Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo: “Estos recortes que estamos viendo no pueden afectar a los más vulnerables”

Cualquiera que haga ingreso a las oficinas de la fundación TECHO-Chile puede darse cuenta casi de inmediato que las instalaciones pertenecen a una organización que hace décadas se ha dedicado a construir viviendas sociales y apoyar a campamentos.

No solo porque hay una serie de murales que reflejan precisamente el trabajo con viviendas, sino porque también se leen frases en las murallas como “Por un futuro donde nadie viva en un piso de tierra”, así como maquetas de mediaguas (tanto del modelo de construcción antiguo como el reciente) y fotografías de su trabajo en terreno.

A un costado de los murales coloridos y trofeos, se ubica la oficina del director ejecutivo, Gonzalo Rodríguez, donde apenas tiene un escritorio, una mesa y un estante que aún no llena.

Rodríguez lleva poco más de un año en el cargo, aunque el lugar no le es ajeno. El ingeniero civil industrial trabajó hace años como voluntario en Techo en distintos cargos de director, y tras un paso por Santander, decidió volver al mundo de las fundaciones.

En esta vuelta, eso sí, mira con atención la realidad de la pobreza que afecta a Chile hoy en día.

Y es que si bien asegura que no se compara con lo que era en los años 90, muestra preocupación a que la pobreza no se debate con la relevancia que tenía antes, pese a que según un informe publicado por la misma organización actualmente el 20% de los hogares presenta algún tipo de precariedad, ya sea hacinamiento, allegamiento, ausencia de servicios básicos o inseguridad.

“La pobreza dejó de ser tema. Y en un contexto donde hay menos recursos fiscales y estamos viendo recortes, tenemos que volver a poner la mirada en la pobreza. Estos recortes que hoy día estamos viendo no pueden afectar a los más vulnerables. Volvamos a poner la mirada en ellos, si tenemos menos plata como país, hagamos llegar esa plata a quienes más lo necesitan”, dice Rodríguez.

Y agrega: “Hoy día se habla de economía, que está muy bien, y de seguridad, que es una de las prioridades del país, pero también tenemos que hablar de pobreza. En eso creo que estamos al debe todos, desde las fundaciones, de levantar la voz con más fuerza, y también es una oportunidad del nuevo gobierno”.

—¿Cree que los recortes puedan afectar o influir en la pobreza de los campamentos?

—Absolutamente, lo hemos conversado también con otras fundaciones que trabajan en temáticas de pobreza, quizás no en vivienda, pero en educación, en personas mayores, que los programas sí se están viendo afectados por estos recortes. En vivienda nosotros lo hemos visto directamente. Algo que no va a pegar este año en la pobreza, pero sí a futuro, por ejemplo, es que los subsidios para los grupos más vulnerables bajaron en 20 mil para este año. Y eso pega directo al corazón de los más vulnerables, que la única forma que tienen de acceder a una vivienda en Chile es a través del subsidio del Estado. 

—Del 20% de pobreza que hay en Chile, ¿cuánto se le atribuye a las tomas? ¿Qué rol juegan?

—En los campamentos o tomas de terreno lo que ocurre es que confluyen muchos de los elementos de precariedad habitacional. Los campamentos son parte de las prioridades que tenemos que tener como país. De las familias que llegan a vivir a un campamento, cerca del 80% lo hace porque no puede pagar arriendo. Y son 120.000 hogares viviendo en campamento, una proporción importante del déficit habitacional o de las carencias habitacionales de Chile son las tomas de terreno.

Entonces, ¿cómo tenemos que abordarlo? Estando en los campamentos, más presencia del Estado, saber quiénes viven ahí. Nosotros tenemos un estudio que refleja que el 66% de las familias que viven en campamentos vive en condiciones de pobreza. Los campamentos son principalmente un síntoma de pobreza y exclusión en Chile y son casos aislados los que son de aprovechamiento o quieren vivir gratis.

