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Gabriela Hilliger, del Servicio Jesuita a Migrantes: “El debate se debe hacer con respeto hacia la comunidad haitiana, más seriedad y menos estridencia”

Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, analiza la conmoción nacional que generó el informe de Contraloría sobre los vuelos que llegaron a Chile con menores de edad haitianos y el desconocimiento del paradero de decenas de ellos. "Mi llamado es a la responsabilidad, a que se investiguen todos los hechos que tienen que esclarecerse para ubicar a esos 64 niños. Se está hablando de conductas ilícitas terribles, por lo menos en la parte de comunicación, tanto pública, de autoridades, y de parte de los medios, sin dar indicios de que hay hechos concretos y qué plan se está realizando para esclarecer esos hechos. Me parece que es irresponsable y a veces es poco empático desde la humanidad", asegura.

Por 21 de Junio de 2026
Felipe Figueroa / The Clinic
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Esta semana, un preinforme de Contraloría removió todo el debate público en Chile. El documento informó de irregularidades en vuelos chárters que llegaban a Santiago desde Haití con menores de edad y contiene un dato que conmovió el país: se desconocía el paradero de 64 de los niños que ingresaron al país.

Con los días, algunos de los casos fueron ubicados, pero la conmoción se mantuvo: hubo críticas al gobierno de Boric, a las instituciones a cargo y el Congreso creó comisiones investigadoras que invitaron a presentar a expertos que trabajan con comunidades migrantes, en específico, con la haitiana.

Una de esas organizaciones, que ha trabajado por años con la comunidad haitiana, es el Servicio Jesuita a Migrantes, que hizo un llamado a poner paños fríos y a la responsabilidad en un asunto tan delicado. “Hago un llamado a que el debate se haga con respeto hacia la comunidad haitiana, más seriedad y menos estridencia”, dice Gabriela Hilliger, abogada y directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes.

Y agrega: “Mi llamado es a la responsabilidad, a que se investiguen todos los hechos que tienen que esclarecerse para ubicar a esos 64 niños. Lo que se echa de menos es, claro, un foco de decir qué es lo que necesita la comunidad haitiana y qué podemos nosotros hacer para mejorar esa recepción y esa gestión de esa migración. Se está hablando de conductas ilícitas terribles, por lo menos en la parte de comunicación, tanto pública, de autoridades y de parte de los medios, sin dar indicios de que hay hechos concretos y qué plan se está realizando para esclarecer esos hechos. Me parece que es irresponsable y a veces es poco empático desde la humanidad”.

—¿Cuál es la lectura que hace de todo lo que ha pasado esta semana?

—Yo creo que por lo menos nuestra preocupación más institucional es que haya un análisis serio, responsable, pero también humanitario del tema. Porque en definitiva cuando se habla de migración o refugio de personas haitianas, se está hablando de personas que han salido de su país por una crisis muy única en la región, una situación institucional absolutamente quebrada. Creo que nos hace falta entender más de las particularidades del fenómeno de la movilidad humana haitiana y también escuchar más a la comunidad haitiana, que es la que se ve afectada respecto de esto.

—¿Cómo es el fenómeno de la movilidad humana haitiana?

—Tenemos que ver que desde la historia más reciente de la migración y el refugio en Chile, para nuestro país la comunidad haitiana ha sido muy importante. En las últimas dos décadas han ido aumentando sus ingresos al país y, por lo tanto, se ha convertido en una población relevante cuando hablamos de personas extranjeras viviendo en Chile. Población que además nos ha exigido como país enfrentarnos a personas que vienen de una matriz cultural distinta a la nuestra, con un idioma distinto al nuestro. Y también nos ha exigido en el sentido de cómo el país y su institucionalidad de gestión de migración y refugio se adecuaba a las necesidades de esta población. Y ahí yo creo que hay un retraso de parte de la institucionalidad, desde que en distintas reparticiones del Estado no hay personas que hablan creole, el sistema salud también ha tenido desafíos. Entonces, es una población que viene de un país en condiciones de alta vulnerabilidad y que nos exige como Estado estar un poco a la altura de los desafíos para protegerla.

