¿Plan B para La Moneda? Gobierno se abre a realizar reforma constitucional para evitar nuevo traspié en el TC con su agenda legislativa

Un duro golpe a una de sus propuestas insignes recibió el gobierno del Presidente José Antonio Kast esta semana, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara el martes cuatro artículos del proyecto de ley de Escuelas Protegidas como inconstitucionales.

La decisión, notificada en un comunicado de prensa por el propio tribunal, fue resentida en La Moneda, pues su agenda había avanzado sin problemas por el Congreso, pese a que en la oposición generaba una fuerte resistencia. Fue por ello que parlamentarios de izquierda recurrieron al TC, el que, tras recibir los alegatos respectivos, determinó acoger los argumentos del sector.

Sin embargo, la impugnación generó un efecto colateral en el Gobierno, pues una de las medidas que el TC declaró inconstitucional trataba sobre la restricción del acceso a la gratuidad universitaria para escolares que hubieran sido condenados en hechos que afectaran la convivencia en los colegios.

La limitación del acceso a la gratuidad es una de las “penas” que se tienen contempladas para el Registro Nacional de Vándalos, otra iniciativa clave del Ejecutivo que tiene el objetivo de penalizar los actos de vandalismo e incivilidades con la restricción al acceso de beneficios sociales, como bonos, subsidios, la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre otras medidas administrativas.

Por lo mismo, en el Gobierno ya comenzaron a evaluar planes para reponer lo objetado por el TC.

Alvarado y reponer objeciones del TC: “Habría que buscar una fórmula más de fondo”

Sobre ese nuevo escenario que apareció fue consultado anoche el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.

El militante de la UDI sostuvo una entrevista con CNN Chile, en la que abordó la posición que adoptó el TC sobre el proyecto de Escuelas Protegidas, propuesta que consideró como una “iniciativa legítima que puede conducir a lograr el objetivo que nosotros buscábamos en la ley“.

“Nosotros tenemos la convicción de que quien hace mal uso de los beneficios que le entrega el Estado de Chile, cometiendo delitos, afectando a terceros, a veces de manera grave, no merece que todo los chilenos le mantengamos esos beneficios”, apuntó el jefe del gabinete, quien sumó que como Gobierno están a la espera de la resolución del fallo completo del TC, pues lo que conocen, hasta ahora, es solo el comunicado de prensa que emitió el órgano.

En ese sentido, Alvarado se mostró esperanzado de que la objeción realizada sobre la restricción de la gratuidad sea un asunto de resolución técnica y pueda ser incluida nuevamente en el proyecto, a través de un veto sustitutivo que debería emplear el Presidente Kast sobre la propuesta.

“A lo mejor (el TC) nos puede decir que esta norma no corresponde que esté en esta ley y que esté corregida en la legislación que otorga ese beneficio de la gratuidad. Entonces tenemos que evaluarlo”, aventuró.

Sin embargo, también se puso en la posición de que el escenario fuera desfavorable y que la postura del TC fuese argumentada por el fondo y no de forma.

De ser así el caso, dijo que habría que eliminar esa sanción del Registro Nacional de Vándalos, pero que, no obstante, se abría la posibilidad de acudir a una “fórmula” que plantearon diputados UDI esta semana, tras el batacazo del TC.

Desde la bancada gremialista, su líder, la diputada Flor Weisse, junto a sus pares Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann —integrantes de la comisión de Educación— plantearon presentar una reforma constitucional, con el único fin de que se repusieran las normas que el TC declaró inconstitucionales.

Alvarado dijo que eso era “una alternativa, una fórmula… Pero es dentro de las opciones“.

En todo caso, el biministro quiso precisar algo: que su apertura no quiere “que después se interprete que yo quiero modificar la Constitución para eliminar beneficios sociales… Estoy tratando de casos específicos y determinados de los que estamos persiguiendo”.

En La Moneda ven como un escenario favorable que el asunto pueda resolverse a través del veto de Kast, y que finalmente se apliquen las modificaciones correspondientes para que la restricción a la gratuidad, entre otras normas, puedan ser reincorporadas a Escuelas Protegidas y, además, ser sumadas a otros proyectos de ley.