardar el éxito de investigaciones actualmente en curso”.