La nueva tormenta que asoma para La Moneda: crece temor a perder mayoría en el Senado tras avance de juicios contra senadores

En el Senado, los votos de la derecha no están asegurados en cualquier escenario. Prueba de ello fue que ayer, luego de que el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario impulsaran la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, esta se rechazó al no cuadrar a todo el oficialismo: de los 44 votos disponibles en la Sala, la iniciativa logró un máximo de 16 respaldos.

Si bien el libelo tenía particularidades, como el hecho inédito de presentarlo contra un ministro de Hacienda por las proyecciones económicas contenidas en el Informe de Finanzas Públicas o que no fuera una acción coordinada con todos los partidos de oposición, en La Moneda sí generó preocupación, pues dejó en evidencia que la derecha no actúa necesariamente como un bloque en el Parlamento.

Se trata de un antecedente relevante de cara a la tramitación de la megarreforma, que la próxima semana continuará su discusión en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. Esto, además, porque el oficialismo cuenta hasta ahora con 26 votos en el Senado, el número exacto con el que se logra una mayoría. Sin embargo, el sector enfrenta la posibilidad de perder esa ventaja si prosperan los eventuales desafueros de tres parlamentarios de derecha.

Se trata de los senadores Miguel Ángel Calisto (ex Demócratas), Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (independiente-RN).

Un horizonte que inquieta a La Moneda

La Fiscalía presentó el viernes pasado la acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto y otras siete personas por delitos reiterados de fraude al Fisco. El Ministerio Público solicita 12 años de presidio para el parlamentario por presuntamente haber defraudado al Estado entre 2018 y 2022, cuando era diputado, mediante un mecanismo a través del cual obtenía recursos públicos para asesorías parlamentarias que, según la investigación, nunca se habrían realizado.

Junto con ello, la Fiscalía solicitó su desafuero por segunda vez, ya que cuando era diputado había perdido esa prerrogativa, pero la recuperó al resultar electo senador en noviembre del año pasado. El fiscal a cargo del caso, Hernán Libedinsky, indicó: “Paralelamente a la presentación de la acusación, se ha requerido (…) la declaración de desafuero del referido senador, para que dicho tribunal resuelva que existe mérito suficiente para declarar admisibles los capítulos de la acusación”.

El lunes, la defensa de Calisto solicitó a la justicia que abriera nuevamente la investigación argumentando que no se le habían hecho llegar los nuevos antecedentes y, en ese contexto, se les impedía realizar diligencias del caso. Esto, además, cuando aún existía un plazo vigente de investigación que estaba fijado para el 9 de julio.

En ese contexto, el desafuero en caso de que la justicia hubiese acogido dicha solicitud, no podría haber seguido adelante. Sin embargo, el tribunal desestimó dicha solicitud y ahora, con la acusación ejecutada por la fiscalía, el camino para el desafuero está habilitado.

Según fuentes ligadas al caso, el desafuero podría materializarse durante agosto. Sin embargo, desde la defensa señalan que el lunes hay plazo para solicitar la reapertura de la investigación, por lo que podría cerrarle las puertas nuevamente al desafuero.

Con todo, desde el equipo del senador aseguran que es “imposible” que se declare su desafuero para el próximo mes puesto que existen recursos de amparo, requerimientos que toman tiempo en resolverse e incluso se puede recurrir al Tribunal Constitucional, trámites que toman tiempo, al menos seis mesos. Es por eso que, aseguran estas fuentes, es complejo que su eventual desafuero afecte el trámite de la megarreforma.

Asimismo, la senadora Camila Flores también enfrenta una investigación por presunto fraude al Fisco. Según los antecedentes que motivaron el allanamiento realizado por el OS9 de Carabineros en su oficina en el Congreso y en su domicilio en Viña del Mar, cuando era diputada habría solicitado, a través de una asesora, que colaboradores le entregaran en efectivo parte de los sueldos que recibían de la Cámara.

El caso ha generado preocupación tanto en Renovación Nacional como en La Moneda, debido a que los antecedentes de la investigación permanecen bajo reserva, lo que mantiene incertidumbre sobre su evolución.

Si bien se sabe que la Unidad Anticorrupción de Valparaíso está a cargo de la investigación, hasta ahora no se han hecho públicas las diligencias ni se han fijado plazos. Con todo, el caso de Flores se encuentra en una etapa procesal anterior al de Calisto.

En una fase aún más temprana está la investigación que afecta al senador por Magallanes Alejandro Kusanovic (independiente-RN), quien, al igual que Flores, fue denunciado luego de que un exfuncionario presentara en febrero una denuncia ante la Unidad de Contraloría del Senado, acusando un presunto sistema de devoluciones forzadas de parte de los sueldos de sus colaboradores.

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, confirmó que recibió “diversos antecedentes en relación a algunas conductas que se le están imputando al honorable senador Alejandro Kusanovic”. En esa línea, agregó que “se abrió una causa que se está investigando, se asignó a la fiscal jefe de Punta Arenas. La causa está vigente, con diligencias pendientes”.

Si bien estos tres casos preocupan a La Moneda, lo cierto es que, si se concreta el desafuero de Calisto, el oficialismo deberá buscar respaldos más transversales. En primer lugar, aparece el senador independiente Karim Bianchi, quien tampoco se identifica con las fuerzas progresistas. Sin embargo, fue uno de los parlamentarios que, sin haber formado parte del gobierno anterior, votó en contra de la acusación constitucional contra Nicolás Grau. Eso sí, Bianchi es parte del acuerdo administrativo entre el oficialismo y la centroizquierda para repartirse la presidencia del Senado.

Así las cosas, en el oficialismo consideran relevante ampliar la base de apoyo y no confiar exclusivamente en la mayoría con la que hoy cuentan, pues, según reconocen algunas voces del Senado, “puede ser meramente circunstancial”.