Hay una postergación en el fondo de sus necesidades concretas, claro, y una comprensión de esas necesidades. Qué es lo que ellos requieren realmente del Estado de Chile cuando llegan. Y ahí también preocupa, en el compromiso absoluto que hay con un esclarecimiento de cualquier indicio de vulneración de derechos de niñez migrante, así como de posibles delitos que podrían ocurrir.

—¿Y qué tan sorpresivo es para las personas que se manejan en temas de migración, que ven temas de estos reencuentros de familia, lo que está pasando ahora? ¿Es habitual? 

—A ver, yo creo que para las personas que trabajamos con comunidades haitianas ya se sabían las dificultades concretas que estaban teniendo en un acceso eficaz a los mecanismos de migración regular. Eso cuenta con las faltas desde su institucionalidad a brindar la documentación que ellos necesitan para pedir estas visas y ahí también no satanizar los mecanismos de flexibilización que se han adoptado cuando estos se hacen de manera responsable. Cuando tú dices yo necesito acreditar el certificado de nacimiento del niño, pero me es muy difícil obtener una postilla o legalización de parte de la institucionalidad haitiana, cómo yo complemento con otro tipo de evidencia para poder verificar que efectivamente acá hay un vínculo. Porque la reunificación familiar es un mecanismo que lo tienen todos los países. Es parte del reconocimiento de que un niño debe poder crecer junto con sus padres o adultos responsables del cuidado personal.

Y también lo que se veía en la práctica es que no habían vuelos comerciales, que cada vez las relaciones consulares eran más difíciles. Ahí uno diría para adelante, a partir de esto que se está visualizando, por qué no el Estado de Chile puede proveer los vuelos que tengan un tinte humanitario, para que ellos puedan tener control de la información, con la colaboración de la FACH o otras entidades, para así verificar condiciones de vuelo respecto de niñez migrante que cumpla con todos los estándares de seguridad. 

—Evitar los chárters, en el fondo. 

—O sea, los chárters los usan a todo nivel, pero efectivamente son un espacio semi-informal cuando tú no tienes control. Y bueno, lo que hace el preinforme también es visualizar los problemas con que el flujo de los viajes y de los ingresos de estas personas se haga por esta vía. Entonces, cuando no hay vuelos comerciales, ¿cuál sería la mejor vía para asegurar un control de estos vuelos y del ingreso de las personas desde Haití hacia nuestro país? 

—Y cuando se habla de trata o de tráfico de órganos, ¿cuáles son las consecuencias de eso?

—Yo lo que creo es que la seriedad del tema amerita el compartir una información de manera responsable. Por lo tanto, frente a esta investigación que ha hecho la Contraloría, es importante decir que la Contraloría tiene funciones distintas que las de esclarecer delitos, eso corresponde al sistema persecutorio penal. Lo que está viendo la Contraloría es ciertas irregularidades y en base a eso van a haber mecanismos de acción. 

Yo lo que diría es que el elucubrar sobre posibles delitos no cumple con estándares de responsabilidad, si lo que se quiere es permitir que el sistema persecutorio, de haber indicios de eso, pueda hacer sus propias investigaciones. Y, por otro lado, yo me pondría en los zapatos de un padre haitiano que está escuchando que los niños haitianos son sujetos a conductas tan terribles como las que se ha hablado en el debate y en los medios.

—¿Cuál debería ser el foco?

—Se supone que el foco debiera ser proteccional, que a partir de lo que está diciendo el preinforme de Contraloría y estos vacíos en ciertos procedimientos, se puedan mejorar esos procedimientos. Y con respecto a los 64 niños que no fueron ubicados en su domicilio, ver cuál va a ser el procedimiento del Estado para poder ubicarlos y asegurarse que ahí no hay vulneraciones de derechos.

—Esperar a lo que diga la investigación, entonces. 