—¿Pero cómo creen que se debe enfrentar este problema? Porque en el caso de San Antonio se tuvo que comprar los terrenos a los privados, por ejemplo.

—Lo que pasa es que los campamentos son muy diversos. Hoy día en los campamentos nos encontramos con familias chilenas, migrantes, la mayoría de ellos de forma regular, otros que migraron de forma irregular. Hay hogares unipersonales que hoy día no pueden acceder con facilidad a la política habitacional. Entonces tienen que ser soluciones diversas. Y ahí nosotros hemos empujado a que se siga teniendo más subsidios para los grupos vulnerables, porque ha habido poca oferta.

También se tiene que avanzar en políticas de arriendo, de erradicación. Nosotros hemos identificado 54 campamentos que están en suelo fiscal, que no están en zona de riesgo, que en un periodo de dos años, si es que está la voluntad política y técnica de hacerlo, podrían radicarse en ese lugar, y son familias que llevan mucho tiempo viviendo ahí. 

—¿Y cree que podría existir la voluntad política de que en terrenos que son fiscales se regularice la situación de esos campamentos?

—Nosotros hemos visto ciertas luces positivas en la nueva administración de querer avanzar en regularización de terrenos. Es una alternativa que a veces es más rápida y menos costosa para el Estado. También hay mucho suelo público disponible, y hoy día el problema del suelo en nuestras ciudades es importante. Nosotros necesitamos entregar más suelo para vivienda social, porque hoy día el costo es alto, los subsidios no dan, entonces nosotros creemos que es posible. Quizás no es lo políticamente hoy día más popular (…). Pero los arriendos están disparados. La tasa de desempleo está llegando al 9%. Hoy día una persona que no tiene empleo formal y quiere pagar arriendo, no puede, se le complica la fórmula.

El campamento es el síntoma de exclusión y de pobreza en la ciudad, y tenemos que tener políticos valientes que estén dispuestos a tomar decisiones para ir en ayuda de quienes están en campamento, viviendo con necesidad y no por aprovechamiento.

—Este aumento de los campamentos, ¿se podría seguir profundizando?

—La curva de crecimiento de los campamentos ha ido disminuyendo en el último tiempo (…). Creemos que va a seguir aumentando, pero en menor medida. Quizás en número no van a crecer, pero hay campamentos mucho más grandes.

Factor migrante: “El Estado debería otorgarles condiciones transitorias mínimas donde puedan estar”

—¿Qué rol juega la población migrante en los campamentos? 

—Evidentemente la migración ha influido en el aumento de los campamentos. El 39% de las familias que viven en campamentos, según nuestro catastro de Techo, son migrantes. Si uno va a la zona norte, ese porcentaje puede llegar a un 70%.

Nosotros actualmente estamos haciendo un censo. Estamos yendo hogar por hogar en los 120 campamentos donde trabajamos a lo largo de Chile para saber quiénes viven ahí, porque eso nos permite abordar de mejor manera la solución. Y ahí hacemos la invitación a que como país pensemos cómo dar soluciones reales a migrantes que están en Chile de forma regular, muchos de ellos con residencia, y que quieren seguir aportando al país.

—¿Cómo se le entrega solución a la gente de campamentos que está en condición de migrante irregular? Porque además, políticamente y para una parte de la población es poco probable que aquello sea bien visto. 

—La forma que tenemos de trabajar en campamentos es bajo la política habitacional que existe en el Estado de Chile (…). Hay una proporción menor de familias en esos campamentos que no van a poder acceder a esa solución, ya sea porque no quieren o porque están en situación irregular. Y ahí está la pregunta que tenemos que hacernos de qué hacemos con ellos.

—Pero ¿se le tiene que entregar una alternativa aparte? ¿Regularizar sus papeles para que accedan a una vivienda?

—Más allá de entrar en la discusión de si vale la pena regularizar o no, creemos que esas personas merecen vivir en algún lugar con ciertas condiciones mínimas que podamos asegurarle como país.

