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Chile conoció esta semana uno de esos casos que obligan a detener la agenda pública y mirar de frente una falla grave del Estado. Un preinforme de Contraloría reveló el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar, con controles débiles, registros incompletos, domicilios sin verificación y adultos responsables que no eran familiares y cuyo vínculo con los menores aparece sin acreditación.
Además se conoció un memorándum firmado en mayo de 2024 por Luis Eduardo Thayer, director nacional del Servicio de Migraciones en ese tiempo, que estableció flexibilizar la presentación de documentos de niños haitianos.
Vuelos chárter autorizados, permisos tramitados en serie, menores trasladados en grupos, datos entregados por los propios solicitantes, domicilios declarados donde después algunos niños dejaron de aparecer. En una muestra de 366 personas que ingresaron en vuelos no regulares, 333 correspondían a niños. En el período revisado, 1.476 personas ingresaron por vuelos chárter bajo este mecanismo.
El caso abre preguntas urgentes y la respuesta hasta ahora es un abandono institucional. La Contraloría describió descoordinación entre organismos encargados del control migratorio y la protección de la infancia entre enero y abril del 2025. Todos supieron de las enormes irregularidades, pero nadie hizo más que un oficio o un memo. El Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la DGAC, el Ministerio del Interior, y la Subsecretaría de la Niñez aparecen en un cuadro donde faltaron protocolos y intercambio oportuno de información y trazabilidad posterior.
El fiscal Campos advirtió que la cifra inicial de menores bajo revisión podría crecer. Habló de 200 casos como estimación conservadora y planteó que la realidad podría duplicar ese número. Esa sola posibilidad convierte este asunto en una crisis nacional. Frente a niños cuyo paradero resulta incierto, toda jerarquía o prioridad institucional debe cambiar. Primero están ellos. Primero está saber dónde están, cómo están, con quién viven y bajo qué condiciones.
La reunificación familiar es una herramienta humanitaria. Su sentido es proteger vínculos, reparar separaciones y abrir una ruta legal para familias migrantes. Cuando ese mecanismo se ejecuta sin controles suficientes, el riesgo recae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse. En este caso, niños haitianos que llegaron a un país distinto, sin hablar el idioma, en medio de procedimientos que el propio Estado chileno autorizó.
La discusión migratoria suele quedar atrapada entre consignas. Este caso exige altura de mira, seriedad y dedicación. Aquí se trata de infancia, custodia, responsabilidad pública y dignidad humana. Ningún cálculo político puede ordenar la conversación por encima de la búsqueda de estos niños.
El Estado chileno tiene una obligación básica que es encontrarlos y perseguir responsabilidades administrativas y penales que permitieron que permitieron este nivel de negligencia y vulneración de los derechos humanos de los menores.
¿Dónde están? Esa pregunta debe estar en La Moneda, en el Congreso, en la Fiscalía, en Migraciones, en la PDI, en Cancillería y en cada servicio que tuvo alguna participación en este proceso.
Un país serio se mide también por su capacidad de reaccionar cuando sus instituciones fallan frente a los más vulnerables. En este caso, la respuesta debe ser completa, rápida y coordinada. Cada día sin claridad aumenta la gravedad moral del caso. Chile tiene que encontrarlos.