—Mi llamado es a la responsabilidad, a que se investiguen todos los hechos que tienen que esclarecerse. A que actúe toda la institucionalidad chilena, de la cual en el contexto regional, por algo estas personas, muchas, han llegado a Chile en busca de una mejor vida para sus hijos, para poder establecerse de manera segura, porque hay una institucionalidad robusta, que esta institucionalidad funcione, que aquello que no está funcionando se mejore, pero, por sobre todo, que tampoco caigamos en cuestionar algo tan fundamental, no solo para la migración y el refugio, sino para toda la sociedad chilena, que es la protección de la unidad familiar, que es un fundamento para los flujos de movilidad humana, pero es un fundamento también para nuestra convivencia social.

—¿Que no se perjudique la reunificación familiar?

—Claro. Imagínate si la respuesta es ‘se acaba la visa de reunificación familiar’, cuando la reunificación familiar es un derecho básico, que ni en los regímenes más restrictivos en materia de migración se ha acabado un permiso de visa así, porque se entiende que es un derecho fundamental de los niños poder vivir con su padre y con su grupo familiar, así que va en su interés superior. Entonces cuando se discute esto, uno lo que escucha es que se discuten posibles medidas de eso, y al final eso también tiende a mezclar los temas; que exista la visa de reunificación familiar es algo deseable, eso no tiene que ver con obstar y perseguir de forma definida, clara y contundente el crimen organizado. La migración y el crimen organizado son fenómenos distintos, que puedan haber extranjeros en el crimen organizado, pero la migración es un fenómeno de personas que buscan ir a vivir a otro territorio. Si quieren delinquir, ellas forman parte de otros fenómenos y las medidas tienen que tener un cariz distinto. 

—¿Y qué tan habitual es que ese tipo de chárters los tome el crimen organizado? 

—El crimen organizado se va a colar donde haya debilidad institucional y, en ese sentido, que uno vea el preinforme con claridad y vea que hay una institucionalidad que está funcionando y tratando, en este caso, de ver en el número acotado de 64 niños donde ellos están, puede ser algo positivo para robustecer los mecanismos de un uso resguardado y proteger la reunificación familiar de tentaciones del crimen organizado. Hay que preocuparse de fortalecer los mecanismos que hay para que las personas migrantes que quieran acceder a la regularidad lo puedan hacer.

—¿Y por qué crees que a los chilenos les ha costado tanto integrar a la comunidad haitiana en la formalidad? 

Y, por lo tanto, también ahí uno que diría que es deseable que los vuelos, que las visas, que el Estado pueda contar con la información de quiénes van y no también fomentar espacios de informalidad. Si aquí el problema es que los vuelos chárter generan distintas barreras de acceso a la información en el Estado de Chile, pensar en cómo se puede asegurar que si una persona tiene un permiso de reunificación familiar puede ingresar de forma, por paso habilitado, de forma regular con su documentación al país. 

—La migración, y esto es como experiencia comparada, siempre cuando hay mayores diferencias, como en códigos culturales, se les hace más difícil a la sociedad receptora. Y, en ese sentido, Chile tiene una migración que viene casi toda de su propia región, que hablan el mismo idioma, que vienen como de culturas parecidas. Y el caso de Haití es el más distinto, porque tienen una barrera idiomática, por la composición como de su país, como con ciertas diferencias culturales, y eso nos ha exigido preguntarnos en el fondo cómo gestionar esta migración.

Y hay un desafío pendiente grande para la sociedad. También se ve en cómo se ha visto este tema, de integrarla, de entenderla, y también de empatizar con el fenómeno de ese país, que es un país que está en una situación crítica. 

—De allá no puede salir nada formal. 

—Esa institucionalidad está quebrada. Cualquier documento que te dé esa institucionalidad a ti como Estado te resulta complejo. Pero, ¿eso quiere decir que vas a decir que no viene ninguna persona haitiana? ¿Esa va a ser la respuesta? O lo que debiéramos hacer como Estado es pensar en reglas que nos permitan distinguir el grupo que quiere reunirse familiarmente con sus hijos, que está trabajando en el país de manera responsable y honrada, de alguien que haga uso de ese quiebre de institucionalidad para constituir una amenaza de seguridad para nosotros. Entonces, ahí es donde está, yo creo, el desafío desde la gestión de política migratoria.

—¿Qué tanto afectan los mensajes antimigración en que estas personas que migran a Chile quieran pasar por procesos formales?