—Sin importar su condición migratoria, merecen condiciones dignas…

—De forma transitoria y obviamente no definitiva, pero sí, como cualquier ser humano, condiciones mínimas donde puedan estar el tiempo que estén en Chile.

—¿Y esas condiciones transitorias igual debería entregarlas el Estado?

—El Estado es quien asegura esas condiciones para cualquier ser humano y también debería asegurar ciertas condiciones mínimas para esas personas que están en Chile y también tienen que tener un lugar donde estar.

—Pero ¿no ve complejo que el Gobierno acceda a eso? Considerando lo que ha sido la política migratoria de esta administración.

—Claro, es una discusión que no tiene salida fácil. Hay distintas opiniones, pero yo creo que hay que tratar de avanzar en efectivamente enfrentar el problema de fondo.

—¿Y cuál es su opinión sobre lo que está evaluando el Gobierno ahora sobre que en servicios de salud y escuelas exista una “obligación” de transparentar los datos personales de migrantes irregulares? ¿Cree que con ello influya en las condiciones de pobreza de esta población?

—Una medida de un gobierno en particular no puede pasar por sobre ninguna ley ni por los derechos de las personas. Independiente de la situación migratoria en la que están, las personas merecen acceder a la educación, a la salud, a tener un techo digno.

Acá lo que tenemos que lograr es llegar y atender de forma integral a las familias que están en Chile. Si son migrantes irregulares, también merecen atención. Y ojalá también sepamos quienes viven. Creo que medidas que fuerzan a las personas a esconderse, a no ir a los lugares, no van en la línea que tenemos que abordar, que es que sepamos quiénes viven en Chile, y que ojalá todos los que aportan y quieren aportar puedan también tener su oportunidad acá. Acá la invitación también es a que no perdamos la empatía, ya sean migrantes o chilenos, con quienes viven en condiciones de pobreza. 

—Se ha profundizado la estigmatización a las personas que viven en condiciones de pobreza…

—Absolutamente. El 66% de las familias de campamentos están en situación de pobreza. Es un síntoma muy duro de pobreza. Es verdad que hay aprovechamiento, que hay mafias, hay arriendo de terreno donde no tiene que ocurrir, hay venta de casas cuando los terrenos no son de ellos. Todo eso se tiene que perseguir y ojalá se persiga. Pero no nos olvidemos que la gran mayoría está ahí por pobreza.

Evaluación del Ministerio de Vivienda: “Producto del caso Convenios, la gestión anterior se alejó de los campamentos”

—Ustedes trabajan bastante de la mano del Ministerio de la Vivienda. ¿Cómo ha sido esa relación y cómo perciben el cambio de mirada del gobierno anterior con el de ahora? 

—En ambos casos hemos visto disposición de trabajar con la sociedad civil para abordar las soluciones. Algo muy positivo y que es bueno rescatar, es que el plan de emergencia habitacional que se inició en el gobierno de Gabriel Boric, hoy día está continuando en el gobierno del Presidente Kast. Y eso hay que celebrarlo, aunque hay que ir haciendo ajustes. Se entregaron 260 mil viviendas en los cuatro años anteriores, ahora hay una meta de 400 mil viviendas. Creemos que es positivo, en Chile faltan viviendas, pero también queremos que esas viviendas no vayan para cualquier persona, sino ojalá también con un énfasis especial en quienes más lo necesitan. Y ahí, llevan poco tiempo, pero nos gustaría saber cuál es el plan concreto de cómo se van a construir esas 400 mil viviendas.

—¿Destaca entonces la gestión de Carlos Montes? Porque Contraloría emitió un informe hace un par de meses cuestionando la implementación del plan de emergencia habitacional.

—Más allá de las investigaciones que puedan estar en curso, nosotros rescatamos algunos aspectos de la gestión del exministro de Vivienda, como el haber logrado las 260 mil viviendas, diversificar las soluciones, creo que tuvo un énfasis especial en buscar soluciones distintas para un problema que es diverso. Pero también hay otras cosas que criticamos, como por ejemplo que el avance en materia de campamentos fue muy bajo. De las soluciones que se entregaron, muy pocas fueron a familias de campamentos. Y también producto del caso Convenios, la gestión del Ministerio de Vivienda se alejó de los campamentos.

