Comité Técnico respalda el Censo tras denuncia de que narcotraficantes y estafadores fueron contratados: “Representan menos del 0,1% del total de trabajadores”

Luego de que la Contraloría General de la República diera a conocer observaciones relacionadas con la contratación de personas con antecedentes penales y situación migratoria irregular durante el desarrollo del Censo 2024, integrantes del Comité Técnico Asesor del censo salieron en defensa del proceso y llamaron a dimensionar el alcance real de los casos detectados.

“El censo fue un proceso exitoso”

A través de una carta enviada a El Mercurio, los miembros del comité señalaron que el censo constituye una de las operaciones estadísticas más complejas que realiza el Estado, al tener que recopilar información del total de la población y de manera presencial.

En el texto indican que: “el Censo 2024 fue un proceso exitoso, desarrollado con profesionalismo por parte de su equipo directivo y técnico, y que ha entregado información de enorme relevancia para el diseño de políticas públicas en materias como dinámica demográfica, natalidad, migración, envejecimiento y desarrollo territorial.”

También recordaron que para realizar el proceso se contrataron a cerca de 38 mil censistas en todo el país, por lo que frente a las observaciones realizadas por Contraloría, 16 casos cuestionados con antecedentes penales y 14 casos de personas con situación migratoria irregular representan menos del 0,1% del total de trabajadores contratados, argumentan.

Los expertos insistieron en que cualquier irregularidad que se confirme debe ser investigada y eventualmente sancionada, pero que estos no deberían utilizarse para desacreditar el proceso del censo en su conjunto: “El Censo 2024 fue un proceso exitoso, cuya evaluación no puede ponerse en cuestión por los antecedentes recién conocidos”, sostuvieron.

Los integrantes del comité plantearon además que la discusión abre una oportunidad para avanzar en la modernización de los procesos censales en Chile, avanzando hacia un mayor uso de tecnologías de información y registros administrativos del Estado, para reducir riesgos operativos y aumentar la eficiencia.