—Esa es la clave. Yo creo que hoy día estamos a tiempo de que esto que se está discutiendo, y el esclarecimiento de los hechos que se han identificado por parte de la Contraloría, tomen una forma de procedimientos formales donde no se use eso para atacar a la comunidad haitiana o para expresiones antimigración en general. Porque si no, también quien se va a aprovechar es quien supuestamente nosotros queremos aislar, que son aquellos grupos que ocupan la opacidad de la frontera y que van en el fondo excluyendo estas comunidades de los espacios formales y del posible control del Estado. O sea, aquí nos estamos preguntando por unos casos respecto de niños que no tenemos información. Si no nos protegemos de que hay una confianza en la institucionalidad del Estado, y que vamos a proteger a los niños y niñas haitianas que vienen a nuestro país, podemos en el fondo fomentar que, dada la situación de ese país, sigan migrando pero bajo otros mecanismos que no controla el Estado, sino que los controlan otros.

—¿Y en general quiénes controlan esos mecanismos paralelos, alternativos? 

—Parte del desafío es identificarlos y ahí uno esperaría que el sistema persecutorio penal sea eficiente y por eso nosotros también desde nuestro trabajo y desde lo que oímos de las propias comunidades y observamos, creemos que es clave distinguir el fenómeno criminal del fenómeno migratorio, para que en el fondo los recursos más contundentes se puedan utilizar en identificar aquellos grupos que, si es que abusan de la frontera y tráfico de personas migrantes, etc., están usando la criminalidad. Entonces cuando tú quieres a lo mejor construir ciertos centros de retención, o ver si es que tipificas el delito de ingreso clandestino, ahí nuestro cuestionamiento más técnico es decir, bueno, ¿dónde queremos priorizar el uso de recursos que son limitados?

—¿Cuál es su rol como organización en ese proceso?

—Tenemos que decir en los espacios que tenemos que el fenómeno migratorio tiene carácter humanitario, que muchas de las personas con las que trabajamos, incluyendo la comunidad haitiana, son personas que han venido en busca de seguridad para ellos y futuro para sus hijos. Decir que lo que tenemos que hacer en este caso es, vocerías responsables, investigaciones que esclarezcan y que den certezas y seguridad; y un compromiso social con saber que los niños están bien, preguntando y haciendo todos los procesos responsablemente. Y, por otro lado, tratando de contribuir desde nuestra experiencia en cómo perfeccionamos los mecanismos de visas de reunificación familiar, cómo construimos desde el Estado un uso responsable de las oficinas locales de la niñez, de la institucionalidad, que permita dar seguimiento y una mejor gestión de este tipo de casos.

—¿Cuáles crees que son las grandes fallas del Estado chileno en todo esto?

—A ver, yo diría que donde se tiene que avanzar mucho es en el trabajo interinstitucional. Una cosa es la gestión que hace el Servicio Nacional de Migraciones con el analista revisando la documentación de la solicitud del adulto responsable, ver que está toda la documentación y emitir la visa. Después viene el tema de la gestión del vuelo que ahí pierde más control el Servicio Nacional de Migraciones y tienes la DGAC, el control que hace PDI e en el aeropuerto. Ahí se puede fortalecer esto, en cómo coordinar a la Subsecretaría de la Niñez con Tribunales de Familia, con el Ministerio Público, si hay sospechas de delito. Entonces, yo creo que hacia donde deberíamos avanzar s en cómo hacer un diálogo entre las distintas instituciones  para un mismo objetivo, que es proteger a los niños y niñas que migran hacia nuestro país. 

Lo otro, es que todo el Estado debe preocuparse del tono. Ahí hay que hacer un llamado a que desde el Estado, desde las autoridades, el debate público se haga con respeto hacia la comunidad haitiana, y se haga también respetando los compromisos que tenemos a nivel internacional, para darle protección a las personas que han venido a Chile buscando protección. Me parece perfecto que haya una comisión de investigación en el Parlamento, el tema es el tono en que se habla. Menos estridencia de todos lados. Por ejemplo, ¿con otras comunidades se hablaría de manera tan liviana de tráfico de órganos?

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