—¿Dice que a raíz del caso Convenios se abandonó el trabajo del Minvu con fundaciones para dar soluciones a campamentos?

—Yo creo que fue un hecho de la causa, que posterior a que estalló este caso, al Estado le costó mucho más trabajar con fundaciones, y eso fue lamentable. Hay muchas fundaciones que trabajan mucho con el Estado y son el brazo que opera muchos programas. Y ese fue un sector que se vio muy afectado. En nuestro caso, desde Techo, afortunadamente si bien nos afectó, fue en menor medida. 

Nos afectó en el sentido de que cuando uno iba a buscar donantes, te hacían muchas más preguntas, había desconfianza, antes había mucha confianza en el sector fundaciones, y hoy día eso no existe. Creo que también fue una invitación a robustecer ciertos procesos, a mejorar los gobiernos corporativos de las fundaciones, a avanzar en estándares de transparencia.

—¿Y ustedes sienten que la gestión anterior, por esta precaución al momento de trabajar con fundaciones a raíz de esta crisis, dejó de lado los campamentos?

—Sí, yo creo que el trabajo que hacía el Ministerio de Vivienda en ciertos campamentos, apoyándose en fundaciones o directamente ellos, se vio frenado absolutamente, se fue prácticamente a cero cuando estalló este caso. Y eso fue bien dramático porque había una meta de 40 mil soluciones para familias de campamento y se llegó a poco más de 10 mil en cuatro años.

Al final el querer hacer las cosas mal de unos pocos afectó a las familias más vulnerables del país y a muchas fundaciones que hacíamos bien la pega.

—¿Y eso se sigue viendo?

—Cada vez menos. Yo creo que eso se ha ido dando vuelta, ha pasado tiempo, muchas fundaciones hemos tenido aprendizaje, hemos robustecido procesos, pero también ahora las fundaciones pensamos dos veces cuando está la oportunidad de trabajar con recursos del Estado, porque no queremos vernos envueltos en problemas muchas veces engorrosos, de rendiciones complicadas, y hoy día al menos Techo trabaja prácticamente con puros recursos privados.

—¿Que el ministerio haya dejado de trabajar con fundaciones en ese sentido profundizó la pobreza de esos campamentos?

—Así es, pero hoy día la pobreza también ha cambiado (…). Es una pobreza que cambió de mirada, pero sigue siendo muy presente. Hay un síntoma muy duro de pobreza. Y por eso también acá la invitación es a que no solo sea un trabajo del Ministerio de la Vivienda, sino que también de Desarrollo Social. Acá tiene que haber una mirada intersectorial de cómo resolver los problemas de las familias que viven en campamentos.

—¿Y ve que el Gobierno esté ‘camiseteado’ con combatir la pobreza? ¿Cómo lo ha visto en este par de meses?

—Es un gobierno que lleva poco tiempo, no me atrevería a decir si están camiseteados con la pobreza, pero yo creo que sí los veo en esa cancha. Que cuando logren los recortes que quieren hacer, que está bien, que no se caractericen solo por manejar bien las finanzas públicas, sino que también por un gobierno que supo poner en primer lugar a quienes más lo necesitan en Chile.

—¿Y cómo ha visto la labor de Iván Poduje en el tema de la erradicación de campamentos y de entrega de viviendas sociales?

—En este poco tiempo hemos tenido reuniones con él y su equipo, y ha habido una muy buena coordinación, sobre todo poniendo foco en las soluciones, creemos que ahí estamos en la misma sintonía. No lo hemos visto hablar específicamente de campamentos. Sí con la ministra de Bienes Nacionales (Catalina Parot) tuvimos una muy buena reunión, y ella está disponible para encontrar soluciones y disponibilizar suelo fiscal para entregarlo a familias que requieran una vivienda.