Columna de Carmen Soza: De la revuelta al orden y al sentido común

Si vemos en detalle las respuestas de la última encuesta CEP, y algunos de los temas que se están tomando la discusión pública y el trabajo legislativo en el Congreso, pareciera dibujarse un cambio en el ambiente y un claro retorno y respaldo a los conceptos de orden y sentido común.

Lo anterior es una buena noticia para Chile. La tendencia pareciera ahora mostrar que las deudas hay que pagarlas, que las personas deben hacerse responsables de sus actos y de que el Estado debe proteger a las víctimas y no amparar al que delinque, entre muchos otros tantos ejemplos.

En la última encuesta CEP, por ejemplo, ante la pregunta de si se justifica el no pagar el transporte público como forma de protesta, el rechazo subió de 58% a 73%. En el caso de las barricadas, en unos pocos años, pasamos de idealizarlas con el tristemente recordado “el que baila pasa” a que un 90% de los encuestados no justifiquen la participación en barricadas o destrozos como forma de protesta.

Más allá de la coyuntura —y de los ejemplos citados— la buena noticia para Chile está en la revalorización de los principios del orden, seguridad, responsabilidad y mérito, todos ellos fundamentales para asegurar una buena y sana convivencia en la vida cotidiana. En simple, pareciera ser claro nuevamente que la gente quiere vivir tranquila y segura, trabajar sin miedo y que el esfuerzo propio valga la pena. Nada más transversal que querer un barrio seguro, un colegio donde se aprenda y un país donde las cuentas cuadren. Y en esto el Estado tiene una obligación y un deber fundamental. Es, en resumen, la misma intuición que muchos despreciaron por años tildándola de simplista.

Esta tendencia está quedando plasmada, entre otros, en dos proyectos de ley muy concretos que creo vale la pena mencionar: (1) el proyecto que sanciona las incivilidades —esos actos que pueden parecer menores pero que erosionan la vida en común— más allá de la forma y que pueda ser perfeccionado en su tramitación, no es un capricho meramente punitivo: es fruto de reconocer que una sociedad que normaliza el desorden y donde no existen límites, termina castigando a los que cumplen y premiando a los mal entendidos “vivos” desincentivando toda responsabilidad personal. Cuando los actos no tienen consecuencias y dejamos que la micro no se pague, cuando hacemos vista gorda a la toma de un terreno y al destrozo del espacio público, no estamos siendo ni más libres ni más solidarios; estamos implícitamente reconociendo que no existen límites para la vida en sociedad y que las reglas son sólo para algunos. (2) Caso parecido ocurre con el proyecto de ley anti encapuchados aprobado en la Camara de Diputados esta semana. Detrás de un rostro que se cubre no hay responsabilidad personal sino sólo evasión de las consecuencias.

Hacerse cargo de los propios actos no es crueldad: es respeto. Pagar el CAE, devolver una Beca Chile, que las licencias médicas sean verídicas no son exigencias de un Estado egoísta, sino la condición básica de un sistema justo, donde los recursos de todos no financian la viveza de unos pocos. Cada peso que se pierde es un peso que no llega a quien de verdad lo necesita. Y defender eso no es ser duro ni desconsiderado; es ser serio. A muchos esta distinción los incomoda, porque durante demasiado tiempo se instaló el slogan de que exigir responsabilidad era de “derecha” o “retrógrado” y que la permisividad era sinónimo de “conquistas sociales”.

Detengámonos por un minuto finalmente en el rol del Estado. El artículo primero de la Constitución dice expresamente que el Estado está al servicio de la persona humana y esa no es una frase carente de sentido, sino una con efectos concretos y directos, un deber de acción o de abstención, donde cada poder del Estado, cada institución pública debe ponerse al servicio de las personas y siempre enfocado en el bien común. En simple, como nos recuerda el profesor don Eduardo Soto Kloss, esta servicialidad debe impregnar todo el actuar del Estado. El legislador debe respetar y promover el ejercicio de cada derecho, remover los obstáculos que impiden la participación de las personas en la vida nacional y promover su integración, no entrabar ni menos impedir la iniciativa privada, que es la esencia misma de la primacía de la persona, y eso en su plano más extenso: en la educación, la salud, lo laboral, en lo religioso, en lo económico, etc. Por su lado, el ejecutivo existe para actuar, para servir, y eso debe extenderse no solo a las instituciones como algo abstracto, sino que a cada autoridad y funcionario.

Por eso el relato que encarna hoy el gobierno no nació la semana pasada ni hace sólo 100 días. Es el diagnóstico que el actual Presidente ha venido defendido hace años, cuando no estaba de moda, y que la realidad terminó por imponer. No se trata de tener la razón: se trata de que las familias chilenas llegaron antes que la política a esta conclusión. Lo que la última CEP muestra es que ese sentido común se ha vuelto una demanda mayoritaria. El desafío ahora es no traicionarla.

Recuperar el sentido común no es un eslogan: es ordenar la casa, hacer cumplir la ley pareja para todos y devolverle al esfuerzo su valor. Es, en definitiva, volver a poner a las personas —y no a los dogmas— en el centro. Chile no pide milagros. Pide algo mucho más sencillo (y a la vez más difícil): que el orden y la responsabilidad se hagan costumbre y que el sentido común vuelva a ser el más común de los sentidos.