Gobierno evalúa usar Clave Única para restringir acceso de menores de edad a redes sociales: “Nos quedan varias conversaciones pendientes”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, dio a conocer que el Gobierno evalúa usar la Clave Única como mecanismo de verificación de edad para restringir el acceso de menores a redes sociales y plataformas digitales.

La secretaria de Estado participó este jueves en el Conversatorio “El acceso de los menores de edad a las redes sociales: ¿educar, prevenir, prohibir?”, organizado por la Universidad de Los Andes. En la instancia, adelantó el trabajo que está realizando el Ejecutivo para el proyecto de ley.

“Existe una preocupación muy transversal de lo que está ocurriendo en las plataformas de redes sociales vinculadas a jóvenes, adolescentes y niños“, manifestó la ministra. En ese sentido, recalcó que es relevante la existencia de un consenso técnico para el desarrollo de la iniciativa.

“No nos sirve de nada si diseñamos algo que esté pensado para la tecnología actual y que en un año más con los avances tecnológicos quede obsoleto”, agregó. En esa línea, la ministra comentó que entre los principios fijados por el Gobierno está avanzar hacia una “verificación de edad y no de identidad”.

El uso de la Clave Única

La titular de Desarrollo Social afirmó que “todavía nos quedan varias conversaciones pendientes, el hecho de que nosotros en Chile tengamos Clave Única desde el Estado, puede ser un mecanismo en que desde esa plataforma se le comunica a la red social o a la app store que esta persona cumple o no con el perfil adecuado para acceder a este contenido”.

Wulf también dio a conocer que la próxima semana comenzará a trabajar el grupo de la mesa técnica para la construcción del proyecto. Esto considera una coordinación interministerial, el trabajo de subtemas con especialistas y el análisis de experiencias internacionales, como las de Australia, Brasil y países de Europa.

Finalmente, la secretaria de Estado indicó que el trabajo sobre la iniciativa contempla tres ejes: diseño de estándares y mecanismos de fiscalización; persecución de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales; y acompañamiento a las familias para dar a conocer los riesgos a los que están expuestos los menores.