Las razones de la oposición para retirarse de la comisión de Medio Ambiente y llevar a la máxima tensión la tramitación de la megarreforma

Los senadores Ricardo Celis (PPD), Alfonso De Urresti (PS) y Diego Ibáñez (FA) abandonaron este martes la comisión que discute la denominada megarreforma de permisos, acusando al Gobierno de actuar con “improvisación” durante la tramitación del proyecto. Junto con retirarse de la instancia, anunciaron que presentarán una reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 de la iniciativa.

La decisión se produjo luego de que, según los parlamentarios, el Ejecutivo presentara cinco versiones distintas de las normas que regulan la restitución de gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada por la justicia, situación que calificaron como una muestra de improvisación.

El senador Ricardo Celis cuestionó el desarrollo de la discusión y afirmó que “cuando ha llegado la hora de finalmente conversar sobre la indemnización por resoluciones de calificación ambiental recalificadas negativamente, incluso por los tribunales ambientales, el Gobierno y el oficialismo han hecho una serie de indicaciones, reposiciones y modificaciones, mostrando cierta improvisación”.

El parlamentario agregó que “no estamos dispuestos a un juego supuestamente democrático. Nos hemos retirado porque no tenemos la disposición para participar en un ejercicio de esa naturaleza, antidemocrático, poco transparente y poco claro. Además, hicimos reserva de constitucionalidad”.

Acusan improvisación

La reserva anunciada por los legisladores apunta contra los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del proyecto, que regulan la restitución de gastos asociados a proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental sea posteriormente invalidada por los tribunales.

A juicio de los senadores, estas disposiciones vulneran principios y garantías esenciales consagradas en la Constitución, al comprometer el equilibrio entre el desarrollo de proyectos, la protección del interés público y las atribuciones de los tribunales y otros órganos del Estado.

En ese sentido, recalcaron que la modernización del sistema ambiental debe avanzar con mayor certeza jurídica, pero sin debilitar las garantías constitucionales ni alterar los equilibrios que resguardan el Estado de Derecho.

Por su parte, el senador Alfonso De Urresti lamentó que “una discusión extensa termine con una improvisación más del ministro de Hacienda, cambiando por quinta vez el texto de la norma relativa a la devolución de gastos en caso de revocación de una Resolución de Calificación Ambiental, en una situación absolutamente reñida con el reglamento de esta corporación”.

Asimismo, sostuvo que la modificación responde a “la incapacidad de lograr acuerdos y convencer” y advirtió que “todos los especialistas que han concurrido a la comisión han señalado que esta norma es contraproducente. Incluso los propios gremios empresariales han dicho que generará más burocracia. Es un muy mal momento y el ministro tendrá que responder por esta impericia para sacar adelante una norma de esta naturaleza”.

En tanto, el senador Diego Ibáñez acusó que “el ministro Quiroz ha hecho una serie de triquiñuelas”. Según señaló, “nos hemos retirado de la comisión porque esta norma es abiertamente inconstitucional. Pretende construir un seguro privado torciendo el derecho público para beneficiar a inversionistas cuando se anula una Resolución de Calificación Ambiental. Se trata de un seguro privado con fondos públicos, lo que constituye una falta grave a la Constitución”.

La reserva de constitucionalidad se fundamenta, según los legisladores, en una eventual infracción a los artículos 19 N° 3, 19 N° 20, 38, 76 y 77 de la Constitución, relativos al debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas, la responsabilidad del Estado y la independencia y atribuciones de los tribunales de justicia.